La «obsesión» del Gobierno de Pedro Sánchez con Ayuso calienta el Dos de Mayo

La confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid ha alcanzado esta semana niveles máximos. En vísperas de la celebración del Dos de Mayo, la fiesta grande la región, Moncloa intensifica la tensión política al vetar hoy a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al acto de jura de bandera en Alcobendas.

La semana en la que se conoce que los divorcios en la Comunidad aumentan un 11,2 por ciento respecto al año anterior, las relaciones entre Sol y Moncloa se confirman rotas. La presidenta responsabiliza directamente a Pedro Sánchez de lo que en su partido consideran una nueva campaña de acoso a Madrid. Sugieren en la primera planta de Génova que se trata de una estrategia deliberada del Ejecutivo para socavar la figura de Ayuso, cuya gestión ha situado a Madrid a la vanguardia económica de España.

La dirigente popular abrió la semana cargando contra el «régimen del terror» de Sánchez. «Se afana en humillar y desprestigiar a sus adversarios políticos y a todo lo que no se alinea con el sanchismo», dijo, en referencia, también, a los últimos vetos y desencuentros con el inquilino de la Moncloa. Uno de los más significativos, la decisión de Gobierno de cancelar la participación de las Fuerzas Armadas en el desfile del Dos de Mayo. La parada ha contado siempre con la presencia militar, símbolo de la resistencia del pueblo madrileño durante el levantamiento de 1808, hasta este año en el que Defensa ha decidido suspenderlo en un intento, según denuncian en Sol, de minimizar la relevancia de la festividad y así debilitar la imagen institucional de Ayuso.

El incremento de la presión sobre la Comunidad se produce en un momento en el que Madrid destaca por su fortaleza económica. La Comunidad de Madrid lidera el PIB per cápita en España, superando a Cataluña y a la media nacional. Además, Madrid ha consolidado su posición como motor económico nacional, un crecimiento sostenido que, entienden en el PP madrileño, podría explicar en gran medida la creciente ofensiva del Gobierno hacia la administración madrileña.

Y es que la confrontación no se limita al ámbito institucional. Las declaraciones de ministros, delegado del Gobierno y del propio presidente del Gobierno conta la dirigente madrileña llegan en un momento en el que la región no sólo lidera en términos de PIB, sino que también muestra un crecimiento económico notable que refuerza la posición de Ayuso y la «obsesión» de Sánchez contra ella, observan en Sol. La presidenta madrileña, lejos de rendirse, ha plantado cara, una vez más, esta semana contra las decisiones de Moncloa que perjudican a Madrid. Después del veto de hoy en la jura de bandera en Alcobendas y del boicot a la fiesta del Dos de Mayo, la Comunidad ha anunciado que no invitará a miembros del Gobierno ni a su delegado en Madrid a su fiesta grande, lo que anticipa una celebración especialmente tensa.

La ausencia de representación del Gobierno en los actos oficiales y la cancelación del desfile militar escenifican la fractura entre ambas administraciones y reafirma el liderazgo de la presidenta como defensora de los intereses de los madrileños frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en «contra de Madrid». La última, el recurso del decreto del Ejecutivo que modifica la Ley de Extranjería, estableciendo un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. La Comunidad presidida por Díaz Ayuso argumenta que esta medida vulnera principios constitucionales e invade competencias autonómicas.

Madrid ha anunciado esta semana que seguirá acogiendo a menores no acompañados y que no lo hará sólo en La Cantueña, el centro de Fuenlabrada donde ya reciben atención 96 de estos menores. Una parte de las instalaciones se puede ampliar para acoger a nuevos inmigrantes, pero el Ejecutivo autonómico buscará recursos en otras ubicaciones para dar cabida a los 800 que Moncloa quiere enviar a Madrid.

El anuncio se produce tras el «boicot» que en Sol entienden que está llevando a cabo el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, que ha pedido explicaciones sobre los menores no acompañados que trasladarán a su municipio después de criticar que la acogida se pueda hacer en este centro de su municipio.

Los menores procedentes de Canarias que el Gobierno prevé asignar a la Comunidad son casi 800 frente a los menos de 30 de Cataluña.