Más dinero y menos migrantes para contentar a los socios: Andalucía se rebela contra la España asimétrica de Pedro Sánchez

La presión de los partidos independentistas catalanes y vascos al Gobierno de España enerva al resto de comunidades autónomas, aunque algunos presidentes autonómicos protesten de manera más vehemente . Las concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez van más allá del ámbito económico y están a punto de cristalizar en otro frente abierto: la cuestión migratoria.

Andalucía ha elevado el tono contra lo que entiende es una inexistente política migratoria por parte del Gobierno y que, de cristalizar las últimas peticiones de Junts para Cataluña y el PNV para el País Vasco, ahondarán aún más en las diferencias entre las comunidades autónomas.

Junts ha exigido al PSOE el traspaso integral de las competencias en materia migratoria. Al margen de su posible inconstitucionalidad, Andalucía entiende que, de culminarse, obligará al resto de regiones a asumir un mayor número de migrantes –menores o no– de los que llegan a las fronteras españolas.

Por su parte, el PNV reclama que el País Vasco sea considerado como frontera norte migratoria. El pasado mes de diciembre, antes de la Conferencia de Presidentes, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron en Vitoria para preparar una propuesta conjunta sobre la atención a estos menores en base a un reparto «equilibrado, coordinado, ordenado y justo». Además, el País Vasco entiende que debe tener un estatus especial: frontera norte, como Canarias, Ceuta y Melilla son frontera sur.

El problema es que Andalucía lleva años solicitando también que la región se considere «frontera sur» en materia migratoria. Lo hizo Susana Díaz en su época como presidenta autonómica y lo ha solicitado también el actual presidente Juanma Moreno, tanto ante el Gobierno de España como en la Unión Europea. La consideración de frontera exterior de la UE incluiría más fondos económicos para abordar la inmigración.

En los últimos años, la llegada de embarcaciones con migrantes se ha centrado en Canarias. En 2024, según datos del Ministerio del Interior, llegaron a la península de forma irregular 63.970 personas, superando las cifras totales de 2023 (52.852). Por vía marítima entraron 61.323 migrantes, en comparación con los 55.618 que lo hicieron el año pasado. El archipiélago canario recibió 46.843 migrantes, mientras que en el caso de Andalucía esta cifra descendió con respecto a 2023 a casi a la mitad, con 5.560 personas en 2024.

La cuestión es que los migrantes que llegan a Canarias son repartidos por el Gobierno de España al resto de comunidades autónomas y el temor es que la «presión» de Cataluña y el País Vasco consiga que estas regiones sean «excluidas» de próximos repartos. «Si eso es así, uno tiene que deducir claramente que los menores migrantes también son moneda de cambio» para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

El enfrentamiento de Andalucía con el Ministerio competente en materia de inmigración es total. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha aprobado un requerimiento a la Administración General del Estado para que financie los más de 16,8 millones de euros que «ha soportado» al asumir la atención integral e inmediata de las 567 personas menores migrantes trasladados a Andalucía como adultos por el Gobierno de España. Es el primer paso antes de iniciar un proceso en el contencioso-administrativo «por la desidia, el caos, el desorden, el descontrol del Gobierno de España en materia de política migratoria». Otro frente abierto para el que no hay pacto.