El ex «número dos» del PSOE-A suma otra causa «criminal» por los cursos

Un segundo juzgado de Córdoba investiga a Velasco por las ayudas de la Junta que recibió una empresa ligada a él

El que fuera «número dos» del PSOE andaluz, Rafael Velasco, lleva años inmersos en una áspera senda judicial y la decisión de un juzgado de Córdoba no ha contribuido a despejar su horizonte. Si de un lado ha habido pasos retráctiles, de otro algo se mueve. La titular del órgano judicial de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dio carpetazo el pasado octubre al proceso que inició su antecesora en el puesto, la magistrada Mercedes Alaya, en torno a cuatro ayudas para cursos de formación otorgadas por la Junta a Aulacen Cinco SL, empresa vinculada a Velasco, y que juntas superaban los 700.000 euros. Si bien, Núñez se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba en lo concerniente a otras nueve subvenciones públicas asignadas por la Delegación Provincial de Empleo competente en aquel territorio.

El juez de Instrucción número 4 de la capital cordobesa, José Luis Rodríguez, recogió el guante y, vía auto, acordó en noviembre incoar diligencias previas para analizar lo sucedido en torno a una de aquellas nueve ayudas y libró oficio con el fin de que la Junta le remitiera una copia íntegra del expediente para estudiarlo.

Ahora es otro juzgado de la misma ciudad, el de Instrucción número 6, el que ha abierto un nuevo caso contra el ex vicesecretario general del PSOE-A por otro de los incentivos que acumuló la mencionada sociedad. Su titular, Lorena Cañete, incoa diligencias previas por unos hechos que «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», en concreto de los presuntos delitos, en conjunto o alguno de ellos por separado, de «prevaricación, malversación y fraude de subvenciones», tal y como había apuntado la propia Núñez.

En un auto, fechado el 15 de enero y al que tuvo acceso LA RAZÓN, la jueza explica que al no estar, de momento, «determinadas la naturaleza y circunstancias» de lo sucedido ni las personas implicadas y «requiriéndose de una compleja investigación que va más allá del concepto jurídico indeterminado de instrucción presumiblemente sencilla», procede armar «diligencias previas de carácter criminal» contra Velasco y acordar la práctica de una serie de actuaciones. Para arrancar, la magistrada mandata librar oficio otra vez a la Dirección Provincial de Empleo del Ejecutivo autonómico para que desde allí hagan llegar al juzgado una «copia íntegra» del expediente afectado. A ello suma que se informe al ex «número dos» de los socialistas andaluces de la «existencia» del procedimiento a través de la representación procesal de éste en la causa del juzgado sevillano y que se recaben los datos que sobre él consten en el Registro Central de Penados y Rebeldes, en el que se inscriben las resoluciones firmes por la comisión de un delito que impongan penas o medidas de seguridad dictadas por los tribunales del orden jurisdiccional penal. Y no queda ahí la siembra de cuestiones de la instructora. Ordena además librar exhorto al juzgado que capitanea Núñez Bolaños para que éste certifique la fecha «desde la que se sigue el procedimiento» contra el ex vicesecretario general en relación «a su participación en cursos de formación» en las diligencias que ha asumido o en otras previas «de las que trajera causa», esto es, el proceso matriz. A ese mismo órgano judicial sevillano, Cañete pide que expida y remita testimonio de sus autos de ciertas diligencias «en los particulares relativos a la resolución o resoluciones en las que se basaban las imputaciones y declaraciones prestadas por el investigado» tanto en sede judicial como judicial. La jueza demanda, por último, que se impriman unos tomos de la documentación que trasladó el juzgado de Núñez y aclara que «se llevaran en piezas separadas de esta causa», de acuerdo a lo anotado en su resolución, consultada por este periódico, que fue debidamente notificada a la Fiscalía y contra las que cabían recursos de reforma y apelación.

Núñez argumentó para justificar el archivo del proceso sobre las cuatro ayudas acumuladas por Aulacen Cinco que «el mero hecho de que determinadas empresas se dediquen a realizar cursos de formación, subvencionados, no induce a pensar en ilícito penal» alguno y, según la magistrada, ésta era «la única razón o indicio invocado» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a este asunto. Habrá que esperar para saber el recorrido que tienen las causas iniciadas en la provincia de Córdoba.

Un escándalo que le costó el puesto y la carrera política

Tras hacerse público que la empresa Aulacen Cinco, ligada a su mujer, había recibido múltiples ayudas formativas de la Junta, Rafael Velasco presentó su dimisión en octubre de 2010 como parlamentario andaluz y de su cargo como segundo de a bordo del entonces líder del PSOE-A, José Antonio Griñán. Adujo «motivos personales» y se revolvió aseverando que se habían traspasado con su familia ciertos códigos. Más de siete años después, la madeja no se ha desembrollado.