La ley de amnistía

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez forman tándem político desde hace tiempo. La dirección del PSOE estuvo muy atenta a los cálculos durante la campaña electoral para que el Partido Socialista sumase lo más posible pero, a la vez, intentando mantener el suelo de Sumar lo más alto posible.

Esa obra de ingeniería política se evidenció con absoluta claridad en el debate televisado con todos los partidos, en el que el PP rechazó la invitación. También ha sido explícita en las negociaciones para lograr la investidura, especialmente con el mundo independentista.

No es algo nuevo, Pablo Iglesias fue el responsable de dar pegamento al bloque Frankenstein de la moción de censura en un momento en que la desconfianza de ERC hacia Pedro Sánchez dificultaba la operación.

Esa es la razón de que, aunque Moncloa se haya esforzado en desvincularse de la reunión de Díaz con Puigdemont, no sea creíble que la operación no estuviese concertada entre Sánchez y su vicepresidenta.

Es preocupante para el país que un miembro destacado del gobierno mantenga un encuentro con un fugado de la justicia española, pero lo es mucho más cuando se vislumbran el objeto del encuentro.

Puigdemont no ha hecho esperar su primera reivindicación, una ley de amnistía. Felipe González, en el programa de Alsina, diseccionó inteligentemente las consecuencias que tendría una cesión como esa.

Una amnistía no es un indulto. El indultado debe mostrar su voluntad de no volver a realizar el acto delictivo que le llevó a la condena, cuestión que, por cierto, no se exigió ni se produjo a los indultados del procés.

En cambio, la amnistía es el reconocimiento tácito de que no hubo delito y, por tanto, que las condenas que se dictaron no corresponden con la actuación que deben tener las estructuras de un Estado de Derecho.

La consecuencia lógica es que, si no hubo hecho delictivo, como se podría sustraer de una ley de amnistía, las acciones para conseguir la autodeterminación de una parte del Estado podrían volver a reproducirse.

Sánchez juega a seguir siendo presidente y los independentistas a la segregación de Cataluña, pero tanto uno como los otros están erosionando el sistema político que nos dio la Constitución del 78.

Otra cosa es que la dirección del PSOE crea que hay que aniquilar España como Estado-Nación y dar paso a otra organización política diferente. Entonces, debería ser claro con la sociedad española y dejar que sea el país en su conjunto el que decida.