El Supremo decide sobre la continuidad de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática

Mañana será una jornada clave para la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Supremo (TS) revisa por segunda vez la política de nombramientos del Ministerio Público en relación con la ex fiscal general y exministra de Justicia Dolores Delgado. En esta ocasión, revisará los recursos a su nombramiento al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, hace menos de un año, después de que el alto tribunal anulase su ascenso a la máxima categoría de la carrera, la de fiscal de Sala, que se produjo con su nombramiento como fiscal jefe de lo Militar.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo tiene que pronunciarse sobre tres recursos y determinar si existen razones para anular ese segundo nombramiento. Si es así, Dolores Delgado perdería su condición de fiscal de Sala.

Los tres recurrentes son la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno de los candidatos a ese puesto, el fiscal antidroga Luis Ibáñez. También optaron al puesto el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, y el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana.

Tal como argumenta la Asociación de Fiscales -la mayoritaria- tras la anulación de su designación como fiscal togada, se debía anular también su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. Esto porque en aplicación de la sentencia del Supremo con carácter retroactivo, se concluye que cuando fue elegida para el cargo el 13 de junio de 2023 era en realidad fiscal de segunda categoría. Bajo este argumento, su nombramiento al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática sería nulo de pleno derecho.

Incompatibilidad

Un segundo argumento se basa en la supuesta incompatibilidad de Dolores Delgado debido a que su pareja, el abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, trabaja en una asociación vinculada a los derechos humanos, asuntos sobre los que la fiscalía deberá pronunciarse como parte de sus funciones.

Para la AF, hay otro motivo que los magistrados del Supremo deberán tener en cuenta. Y es que considera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las vocales netas del Consejo Fiscal –la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal inspectora, María Antonia Sanz–deberían haberse abstenido en el momento de pronunciarse sobre su ascenso. Esto porque la propia Delgado les nombró en puestos clave en la Fiscalía General del Estado, por lo que tienen una relación de gratitud hacia la exministra.

Por último, acusan arbitrariedad en su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. Esto porque fue la propia Delgado la que promovió la creación de esta Fiscalía cuando era ministra de Justicia, una plaza a la que optó un año después de renunciar al cargo de fiscal general en julio de 2022, aludiendo a motivos de salud.

Nombramientos cuestionados

Sin embargo, la Abogacía del Estado y la propia Delgado defienden la legalidad del nombramiento alegando que, en caso de que hubiera un conflicto de interés por el cargo que desempeña su pareja, ella se abstendría y aseguran que no está acreditada la existencia de una amistad íntima con el fiscal general del Estado y con las vocales natas del Consejo Fiscal. Sobre la falta de informe del Consejo Fiscal, la Abogacía rechaza que este dictamen sea necesario porque supondría aceptar un «derecho de veto» de los vocales.

Pero hay un antecedente de peso. Y es que el Tribunal Supremo ha puesto en entredicho la política de nombramientos de la Fiscalía General del Estado: en dos ocasiones lo hizo con motivo de los recursos a la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Menores y también en el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, una resolución en la que se pronunció en duros términos contra esta decisión, con una sentencia que atribuía "desviación de poder" a Álvaro García Ortiz.