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Todo lo que no sabes del palacete que el Gobierno ha cedido al PNV

Este inmueble, que actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes en París, ha sido una vieja reivindicación de los jeltzales durante décadas.

Todo lo que no sabes del palacete que el Gobierno ha cedido al PNV
Todo lo que no sabes del palacete que el Gobierno ha cedido al PNVAgencia EFE

El reciente intento del Gobierno de aprobar su polémico decreto ómnibus ha generado un intenso debate en el Congreso. Aunque la propuesta fue rechazada por la cámara, una de sus disposiciones más controvertidas ya se ha hecho realidad: la cesión del palacete de la Avenida Marceau nº11 de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este inmueble, que actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa, ha sido una vieja reivindicación de los jeltzales durante décadas.

La oposición ha criticado enérgicamente la medida, considerando que el decreto ómnibus ha permitido al PNV consolidar su reclamación histórica. La disposición en cuestión se basaba en la Ley de Memoria Democrática y en la restitución de bienes incautados a partidos políticos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Desde hace casi medio siglo, el PNV ha considerado la devolución del inmueble como una "reparación histórica justa".

El PNV sostiene que el palacete fue adquirido en 1937 con fondos del partido transferidos desde México durante su exilio. No obstante, en 1940, durante la ocupación nazi de Francia, la Gestapo entregó el edificio a la embajada española en París, pasando así a manos del régimen franquista. Con la llegada de la democracia, los nacionalistas vascos iniciaron su lucha por la recuperación del inmueble, una batalla legal que ha durado décadas.

En 1998, el gobierno de José María Aznar reconoció el derecho de los partidos políticos a recuperar sus bienes incautados, incluso aquellos ubicados en el extranjero. Sin embargo, en 2001, el Consejo de Ministros rechazó la petición del PNV argumentando que la incautación no había sido realizada por las autoridades españolas. Posteriormente, en 2003, el Tribunal Supremo ratificó esta decisión.

Desde el Gobierno, la decisión ha sido defendida como un "acto de justicia y memoria histórica". No obstante, la oposición denuncia que esta cesión responde a "intereses políticos" y a la necesidad del Ejecutivo de mantener el apoyo del PNV en el Congreso.

A pesar de las críticas, el PNV planea utilizar el inmueble para fines relacionados con la promoción de la cultura vasca en el extranjero, según han adelantado sus portavoces. Por su parte, el Instituto Cervantes se verá obligado a buscar una nueva sede en París, un hecho que también ha suscitado malestar en el ámbito cultural y diplomático.