Movilidad

¿Querías comprar un coche eléctrico? Desde mañana no habrá ayudas

El Gobierno de Sánchez, sin apoyos en el Congreso, no sacó adelante el decreto ómnibus que, incomprensiblemente, incluía medidas dispares entre sí, entre otras, las ayudas del Plan Moves

La vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, ayer en el Congreso
La vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, ayer en el CongresoEuropa Press

Si ya de por sí la industria del automóvil en España no atraviesa un buen momento debido a las tensiones que está provocando la adaptación al vehículo cien por cien eléctrico y las obligaciones, bajo amenaza de multa, impuestas por Europa y la escasa implicación del Gobierno español con una política errática en este sentido, hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a dar otra “puntilla” más al sector de la automoción. El Ejecutivo no ha sacado adelante el decreto ómnibus (por su falta de apoyos) que, entre otras medidas de calado, incompresiblemente, incluía la prórroga a las ayudas a la compra de un coche eléctrico que, en diciembre, se habían extendido hasta verano a la espera de convalidación en el Congreso. PP, Junts y Vox votaron en contra de todo el paquete global de medidas incluidas en el decreto (medidas dispares entre sí, votadas en bloque, de forma inseparable, un batiburrillo que mezclaba medidas relacionadas con pensiones, transporte, alquiler, financiación para inversión de empresas...). Y de ahí surge toda la responsabilidad del Gobierno. Desde mañana (o cuando el diario de sesiones lo refleje) quedará sin efecto dicha extensión de las ayudas. Quienes estuvieran pensando en adquirir un vehículo eléctrico o a punto de solicitar la ayuda, hasta 7.000 euros y hasta 3.000 de deducción en el IRPF, no podrán contar con nada. Incluso, también ha decaído la subvención a los cargadores de energía eléctrica para los particulares y empresas. Con este nuevo golpe, el Gobierno consolida su desastroso planteamiento y compromiso con el vehículo eléctrico y la movilidad sostenible. Vincular las ayudas del Moves al apoyo a otras medidas no le ha salido bien. Tampoco tenía sentido. La pasada semana se publicó un nuevo Barómetro de Electromovilidad (Anfac) y España seguía a la cola en este sentido, sólo por delante de países como Grecia, que todavía tiene coches más viejos que los españoles. En cuanto a implantación de coche eléctrico y desarrollo de infraestructura, ahora, sin ayudas, el escenario que deja el Gobierno en el mercado resulta el peor de todos los posibles. Las reacciones no se han hecho esperar.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Asociación de concesionarios oficiales en España (Faconauto) han manifestado su preocupación tras no aprobarse el 'decreto ómnibus' que permitía la prórroga del Plan Moves III hasta el 30 de junio de este año y de la deducción del 15% (hasta 3.000 euros) en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico. "Es necesario y urgente, dado que los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2 que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas", reclaman Anfac y Faconauto. Ambas patronales muestran que "este es el peor escenario que se podía acontecer". Sin las ayudas a la compra, insisten en que "se paralizarán las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización" que marca la Unión Europea. Por su parte, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) ha manifestado su "profunda inquietud" ante el rechazo del Congreso a la norma ómnibus por cuanto el Plan Moves es una "herramienta fundamental" en la estrategia de descarbonización del transporte. "La no aprobación del decreto ómnibus lanza un mensaje contradictorio a la sociedad en un momento crítico para acelerar la electrificación del transporte", ha señalado el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía. "Esta situación dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y genera incertidumbre tanto para las empresas como para los ciudadanos", ha añadido.