La agónica situación de la vivienda pública en Rivas

En medio de la disputa entre Rivas-Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid por la no aplicación de la Ley de Vivienda estatal en la ciudad –situación que se ha saldado, por el momento, con una denuncia del municipio–, desde la oposición y el sector inmobiliario señalan la situación de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas como el «ejemplo de lo que no hay que hacer en la gestión pública» en general, y en el problema de la vivienda en particular.

Así, las cuentas de la empresa pública revelan, como denunciaron desde el PP, una serie de «parches» que vendrían a demostrar la «crítica situación» de liquidez por la que pasa la EMV.

Acreedores

A finales de octubre, el Ayuntamiento, liderado por IU con apoyo del PSOE, «inyectó» dos millones de euros de capital a la empresa. Entonces, el PP señaló las «deudas» de once millones que la EMV acumulaba con varios acreedores y con el propio Ayuntamiento. Y también con la propia Comunidad de Madrid. De hecho, el Consistorio ha intentado «sin éxito» el acuerdo extrajudicial del pago de la deuda que mantiene con la Agencia de la Vivienda Social.

El siguiente paso por parte del Consistorio fue aprobar una ampliación de capital de la empresa de 17,5 millones de euros. Como denunció la oposición, la «bola de nieve» financiera va creciendo.

Desde el Ayuntamiento se vendió la operación como una forma de «darle fortaleza a nuestra empresa pública para construir nuevas viviendas públicas». Sin embargo, desde el sector señalan que trabajos como la construcción de 83 nuevas viviendas públicas de alquiler, en el barrio de El Pinar, comenzada hace ahora tres años, se paralizó tras una disputa con la constructora, motivo por el que tuvieron que licitar todo de nuevo. De hecho, a finales del pasado enero, la EMV anunció que solicitaba un nuevo préstamo para financiar la construcción de estos pisos. Concretamente, 1,9 millones de euros, a pagar en 25 años, a la entidad Cajamar.

Por otro lado, desde el sector señalan que, actualmente, el periodo medio de pago a proveedores supera los 500 días, lo que supone algo desmedido. Más aún teniendo en cuenta que la EMV subcontrata todos sus servicios y no cuentan con un solo trabajador propio.

Por último, desde el PP han señalado el sueldo de casi 100.000 euros para el nuevo gerente de la EMV, Luis Enrique Espinoza. Responsable de la EMV de Toledo cuando el PSOE gobernaba la ciudad. Un «dispendio» sin sentido, más aún teniendo en cuenta la situación actual por la que atraviesa la empresa.