Juana y Juliana: «No nos vamos de la corrala»

Son las únicas vecinas de Ventorrillo 7 y el Consistorio no les ha comunicado que van a tener que dejar el inmueble. «Cuidamos nuestras casas como podemos».

«Yo no me voy de mi barrio. Mi marido nació aquí, en esta casa, y tiene 87 años». Juliana lo tiene muy claro, ella no quiere irse de la corrala en la que vive, aunque la situación del inmueble sea bastante precaria. En su casa de 50 metros cuadrados, «hace seis años nos pusieron 20 vigas horizontales y dos verticales». Con esto considera que su casa es suficientemente estable, pero no piensan lo mismo los arquitectos del Ayuntamiento de Madrid. «Han estado pasando por aquí varios arquitectos y yo siempre les insisto en que la casa no se cae», añade Juliana. Estas visitas son todo el contacto que han tenido con el equipo de Carmena, ha sido este diario el que les ha dado la noticia de la decisión por parte del Gobierno de la capital de expropiar el inmueble.

Como anunció ayer, el Ayuntamiento ya ha iniciado un proceso para reparar y expropiar el edificio de Ventorrillo, 7, ahora propiedad de una entidad bancaria, en el que, según el Consistorio «los sucesivos propietarios han incumplido las órdenes que desde 2001 exigen subsanar las deficiencias graves de este inmueble». Si finalmente expropia el inmueble, el Consistorio prevé dedicar esta finca de corrala, compuesta por 43 viviendas, dos almacenes y un local comercial, al alquiler social. «Los nuevos dueños, los del banco, pasaron a ver las casas, pero nada más», añade Juana. Y es que ella y Juliana son las únicas vecinas que quedan de esta corrala.

En un comunicado, el Gobierno de Carmena explica que ha iniciado el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar, un paso que, como prevé el artículo 46 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, «puede concluir con la expropiación del edificio».

El Consistorio madrileño inicia esta vía después de que la última inspección, efectuada el 6 de febrero, constatase que las obras de reparación ordenadas por los técnicos municipales no se han acometido e impondrá además una tercera multa coercitiva de 3.000 euros al propietario actual.

El Ejecutivo de Ahora Madrid defiende que con esta actuación se garantiza la conservación del patrimonio del inmueble, perteneciente al Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, y se adquieren viviendas para destinarlas al alquiler social en Lavapiés.

«Aquí estamos muy a gusto, la casa no está para caerse, y ya me ha dicho algún arquitecto que le gustarían reubicarnos en una casa de protección. Pero no queremos, ¿dónde vamos a un alquiler de 40 euros?», añade Juliana. Lo que sí que tiene claro es que el tejado no está bien. «Es lo único que nos da un poco de miedo. Como vivimos en el primero no nos llega nada de agua, pero está muy endeble y no sabemos qué pasará un día que caiga una buena tromba de agua», sostiene esta mujer de 79 años. De acuerdo con el Ayuntamiento, Lavapiés tiene «un mercado inmobiliario especialmente tensionado por el alza de los precios» y sufre «casos de expulsión de sus residentes».

Actualmente, este edificio construido en 1900 con una superficie de 1.977 metros cuadrados, solo cuenta con dos viviendas ocupadas –las de Juana y Juliana–, mientras que el resto de los pisos están «tabicados».

Juliana comparte sus 50 metros cuadrados con su marido y su hijo, «pero hemos llegado a vivir ocho. Antes las familias se apañaban muy bien, en alguno de los otros pisos han llegado a vivir hasta 14», recuerda. No se quiere ir de su casa por otro motivo más: «Es mi barrio, aquí todo el mundo me conoce. Mi hijo no quiere ir conmigo por la calle porque dice que me para todo el mundo», dice orgullosa. «Me podía haber comprado un buen piso en otro sitio, pero no quería irme».

A Juliana le gusta hablar de política: «No sé por qué ha decidido esto Carmena, pero a mí ella no me gusta». Reconoce que en los años cuarenta, «milité en el Partido Comunista, pero ahora me gusta más Vox, me da la sensación de que la alcaldesa solo ha hecho tonterías».

Si finalmente el Consistorio expropia la finca, sus inquilinos serán realojados en una nueva vivienda, aplicando el programa de emergencia residencial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.