UGT cambió el plan de la escuela taller para tener alicatadores para su sede

El sindicato UGT-A modificó la distribución de personal de la escuela taller «La Unión», que se encargó de rehabilitar su sede provincial de Córdoba, en función del estado del inmueble. En un primer momento, la escuela taller tenía un perfil más tecnológico, con un módulo específico de electricidad, pero el sindicato necesitaba alicatadores y reforzar los trabajos de albañilería. La organización se dirigió a la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que cambiara el plan de trabajo.

El sindicato consiguió rehabilitar su sede provincial de Córdoba con un «todo incluido», como ya avanzó este periódico. El Ayuntamiento de Córdoba cedió en 2002, con Rosa Aguilar (IU) al frente de la Alcaldía, dos pabellones del antiguo Hospital Militar de San Fernando. En uno de ellos proyectó UGT-A el mencionado edificio. En diciembre de 2007 recibió del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 774.731 euros –cofinanciados en un 80 por ciento por el Fondo Social Europeo– para poner en marcha una escuela taller dirigida a la rehabilitación del inmueble. Justo un año después, y una vez que las obras estaban ya en marcha, la Consejería de Empleo otorgó otros 1,2 millones de euros para acabar la reforma y dotarla de todo el equipamiento. Con cargo a esta subvención, UGT-A pudo afrontar el pago de mobiliario, aires acondicionados, ordenadores y hasta los 3.000 euros en los que estaban presupuestados los rótulos con el logo sindical.

El programa se iba a extender en un primer momento entre noviembre de 2007 y noviembre de 2009. Pero el sindicato reclamó cambiar la planificación temporal. El ex secretario general de UGT-A Andalucía Manuel Pastrana dirigió un escrito a la dirección provincial del SAE el 26 de diciembre de 2007 comunicando que las obras para la rehabilitación y restauración del antiguo Hospital Militar de San Fernando se prolongarían desde «el 31 de enero de 2008 al 30 de enero de 2010».

La segunda reclamación que cursó UGT al alto cargo del Servicio Andaluz de Empleo fue para modificar el plan de trabajo. En el proyecto inicial, la asignación de módulos de los 30 trabajadores era simétrica: diez para albañilería, otros diez para electricidad y diez para pintura. Sin embargo, el entonces secretario de Organización, Francisco Fernández –secretario general desde mayo de 2013 hasta que tuvo que dimitir forzado por el escándalo de las facturas irregulares el pasado noviembre–, y el secretario de Administración Federico Fresneda dirigieron otro escrito al delegado del SAE para que cambiara el perfil de los trabajadores aludiendo a la situación del inmueble. «Debido al estado en el que se encuentran las instalaciones del pabellón del Antiguo Hospital Militar de San Fernando de Córdoba, lugar donde se va a ejecutar la escuela taller 'La Unión', la especialidad de pintura y la especialidad de electricidad no se van a poder llevar a cabo hasta muy avanzado el programa, y este hecho perjudicaría a los alumnos de estas especialidades, ya que la fase teórico-práctica la van a realizar más tarde que el resto de los alumnos», recogía el escrito.

Por ello, el sindicato pidió cambiar la especialidad de pintura por la de «revestimientos» y electricidad por «solador/alicatador». En otro escrito fechado el mismo día que el anterior, el 12 de diciembre, Fernández Sevilla y Fresneda detallaban que lo que pedían eran 12 albañiles, 13 trabajadores encargados de revestimientos y otros 10 destinados al módulo solador/alicatador.

La Junta de Andalucía accedió a los cambios solicitados por UGT-A para adaptar el proyecto de la escuela taller a las necesidades de su sede sindical cordobesa. Lo prueba un documento interno fechado en junio de 2008, con el estadillo de asistencias y pagos consultado por LA RAZÓN, que forma parte del expediente de la ayuda. Efectivamente UGT-A contó con 12 albañiles, 8 alumnos de revestimiento y otros 10 alicatadores (siete hombres y tres mujeres). Una directora de una escuela taller muestra su extrañeza por estos cambios a los que accedió la Junta. Tras diez años de experiencia en el sector, asegura a este periódico que no ha visto un caso igual, en el que la distribución de los módulos de los trabajos se cambie después de la aprobación de la resolución. «Es la formación de los alumnos lo que debe primar, no las necesidades específicas del Ayuntamiento o la institución gestora del proyecto».

Otra persona que ha gestionado este tipo de ayudas sí apunta que no es extraño que se cambie alguno de los módulos de trabajo subvencionados, por lo que el caso de UGT no sería una excepción. Aunque sí apunta que lo prioritario es que esos ajustes no afecten los beneficiaros –alumnos con escasa capacitación académica– de la escuela taller.

Hay que recordar que UGT incorporó a su catálogo patrimonial, que ronda los 20 millones de euros –se multiplicó por nueve entre 1998 y 2013–, tanto la sede de la Unión Sindical remodelada con el «todo incluido» de la Junta como los edificios alzados en los otros dos pabellones cedidos por el Ayuntamiento: un centro de formación también reformado con otra subvención de 458.000 euros del programa 32L de Formación Profesional para el Empleo y el archivo central que registró en diciembre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.