Aragón rechaza el Plan de Salud Mental por falta de consenso y financiación

El Gobierno de Aragón ha manifestado su oposición al Plan de Acción de Salud Mental (2025-2027) impulsado por el Ministerio de Sanidad, mientras que ha respaldado el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-2027), aunque ha solicitado una mayor dotación económica para su desarrollo. La decisión de votar en contra del primer documento se fundamenta en la falta de acuerdo con las entidades profesionales, la insuficiencia de recursos financieros y la reducción de plazas de formación para futuros especialistas en salud mental.

Desde Aragón se ha insistido en que el plan de salud mental debe garantizar la dotación de personal suficiente para atender la creciente demanda en este ámbito. En este sentido, la comunidad autónoma había solicitado la aprobación de todas las plazas de formación propuestas para residentes en Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería especializada en Salud Mental. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad estableció inicialmente un límite del 80% de las plazas solicitadas por las comunidades autónomas, lo que generó un fuerte rechazo. Posteriormente, se comprometió a aprobar el 90%, pero este ajuste sigue siendo insuficiente para Aragón.

El director general de Salud Mental del Gobierno autonómico, Manuel Corbera, lamentó que no se hayan aprobado la totalidad de las plazas solicitadas, señalando la urgencia de contar con más profesionales en un momento en el que la demanda de atención psiquiátrica y psicológica se encuentra en aumento. "No podemos permitirnos perder ni un solo psiquiatra, psicólogo clínico o enfermero especializado en salud mental", afirmó Corbera.

La polémica sobre la desprescripción de fármacos

Otro punto de desacuerdo con el plan ministerial ha sido la forma en que se aborda la administración de fármacos en pacientes con trastornos mentales. Mientras que el Ministerio de Sanidad ha incluido en su propuesta la idea de la “desprescripción de fármacos”,en Aragón se defiende un enfoque basado en el uso racional de los tratamientos farmacológicos. Desde el Departamento de Salud Mental del Gobierno aragonés se advierte que esta medida podría interpretarse como una reducción indiscriminada del uso de medicamentos, lo cual podría comprometer la eficacia de los tratamientos en pacientes con trastornos graves.

Para los profesionales sanitarios de la comunidad, la medicación es un elemento clave en el tratamiento de muchas patologías psiquiátricas y, si bien se debe hacer un uso responsable, no se puede banalizar su importancia. Por ello, han instado a modificar la redacción del documento para reflejar un enfoque más equilibrado, basado en la evidencia científica y en la necesidad de adaptar el tratamiento a las condiciones particulares de cada paciente.

Fondos insuficientes para afrontar los retos de la salud mental

La financiación es otro de los aspectos que ha generado controversia. El Ministerio ha optado por no incluir detalles sobre la asignación de recursos en el documento original, dejando esta cuestión para un Consejo Interterritorial posterior. Finalmente, en la reunión del pasado viernes, se anunció que el Plan de Acción de Salud Mental contará con una financiación de 38 millones de euros, mientras que la estrategia de prevención del suicidio dispondrá de 18 millones.

Para el Gobierno de Aragón, estas cifras son insuficientes. Manuel Corbera ha señalado que si se pretende mejorar la atención a la salud mental y reducir las tasas de suicidio, es imprescindible contar con un respaldo económico sólido. En particular, ha reclamado una mayor inversión en la prevención del suicidio.

Falta de consenso con las entidades profesionales

Otro de los motivos que ha llevado a Aragón a rechazar el plan ha sido la falta de participación de entidades clave en el proceso de elaboración del documento. Corbera criticó que no se haya tenido en cuenta las aportaciones de organizaciones con gran peso en el ámbito de la salud mental, como la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) y el Consejo General de Psicólogos.

Desde Aragón se ha insistido en la necesidad de trabajar de manera conjunta con estos colectivos para garantizar que las estrategias de salud mental respondan realmente a las necesidades del sector y de los pacientes. La exclusión de estas entidades ha sido interpretada como una muestra de que el plan no ha sido elaborado con el suficiente rigor ni consenso, lo que ha llevado a la comunidad autónoma a rechazarlo.