Protestas contra la amnistía, última hora | La ley de amnistía de Sánchez borra los delitos independentistas de una década

La undécima jornada de protestas contra la amnistía y los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes en la calle Ferraz ha concluido este lunes de forma pacífica reuniendo a 1.200 personas, según datos de la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El comentarista político conservador estadounidense, Tucker Carlson, está presente hoy en la manifestación contra la amnistía y los pactos con los independentistas en la calle de Ferraz, donde se le ha podido ver junto al presidente de Vox, Santiago Abascal. De hecho, en su cuenta de Twitter ha escrito un escueto "En Madrid", junto a una foto en la que se le puede ver con Abascal.

In Madrid pic.twitter.com/UclSJdFfm8

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 13, 2023

Carlson fue clave en la estrategia mediática de Donald Trump y fue, además, una de las grandes estrellas de la cadena televisiva conservador Fox, donde trabajo hasta este año, en que tuvo que dejar su puesto tras perder una demanda millonaria por asegurar que las máquinas de voto empleadas en Estados Unidos robaban votos a Trump para dárselos a Biden. Ha sido muy polémico por sus declaraciones contra los inmigrantes, el matrimonio gay o el cambio climático, en los últimos meses

La ley de amnistía a los encausados por el procés se debatirá en el Congreso de los Diputados después de tres intentos fallidos desde 2021 y tras la petición que hizo un año antes el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, a los socialistas para que la registraran en la Cámara Baja.

Desde entonces han pasado algo más de tres años y unas elecciones generales, que han desembocado en la necesidad del PSOE de pactar con los independentistas de Junts y de ERC, entre otros partidos, para lograr la investidura de Pedro Sánchez y la formación de un nuevo gobierno de coalición con Sumar.

Sumar planteó durante este lunes al PSOE esperar a poder incorporar más firmas de aliados parlamentarios antes de registrar la ley de amnistía, según han informado fuentes de la coalición tras la decisión de los socialistas de presentar en solitario la proposición de ley sobre la amnistía. Desde el grupo parlamentario plurinacional han explicado consideraban importante incorporar la rúbrica de todas las formaciones que apoyarán la amnistía, pero como "lamentablemente" no ha sido así el criterio que se ha seguido es que no tuviera su firma. Otras fuentes de la coalición han explicado que estaban convencidos de que el registro de la iniciativa se demoraría hasta este martes en busca de recabar dichas firmas, pero finalmente han visto que el PSOE ha optado por la vía de registrarla sin aliados. "Han tirado por la calle del medio", resume gráficamente sectores de la coalición. No obstante, desde Sumar restan importancia a esta situación dado que la vía escogida por el PSOE para el registro de la proposición de ley es una "formalidad" y lo relevante es que la ley "salga adelante" con el apoyo de todos los grupos que votarán sí a la investidura.

Los manifestantes han cargado contra la prensa tachándola de manipuladora, contra la Policía Nacional alegando que es 'la de Marlaska' y contra el Rey preguntándose, '¿dónde está su majestad?'. Entre otros cánticos, los manifestantes han pedido en reiteradas ocasiones una huelga general en contra de la ley de amnistía y contra el Gobierno que consideran "golpista".

Con altavoz en mano, una manifestante situada en primera línea ha mostrado su "asco" con el Gobierno y la "vergüenza de España asegurando que en Italia estaría mucho mejor: "Yo me voy a Italia con Meloni", ha lanzado a toda voz produciendo el apoyo del resto de asistentes. También se han visto numerosas pancartas en las que se podía leer: "Los delitos que cometas hoy, si son en nombre de la independencia de Cataluña quedas amnistiado", además de multitud de banderas españolas.

A la protesta de hoy se ha sumado de nuevo el líder de Vox, Santiago Abascal, junto a la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, que ya se han dejado ver en pasadas manifestaciones en este mismo punto. Bajo un fuerte dispositivo policial como en los anteriores días, alrededor de las 19.30 horas ya se concentraban cientos de manifestantes lanzando las proclamas escuchadas estos días como 'no es una sede, es un puticlub'; 'Sánchez, si tienes cojones convoca elecciones'; 'Puigdemont a prisión'; 'en tiempos de rojos hambre y piojos' o 'socialistas, terroristas'.

