Regulación

Airbnb carga contra el registro de alquiler de temporada del Gobierno y asegura que perjudicará a la industria turística

La plataforma de arrendamientos turísticos pide que "se ajuste al propósito establecido por la UE" con medidas "proporcionadas y justas"

Economía.- Santa Cruz de La Palma, Logroño y Cheste son tendencias a nivel mundial en Airbnb para invierno
Logotipo de AirbnbEuropa Press

La plataforma de alquiler turístico Airbnb ha cargado contra el registro que plantea el Gobierno para regular los alquileres de corta duración al entender que no cumple con el propósito que plantea la regulación europea y agrega de los efectos que puede tener implementar "normativas desproporcionadas" en la industria turística.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana asegura que aprobará en diciembre la normativa para regular el alquiler de temporada para que esté en vigor en 2025. Mediante el Real Decreto, que está en fase de consulta pública, se crea la Ventanilla Única Digital, que "implica que cualquiera que quiera alquilar su vivienda por corta duración deberá estar registrado y obtener un número de identificación sin el cual no va a ser posible publicitar esa vivienda". Con esta información se verificará que este existe una causa que justifica la celebración de este contrato.

El procedimiento de registro obligatorio de viviendas de alquiler de temporada, turístico o de habitaciones empezará a funcionar en periodo de pruebas y de forma voluntaria el 2 de enero de 2025, según el calendario que maneja el Ministerio de Vivienda. De esta forma, todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores de la propiedad no van poder operar y dejarán de estar en el mercado.

"La propuesta se desvía de manera significativa del propósito original de la Unión Europea, que busca la elaboración de normas locales específicas y proporcionadas, gracias al intercambio de datos e información entre gobiernos y plataformas", ha criticado Airbnb en un comunicado. La plataforma considera que imponer restricciones generales a los alquileres de corta duración ha demostrado no abordar adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda, señalando los casos de Nueva York y Escocia, así como el de Portugal.

La plataforma de arrendamientos turístico ha subrayado que los datos públicos muestran que en España hay 10 veces más casas vacías que viviendas turísticas, lo que representa el 14% del total del parque de vivienda del país, y que en Barcelona, por ejemplo, los precios del alquiler han aumentado un 70% en 10 años pese la moratoria para la obtención de licencias de viviendas de uso turístico desde 2014.

No obstante, hay que tener en cuenta el gran repunte que han sufrido estos últimos años. Según datos trasladados por Exceltur a partir de análisis realizados por AirDNA, en el primer trimestre de 2024, las 25 principales ciudades de España alcanzaban las 287.000 plazas de alquileres turísticos, un 25% más que en 2023 y un 11% más que en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, cuando se registra el anterior máximo. El problema de estos alojamientos está en los que operan sin licencia, por lo tanto las estadísticas pueden estar quedándose cortas sobre el volumen de pisos turísticos activos en España actualmente. Además, también está el problema de los pisos turísticos o de alquiler de temporada que operan como tal para esquivar los topes al alquiler de la Ley de Vivienda. Para ello, los propietarios encadenan varios contratos de alquiler de pocos meses con el mismo inquilino, lo que evidencia que realmente se trata de un uso fraudulento.

La plataforma demanda un enfoque más integral y analítico para regular los alquileres de corta duración en España, empezando por una distinción entre el hospedaje ocasional y dedicado. Airbnb señala que con el registro que prepara el Gobierno se introducirán nuevos requisitos que generan confusión y mayor carga administrativa para aquellas personas que quieran compartir sus hogares.

Airbnb expone que en lugar de que los anfitriones soliciten el registro sólo a un nivel, el decreto implica el registro a nivel autonómico y nacional, manteniendo también la licencia municipal. Además, "el decreto obliga a los anfitriones a obtener dos números de registro nacional: uno con fines turísticos y otro con fines no turísticos, en lugar de tener un identificador único para cada unidad". Asimismo, "se establece el requisito de renovar anualmente el registro nacional, lo que también conlleva tarifas adicionales asociadas".

"A pesar de que el alojamiento típico en Airbnb recibe reservas para unos pocos días cada mes, el hospedaje representa un salvavidas económico para las familias, ayudándolas a obtener ingresos extra, mantener sus casas e incluso llegar a fin de mes", ha apuntado la plataforma, que pide una regulación equilibrada y proporcionada al respecto y reitera su compromiso de trabajar con las autoridades españolas en "la rápida adopción de las normas europeas del alquiler de corta duración en España".