Recaudar bien y gastar mejor

La política fiscal es una herramienta de los gobiernos para gestionar los ingresos y gastos del Estado. Toda política fiscal debe estar subordinada al interés general y debe estar dirigida a un reparto más equitativo de la riqueza, la cual (art. 128 CE) estará subordinada al interés general. Sobre esto no hay discusión y no cabe que ideología alguna pueda hacerse dueña de estos principios. La aprobación del plan de política fiscal del Gobierno ha puesto de manifiesto el inseparable relativismo que acompaña a la configuración de los impuestos, y en algunos casos, una cuestionable solvencia técnica en su definición. La política fiscal tiene un objetivo técnico y práctico: proveer al Estado de los recursos necesarios para financiar servicios públicos, infraestructuras y programas sociales, así como para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Ahora bien, los impuestos y los gastos públicos son herramientas con un impacto directo en la redistribución de la riqueza, y por ello, se convierten en un medio para promover visiones ideológicas o valores sociales. En la práctica, es difícil separar la política fiscal de los principios ideológicos, ya que la forma en que los gobiernos deciden recaudar e invertir afecta directamente a los modelos de sociedad que desean construir.

Sin embargo, la política fiscal debe buscar un balance entre la eficiencia recaudatoria y la legitimidad y equidad diseñando un sistema fiscal que sea percibido como justo por la sociedad, basado en el principio de progresividad y equidad horizontal, pero nunca como un obstáculo para la generación de riqueza, porque no hay que olvidar que los estados no generan riqueza, la distribuyen, y sin riqueza nada queda por repartir. Un buen gobernante debe tener claro que por encima de su ideología está la responsabilidad de evitar déficits fiscales crónicos que comprometan la estabilidad económica y las generaciones futuras, y por ello el mejor gestor público no es el que más gasta, sino el que mejor gasta y esto algunos no lo perciben así. Cuando se dice que un sistema de salud pública es mejor porque es el que más presupuesto compromete se está muy lejos de la eficiencia y de la justicia social. En el ámbito europeo el debate sobre la armonización fiscal es permanente y políticas fiscales marcadas por sudokus ideológicos como el que hemos visto recientemente poco ayudan. Una política fiscal armonizada reduciría la competencia entre países para atraer empresas mediante ventajas fiscales, promoviendo una competencia más equitativa, pero para exigirla se ha de demostrar responsabilidad y compromiso con los principios que rigen la Unión Europea; impuestos específicos por país no es la línea a seguir, las empresas gozan de una gran movilidad y las admoniciones al patriotismo surten poco efecto.

San Pablo exhortaba a los cristianos en Romanos 13:6-7 diciendo «Por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados a este oficio. Pagad a todos lo que debáis: al que, impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que respeto, respeto; al que honor, honor». No estaría nada mal que el que impone el pago del impuesto también se ganara el respeto y se comportara con honor. Jesús pagaba el impuesto del templo, aunque enseñaba que como Hijo de Dios no estaba obligado a hacerlo; con ello se prescribe la perspectiva bíblica sobre la responsabilidad de cumplir con las obligaciones fiscales, pero también se aborda la justicia y la integridad en su recaudación. Nada nuevo se ha aportado a lo dicho por Adam Smith, el padre de la economía moderna, cuando en La Riqueza de las Naciones decía que «Los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno, tanto como les sea posible, en proporción a sus respectivas capacidades».