Miles de personas se han vuelto a sumar a una nueva jornada de protestas este lunes, la undécima desde que se comenzaron a convocar, contra los pactos del PSOE con los independentistas catalanes y la ley de amnistía, que precisamente se ha registrado esta misma tarde en el Congreso de los Diputados. Ya a las 20.00 horas, la Policía Nacional ha procedido a cortar el tráfico en la calle Marqués de Urquijo, mientras que Ferraz, Buen Suceso y Quintana ya se encontraban cerradas antes de la hora oficial convocada en redes sociales y aupada por Vox con multitud de vallas de protección para impedir el acceso a la sede nacional de los socialistas.

El PSOE ha registrado este lunes por la tarde en el Congreso lo que denomina "Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde l de enero de 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista de 2014 como el proceso del referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Además del PSOE, la iniciativa iba a llevar la firma de Sumar y de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu y de los nacionalistas del PNV y del BNG, pero obtener el visto bueno de todos estos grupos ha ido retrasando hasta última hora el registro del texto.

Según confirman a Europa Press fuentes parlamentarias, en el índice de textos registrados este lunes por la tarde figura el título de la ley como presentada por el Grupo Socialista, sin mencionar otras formaciones. Y de hecho algunos de los socios del PSOE han confirmado que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto. Al ser una proposición de ley de grupos parlamentarios, el texto no lleva informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado que serían obligatorios para el Gobierno si se hubiera presentada como proyecto de ley del Ejecutivo.

Ana Obregón, Marta Lozano, Tomás Páramo, Carla Barber, Laura Matamoros y María Pombo han sido algunas de las figuras mediáticas que se han pronunciado a través de sus redes sociales.

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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, confía en que la tensión en las calles y las manifestaciones contra la ley de amnistía y la investidura del líder socialista Pedro Sánchez se rebajarán cuando el nuevo Ejecutivo empiece a gobernar. Además ha destacado que, aunque las formaciones independentistas con las que ha pactado el PSOE -ERC y Junts- sigan pidiendo un referéndum de independencia, ahora lo hacen en base al artículo 92 de la Constitución.

También subraya que después de formalizar sendos acuerdos con el PSOE, los dos partidos hayan votado en contra, en el parlamento catalán, de realizar una consulta unilateral, tal como propuso el otro partido independentista de Cataluña, la CUP. Después de las multitudinarias manifestaciones de este domingo en contra de la ley de amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo, López ha dejado claro que los socialistas respetan el derecho a manifestarse de los ciudadanos, pero ha acusado al PP de convocar estas concentraciones en base a "mentiras" y ha reprochado las "soflamas" expresadas por los líderes 'populares' que han encabezado estas manifestaciones en las principales ciudades españolas.

La ley de amnistía incluye un epígrafe que podría desactivar por completo la causa 'Tsunami Democratic' ya que atacaría la vía abierta por el instructor del caso que tiene que ver con el ciudadano francés que falleció durante la toma por parte de esta plataforma del aeropuerto de El Prat.

La proposición de ley recoge una exclusión para acogerse a la amnistía que favorecería así a los investigados en la causa de 'Tsunami Democratic' porque concretamente contempla que queden fuera de la amnistía "los actos dolosos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte". En el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordaba dirigir la investigación de 'Tsunami' contra el expresident catalán Carles Puigdemont, se explicitaba que a lo largo de la investigación habría que determinar si el fallecimiento de esa persona en el marco de la ocupación de El Prat era imputable a los responsables de 'Tsunami'. Pero, según el Código Penal, para que exista dolo se debe demostrar una voluntad deliberada de cometer un acto sabiendo que se va a producir un resultado lesivo sobre otra persona, y por lo tanto la ley de amnistía convertiría casi en imposible perseguir a los imputados de 'Tsunami' por la muerte por infarto del turista francés.

Decenas de abogados, procuradores y trabajadores del ámbito jurídico se han concentrado hoy ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona para mostrar su rechazo a la futura ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas catalanes.

Los profesionales del sector legal han querido reflejar con la acción de protesta su preocupación por la futura norma, dado que, según han denunciado, supondría una vulneración a los principios esenciales de todo el Estado de derecho.

