¿Un pacto de Estado por la vivienda?

El problema de la vivienda es una cuestión que afecta de forma transversal a la sociedad española, pero de forma particular a las generaciones emergentes. Hace falta abordar (ya) esta cuestión para generar un marco regulatorio efectivo y que promueva una solución consensuada y duradera en el tiempo.

El pasado 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José, celebramos en el Ateneo de Madrid una Tribuna de jóvenes organizada por la Fundación Independiente para reflexionar desde la sociedad civil el reto que tenemos para mejorar las políticas públicas de vivienda. En el encuentro participaron, entre otras personas, Baldomero Falcones (exconsejero delegado de FCC y actual presidente de la Fundación Independiente), Elsa Arnaiz (presidenta de Talento para el Futuro), Antonio Magraner (secretario general de CEAJE), Ramón Mateo (socio y director de Análisis e Impacto regulatorio de beBartlet), Sofía Iturbe (CEO y cofundadora de Libeen Smart Housing) y un servidor, además de estar presentes representantes institucionales de diferente índole.

Muchos jóvenes nos planteamos ser padres, pero para ello, ¿cómo podemos hacerlo teniendo grandes dificultades para tener un techo propio desde el cuál ofrecer oportunidades a nuestra nueva familia?

Aldo Olcese solía decir que creía en la suma positiva como antídoto a los problemas. Siempre creyó en el entendimiento entre los diferentes, especialmente para abordar retos compartidos. Por eso siempre se entendió con todos. Y por eso todos contaron con él. Pocas personas han podido presumir de asesorar a gobiernos del Partido Popular y del PSOE. Y hacerlo desde la empatía y el trato humano. Por eso era un humanista. Y esa sería su receta para buscar una solución al reto de la vivienda: promover una solución desde el consenso y con una mirada puesta en las generaciones emergentes.

España liderará la subida del precio de la vivienda. De fondo, múltiples factores como la migración, las zonas tensionadas por el turismo o la hiperregulación.

Cuando hablamos de vivienda en realidad estamos hablando de una cuestión que afecta a escala global, no es un problema exclusivo de España. Pero en nuestro país, hay muchos factores de fondo que están generando un escenario complejo; la demanda habitacional, condicionada por los movimientos turísticos que demandan alquileres temporales o los movimiento migratorios, sumado a los costes de construcción encarecidos por la inflación o la regulación financiera que se produjo después de la crisis financiera hacen que según los últimos informes de la agencia de rating Fitch, España esté liderando el encarecimiento del precio de la vivienda. Si ya en 2024 se produjo un incremento de alrededor del 8% (según cálculos de Bankinter), este año las subidas de precio se situarán entre el 5 y el 7%, según la mayoría de las estimaciones.

Un (gran) desajuste entre la demanda y la oferta de vivienda

El actual mercado inmobiliario español presenta un desajuste entre la demanda y la oferta de vivienda histórica. La oferta de viviendas en venta se ha reducido un 15% durante el último trimestre de 2024. Este año, según datos del Banco de España, se necesitan más de 600.000 viviendas. Sólo en la Comunidad de Madrid se necesitan más de 40.000 viviendas al año para poder satisfacer la demanda de pisos, y que se sitúa lejos de las 17.000 casas construidas anualmente. Esto se produce, entre otras cuestiones, por el déficit de trabajadores en el sector y por la falta de disponibilidad de suelo para construir vivienda, además de las causas de fondo mencionadas que arrastra nuestra economía.

Construir más viviendas, liberalizar suelo, tener mayor flexibilidad en la regulación o una reducción en la carga fiscal aliviaría la crisis habitacional.

Hay múltiples soluciones para poder atajar la crisis habitacional. Además de construir más viviendas, promover más vivienda protegida, es necesario liberalizar el suelo. Actualmente en el Congreso de los Diputados se está tramitando el Proyecto de Ley del Suelo, que entre otras cuestiones, permitiría reducir burocracia (o al menos armonizarla), subsanar errores para evitar la anulación de planes urbanísticos por defectos formales o de procedimiento y permitiría adaptarlos a la realidad del 2025. Según expertos y empresarios, esta norma podría ayudar a encauzar el problema de oferta inmobiliaria. Para ello, la colaboración público privada es imprescindible, porque ninguna transformación se logra unilateralmente.

También es necesaria una reducción fiscal, como una bajada o supresión del ITP, una exención del IRPF o en caso de que la operación esté sujeta al IVA, una reducción al menos del 4% para los menores de 35 años. Se tiene que generar seguridad jurídica y defender al propietario de las viviendas promoviendo una ley contra la ocupación ilegal.

Para ello es necesario aflorar consensos para asentar las bases de un (gran) Pacto de Estado por la vivienda, para diseñar unas políticas públicas eficaces y que sirvan para mejorar la calidad de vida de generaciones emergentes que por primera vez después de muchos años, nos encontramos ante la cruda realidad de que podemos vivir un futuro peor que el de nuestros padres. Y para eso es necesario alejarse del ruido y generar grandes consensos que transformen la economía de nuestro país, para tener un impacto positivo en el conjunto de la ciudadanía y que entre todos, aspiremos a tener una vida en mejores condiciones económicas que la de nuestros padres.