Un exdirectivo del Barça intenta liquidar el "caso Negreira" al considerar la última prórroga fuera de plazo

El exdirectivo del FC Barcelona Albert Soler quiere neutralizar la investigación del "caso Negreira", en el que se investigan los pagos de más de siete millones de euros por parte del club blaugrana entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente de los árbitros. Su defensa ha recurrido en apelación la decisión de la juez Alejandra Gil de prorrogar seis meses más la instrucción para tomar declaración a los investigados -entre ellos el propio Soler y los expresidentes azulgranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell- al considerar que esa ampliación se llevó a cabo fuera de plazo, lo que acarrearía la nulidad de esa resolución y el archivo del procedimiento.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el que fuera presidente del Consejo Superior de Deportes -a quien la magistrada ha citado a declarar el próximo 30 de junio- argumenta que pese a que el auto de prórroga de la instrucción lleva fecha de 26 de febrero, no se firmó telemáticamente y no se notificó hasta el pasado 13 de marzo, "habiendo precluido la anterior prórroga el 1 de marzo".

El abogado de Soler "no entiende" por qué motivo el 11 de marzo se notificó a las partes una diligencia del 7 de marzo cuando el auto que prorrogaba la investigación seguía sin ponerse en conocimiento de las partes. "A día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Juzgado", se queja. De ahí que reclame a la instructora que revoque su resolución y la deje sin efecto. "con las consecuencias legales inherentes a tal resolución".

Se trata de la tercera prórroga de la instrucción iniciada en marzo de 2023 después de las acordadas el 1 de marzo de 2024 y el 26 de agosto de 2024.

No ve motivos para la prórroga

El exdirectivo culé también señala que la instructora no ha justificado debidamente la necesidad de prorrogar la investigación porque en su resolución "omite por completo el motivo por el cual no se ha podido finalizar la instrucción en el plazo que vencía el 1 de marzo".

Soler recuerda que el 26 de agosto del pasado año, al ampliar seis meses más la instrucción, lo justificó en que la Guardia Civil no había finalizado aún "la investigación encomendada", por lo que hasta que no presentase su informe no se podía tomar declaración a los imputados.

El informe, subraya, "se presentó el 27 de noviembre" y desde entonces "no se ha acordado ninguna diligencia" y "no se ha dado explicación alguna" sobre por qué razón no se ha practicado.

Citado a declarar en junio

"El no haber señalado fecha de declaración para los investigados antes del 26 de febrero -se queja- es vaciar de contenido" el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la ampliación de los plazos de instrucción. "El hecho de dictar una resolución acordando sine die la declaración de unos investigados" -argumenta- "no puede quedar englobada en las diligencias rezagadas" amparadas por la normativa procesal, "puesto que, de otra forma, bastaría con que el juez de instrucción acuerde diligencias en los plazos legales, aunque luego las practique años más tarde, convirtiendo los nuevos plazos de instrucción en plazos ficticios e irreales".

Gil ha citado a declarar en junio a los expresidentes del FC Barcelona Bartomeu y Sandro Rosell, a Javier Enríquez, hijo de Negreira, y a otros tres investigados, entre ellos Albert Soler.

La magistrada aseguró que el procedimiento "podría dilatarse" si no tomaba declaración a los investigados (solo Enríquez Negreira ha comparecido en los juzgados hasta ahora). Asimismo, expuso que a raíz de esos interrogatorios es posible acordar nuevas líneas de investigación "como rastreo del dinero" o la citación de más testigos.

La Guardia Civil alertó de que los pagos del club azulgrana a Negreira y su entorno presentan "una opacidad económica significativa" que implica una "dificultad para rastrear el flujo real de los fondos". No en balde, no se ha podido determinar "el motivo real por el que se efectuaron los pagos" y todavía desconoce dónde han ido a parar al menos 3,2 millones de euros.