"Caso Miguel Ángel Blanco": Interior pregunta al juez si "Kantauri", que cumplirá las 3/4 partes de su condena, está procesado

La Audiencia Nacional ha informado al centro penitenciario de Pamplona, adscrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, que José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", está procesado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco desde abril del pasado año, cuando acordó la medida el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. La respuesta del tribunal se produce después de que el pasado miércoles la subdirectora de Régimen y Seguridad del centro penitenciario se solicitase información sobre "cómo se encuentra el procedimiento" respecto a "Kantauri", especialmente en relación a si había acordado el procesamiento contra él, "ya que dicha información es relevante para valorar determinadas actividades tratamentales con dicho interno".

"Kantauri" es el único exjefe de ETA procesado por el asesinato del concejal de Ermua en 1997 respecto al cual la Audiencia Nacional no ha archivado la investigación. Algo que sí el pasado octubre hizo en relación a los otros tres procesados: los también exdirigentes de la banda terrorista Mikel Albisu, "Mikel Antza", Ignacio Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto", al considerar que su supuesta responsabilidad en los hechos ha prescrito.

Ese carpetazo está, no obstante, en manos del Tribunal Supremo (TS) tras los recursos planteados contra esa decisión por las acusaciones que ejercen en la causa Dignidad y Justicia (DyJ), el PP y la Fundación Villacisneros, que han pedido al alto tribunal que anule el archivo. De momento, la Junta de Fiscales de Sala de lo Penal se ha pronunciado mayoritariamente en contra del archivo acordado por la Audiencia Nacional, aunque la última palabra la tendrá la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que previsiblemente se alineará con la posición del fiscal general y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a favor de la prescripción de los hechos investigados respecto a estos tres exdirigentes de ETA.

La petición de información de Interior llega cuando apenas quedan seis meses para que "Kantauri" cumpla en junio las 3/4 partes de su condena (que no extinguirá completamente hasta noviembre de 2031), lo que abre la puerta a la posible concesión del tercer grado (y, después, a la libertad condicional) cuyos beneficios penitenciarios, en su caso, estarían no obstante condicionados por el hecho de que actualmente se encuentra también en prisión provisional por esta causa.

El paraguas de la prescripción no ampara, en cualquier caso, a "Kantauri", que ya había sido procesado por estos hechos en 2016 por el juez Eloy Velasco, lo que interrumpió el plazo de veinte años tras el cual no se puede activar la persecución penal.

En noviembre de 2020, Interior acordó el traslado del exjefe de ETA desde la prisión de Murcia a la de Logroño, y su progresión a segundo grado (régimen ordinario de cumplimiento); sin embargo, "Kantauri" fue finalmente adscrito a la prisión de Pamplona. Instituciones Penitenciarias destacó entonces que el exjefe de ETA había aceptado la legalidad penitenciaria y renunciado a la violencia, lamentando el dolor causado a las víctimas y admitiendo su responsabilidad (pese a que, como suele ser habitual en estos casos, no ha colaborado en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA todavía sin resolver).

Condenado a más de 600 años de prisión por ordenar, entre otros, el asesinato del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, y el secuestro de Ortega Lara, al etarra también se le atribuye el intento de asesinato del rey Juan Carlos en Mallorca en 1995. Ingresó en prisión en diciembre de 2001 y cumple una condena máxima de 30 años de prisión.

García Castellón defendió en su auto de procesamiento -por delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía- la responsabilidad de los cuatro exjefes de ETA por autoría mediata dada la posición de dominio que ostentaban en la organización criminal, que les habría permitido impedir el asesinato, por cuya autoría ya fueron condenados Javier García Gaztelu, "Txapote", e Irantzu Gallastegui, "Amaia".

Según el relato de hechos del magistrado, en 1997 la dirección de ETA, en el marco de su "estrategia de desestabilización", decidió la comisión de acciones terroristas contra miembros del PP, entonces en el Gobierno, "utilizando un nuevo procedimiento: el secuestro de un militante del citado partido político bajo la amenaza del asesinato del mismo si el Gobierno no accedía a las exigencias que le eran planteadas por la organización terrorista".

En este contexto, argumentaba, era improbable que los miembros del Comité Ejecutivo no hubieran ordenado el secuestro, "teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA", en el que su cúpula "era el órgano donde se decidían, planificaban, dirigían y autorizaban las acciones terroristas que cometían los comandos de acción de ETA".

El entonces juez de la Audiencia Nacional les impuso una fianza solidaria de dos millones de euros para que hacer frente a las posibles responsabilidades civiles a las que pudieran ser condenados. Pero "Kantauri" se declaró insolvente.