La polémica

El Gobierno no frena a Gribraltar

Andalucía señala que la responsabilidad para sancionar los rellenos en el Estrecho Oriental es del Ministerio para la Transición Ecológica y que una sentencia del TSJA así lo avala

Rellenos de terreno en Gibraltar para el proyecto Eastside
Rellenos de terreno en Gibraltar para el proyecto EastsideVerdemar

L a Junta de Andalucía traslada toda la responsabilidad de los rellenos que acomete Gibraltar para ganar terreno al Gobierno de España. La situación no es nueva, pero en las últimas semanas el colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción ha criticado duramente el «silencio» de las administraciones para defender los intereses de Andalucía, España y el Medio Ambiente de la ZEC del Estrecho Oriental ante los «rellenos que se están haciendo en Gibraltar para el proyecto de Eastside».

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que no pueden ir más allá de una denuncia pública porque las competencias en la materia son del Gobierno central. En una respuesta parlamentaria consultada por este periódico, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente señala que la tramitación e imposición de sanciones «derivadas de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) sin título, es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico» y que éste sería el caso de los rellenos ejecutados por el Gobierno de Gibraltar, «que en ningún caso han sido autorizados por la Junta de Andalucía».

El Ejecutivo autonómico insiste a preguntas de Adelante Andalucía que «la competencia en sancionarlos es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico» y argumenta que «esta cuestión de competencias ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».

En concreto, cita una sentencia de fecha 25 de marzo de 2021 en la que se señala que «no cabe confundir la competencia para otorgar la concesión en el Dominio Público Marítimo Terrestre con la competencia para sancionar las infracciones de la Ley de Costas que puedan cometerse en dicha zona, que viene atribuida a la Administración del Estado».

Insiste, además, en que «no se ha otorgado ninguna concesión ni autorización de ocupación de DPMT de obras de relleno en la ZEC de Estrecho Oriental» y que, en todo caso, «las autorizaciones administrativas y la emisión de los informes previstos en la regulación de usos y actividades de la ZEC Estrecho Oriental es competencia de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico». En cualquier caso, la Consejería de Sostenibilidad señala en su respuesta que «por parte de la Junta se ha ofrecido colaboración al Gobierno de España para solventar las posibles afecciones que se puedan estar produciendo en el ZEC Estrecho Oriental».

Más allá de las cuestiones competenciales de cada administración, la realidad es que nadie frena a Gibraltar. Según han denunciado en repetidas ocasiones desde la organización ecologista Verdemar, la Roca «está ganando terreno al mar en una zona protegida» con camiones procedentes de una cantera de Casares, en la provincia de Málaga, «que están proporcionando piedra de escollera para los nuevos rellenos que Gibraltar va a ganar al este en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental».

Estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministro de asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según manifiesta la organización ecologista, en una reunión mantenida en Madrid el pasado 10 de octubre.

Además, no se trata de un hecho puntual, sino que «en estos últimos 25 años se han rellenado en la zona de actuación más de diez hectáreas, manteniendo el Gobierno de Gibraltar allí un vertedero de residuos peligrosos que ahora pretenden utilizar en la nueva expansión hacia el Estrecho de Gibraltar, encofrándolos con hormigón o traerlos a vertederos de la zona».

Actualmente, el ministro de Asuntos Exteriores negocia con el Reino Unido un Tratado sobre la situación de Gibraltar para el que se muestra «optimista» aunque admite que no hay fecha para cerrarlo. Sobre los rellenos, su departamento apunta que ha mostrado sus protestas «por escrito» porque atentan contra el Derecho Internacional.