Sol culpa a Moncloa de torpedear sus cuentas con demoras millonarias

La Comunidad de Madrid está molesta con el Gobierno central. Esta vez por las demoras millonarias en las entregas a cuenta de la financiación autonómica, lo que complica la gestión de Comunidad al verse obligada a pedir préstamos, hacer otros equilibrios de tesorería o pedir financiación alternativa que supone un coste adicional.

La preocupación ha sido plasmada en una carta de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella expresa su malestar por la falta de claridad y rigor en las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) para el año 2025. La misiva pone de manifiesto la confusión generada por las diferentes cifras comunicadas a las comunidades autónomas, lo que está afectando gravemente a la planificación presupuestaria de la región madrileña.

En su escrito, Albert detalla que las comunidades autónomas se enfrentan actualmente a tres cifras distintas en lo que respecta a las entregas a cuenta. La queja es que la Comunidad de Madrid ya percibió en enero 136,68 millones de euros menos de lo que le correspondía, y a partir de febrero recibirá 263,29 millones de euros menos de lo que se le comunicó en julio de 2024 para 2025. Esta situación es especialmente preocupante para la Comunidad ya que la Consejería elaboró y aprobó sus presupuestos basándose en las previsiones comunicadas en julio.

La consejera madrileña califica de «difícilmente comprensible» que en el Real Decreto Ley 9/2024 que lo regula no se incluyera la actualización de las entregas a cuenta para 2025, tal como se había comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio. Además, considera «más inexplicable aún» que en el Real Decreto Ley 1/2025 se haya excluido incluso el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2024, que sí figuraban en el Real Decreto Ley 9/2024. Albert señala que la única explicación que se conoce a esta decisión, que perjudica seriamente a todas las comunidades autónomas de régimen común, son las declaraciones que en su día hizo a los medios de comunicación Junts. En ellas trasladaba sus exigencias sobre las entregas a cuenta para que no supongan «la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña».

Dudas por despejar

La consejera madrileña recuerda en la carta que ya el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes avanzó que el Gobierno trabaja para aprobar «en las próximas semanas» un decreto que incluirá las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Sin embargo, aún hay dudas por despejar porque «no ha aclarado si la pretensión del Gobierno es aprobar las que se avanzaron en julio como previsión para 2025, mantener las de 2024, como establecían el RDL 9/2024 y la comunicación recibida el 17 de enero, o algún otro cálculo que pueda derivarse del resultado de las negociaciones que mantiene con el independentismo catalán».

Ante esta situación, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la ministra Montero que aclare su postura y se comprometa a elevar al Gobierno la norma que actualice las entregas a cuenta conforme a la previsión para 2025 que fue comunicada en el Consejo de Política Fiscal (CPFF) de julio.

Albert recuerda que las entregas a cuenta no son una concesión del Gobierno, sino la parte de los impuestos de los ciudadanos que corresponde a las comunidades de acuerdo al sistema de financiación. Además, subraya que su modificación debe hacerse en el CPFF, como órgano de coordinación del Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, y mediante los procedimientos establecidos en la Constitución y en la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para su reforma.

Transparencia y celeridad

Es por todo ello por lo que la Comunidad de Madrid exige «transparencia y celeridad» en la resolución de este asunto, que afecta directamente a la financiación de los servicios públicos y a la planificación económica de la región. La consejera ha dejado claro que no se puede permitir que las comunidades autónomas tengan que esperar, sin motivo ni explicación alguna, hasta pasada la primera mitad del ejercicio para percibir las cantidades a cuenta que les corresponden. La titular de Economía en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la gestión de la Comunidad no se ha parado porque «seguimos pagando a profesores, personal sanitario y trabajadores», pero, sin embargo, la situación afecta a cuestiones como el pago a los proveedores de tal manera que se retrasa el pago que prestan servicios a la Comunidad. «Es una maniobra política que perjudica a todas las autonomías, ya que limita su capacidad de gestión en favor de intereses políticos, como satisfacer las demandas del independentismo. Mientras los que quieren romper España consiguen beneficios fiscales, las comunidades que garantizan los servicios públicos se ven perjudicadas», lamenta.