Cepsa congela una inversión de 3.000 millones por el «impuestazo»

Primero fue Repsol y ahora es Cepsa la que ha anunciado que trasladará sus inversiones a otros países si el Gobierno mantiene el impuesto a las energéticas. La segunda petrolera del país está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente. Si esto se materializa «provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico ‘Positive Motion’», indicaron fuente de la compañía.

El grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, radicado en Huelva y Cádiz. Está previsto que sea uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, convirtiendo así a España en un país exportador de energía sostenible.

Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Para producir este vector energético, Cepsa utilizará electricidad renovable y aguas residuales para reducir el consumo de agua dulce y promover la economía circular.

A pesar de esta decisión, las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa «es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030».

La compañía tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España por culpa del «impuestazo». La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de «manera permanente» de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.

Inicialmente aprobados para dos ejercicios –2023 y 2024– debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años por esta partida.

Cepsa ha sido uno de los grupos más damnificados por este gravamen en los dos últimos ejercicios. De hecho, en 2023 contabilizó unas pérdidas de 233 millones tras pagar más de 320 millones de euros por el impuesto.

Por su parte, el Gobierno defendió el mantenimiento de este gravamen y acusó a las petroleras de «hiperventilar y sobreactuar». La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que es un ejercicio de «justicia social» que las empresas que presentan «un mayor rendimiento en su cuenta de beneficios abonen más al erario público», con la premisa de que ese incremento de la recaudación tributaria del Estado propiciará que esos nuevos recursos «se redistribuyan en términos de mejora de los servicios públicos en la sanidad, en la educación y en la dependencia».

Montero enmarcó en «una cierta normalidad» que estas empresas, ante la continuidad de tributos que gravan sus beneficios extraordinarios, «salgan profiriendo una suerte de amenazas o trasladando presión a los grupos políticos para que no hagan permanente este impuesto».

Andalucía alza la voz: «Lo advertimos»

Hasta tres consejeros de la Junta de Andalucía lamentaron el anuncio de Cepsa, lo que implicaría la paralización de uno de los proyectos más potentes en la comunidad autónoma en cuanto a inversión privada y generación de empleo. Una de las voces más críticas fue la de la titular Economía, Carolina España, quien señaló que «lo veníamos advirtiendo y avisando de que algo así podría suceder». España afeó que el Ejecutivo central, «en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que hace es generar incertidumbre». Andalucía «no permitirá que se permita bonificar el gravamen a unas regiones sí y a otras no».