El incendio mortal en un edificio confinado de la ciudad china de Urumqi ha destapado un malestar social de años. Cientos de ciudadanos chinos han tomado las calles, retando a la asfixia del Politburó y reclamando libertad: una osadía inédita desde aquel épico 1989 en Tiananmen. En el imperio del control, donde el férreo dominio de Xi Jinping se esmera en purgas implacables, la revuelta del folio en blanco extiende unas protestas que despiertan admiración. La política de tolerancia cero frente a la covid, ese sinsentido único en el mundo, ha enredado a la «zona cero» de la pandemia en un absurdo de aislamientos y cierres casi perpetuos que consolidan una versión aún más claustrofóbica de su habitual falta de libertad.

Puede que aplicando esa memoria de corto plazo que caracteriza a nuestro tiempo, ya no lo recordemos bien, pero no hace mucho, las consecuencias del coronavirus se colaban por cada rendija de nuestra vida: afectaban a tantas esferas que salpicaron incluso a la relación entre los distintos poderes del Estado. El Ejecutivo esquivando el control del Legislativo, suplantando su labor de creación normativa, abusando del requisito de urgencia y obligando, a posteriori, al Judicial a entrar en cuestiones impropias de sus atribuciones para resolver vacíos. Y así fue como se escribió un capítulo más de la tensión que, en los últimos años, ha derivado en un clima irrespirable, de cohabitación imposible, de confusión de los papeles de cada uno de los actores democráticos que ahora estalla en el nombramiento de un exministro de Justicia como magistrado del Tribunal Constitucional (que, pese a no ser Poder Judicial, ejerce la función clave de intérprete máximo de la Carta Magna). Y con las pasarelas abiertas que conectan política y justicia, o justicia y política, y la cada vez más difuminada apariencia de independencia de las instituciones, la separación de poderes se aproxima, peligrosamente, a la categoría de exótica anomalía. Como la de una manifestación en China.