Además, han leído un manifiesto que difundieron el pasado viernes, que cuenta con el apoyo de más de 2.000 abogados, procuradores y operadores jurídicos catalanes, según afirman en una nota.

El manifiesto afirma que "la aprobación de leyes de amnistía como las planteadas ataca los principios esenciales del Tratado de la Unión Europea".

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha admitido este lunes su "preocupación" por los acuerdos alcanzados por el PSOE con Junts y ERC para una ley de amnistía que facilite la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Aquí y ahora no es el momento pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política pueden imaginar lo que pienso", ha asegurado en rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE.

La propuesta de ley de amnistía que ultima el PSOE con sus socios parlamentarios contempla incluir expresamente esta figura en el Código Penal, para lo cual se plantea modificar esta última norma, que incluye las circunstancias por las que puede extinguirse una responsabilidad penal.

Así se recoge en el texto de la proposición de ley sobre la amnistía que los socialistas han entregado a otros grupos parlamentarios antes de que el mismo sea presentado oficialmente en el Registro del Congreso.

En este documento se recoge una “disposición adicional primera”, por el que se modifica el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal.

Este artículo alude a las circunstancias por las que queda extinguida la "responsabilidad criminal" de un condenado en España. Así, el punto cuarto de este artículo incluye como causa de la desaparición de esta culpa “la amnistía o el indulto”. Actualmente, en la norma sólo figura esta segunda parte, que es ser indultado.

Tras conocer la Ley de amnistía que ha registrado el PSOE en el Congreso, el sindicato de policía JUPOL ha confirmado los "peores temores". Según ha indicado en un comunicado el sindicato mayoritario la norma deja fuera a la gran mayoría de agentes de la Policía Nacional imputados por los hechos ocurrido el 1- O y en los disturbios provocados tras la sentencia del Procés en el año 2019 que, también, quedarían fuera de la citada Ley, "beneficiando de este modo solamente a los impulsores del intento de golpe de Estado y a los manifestantes violentos que sembraron el caos en 2017 y en 2019 en las calles de Cataluña.

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El presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Fermín Albaladejo, defiende la "igualdad" entre territorios y censura que se vaya a aprobar una amnistía "única y exclusivamente por llegar a una investidura". A preguntas de los medios tras participar en una reunión en Santiago con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Albaladejo ha defendido que todos los españoles son iguales y que deben "cumplir las leyes". "Igual que los empresarios las cumplimos y pagamos nuestros impuestos religiosamente cada trimestre", agrega. Si bien ha apuntado que su entidad forma parte de la CEOE y participará en el comité extraordinario de esta tarde de la patronal ante los pactos de investidura, ha dejado claro "de antemano" que Ceaje está "a favor de la Constitución del 78". "Estamos para cumplirla todos los españoles, incluidos también los representantes políticos", agrega.

"En lo personal, y como compañeros nuestros que son y que se limitaron en su momento a ejecutar las órdenes que jueces y fiscales impartieron para impedir un referéndum ilegal, nos alegramos de que todos los policías investigados en juzgados de Cataluña puedan poner fin a este injusto calvario. Ahora bien, la forma elegida es la peor. La compañía, la más indeseable. Y el momento, el más inapropiado", señala la Confederación Española de Policía (CEP).

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El PP exige a Pedro Sánchez que escuche a la calle y deje hablar a los ciudadanos convocando elecciones generales."Nada de lo que está dispuesto a conceder a los independentistas" se votó el pasado 23J.

El vicesecretario de organización, Miguel Tellado, recordó que Sánchez ha sido capaz de poner de acuerdo a José María Aznar y a Felipe González, a los Fiscales de España, al CGPJ, y a los jueces. Advirtió de que Sánchez pasa a convertirse en el "presidente trampas" por engañar de manera masiva a la ciudadanía tras prometer una cosa en campaña y ahora hace otra.

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El PSOE ha respondido a las manifestaciones convocadas por el Partido Popular y Vox, celebradas en contra de los pactos con los independentistas catalanes y la amnistía. El partido socialista ha afirmado que estas protestas solo fortalecerán sus convicciones, darán a conocer la alternativa al Gobierno progresista y harán que la derecha "se retrate" cada tarde.

Según el partido liderado por Pedro Sánchez, con estas movilizaciones el PP ha demostrado su connivencia con la ultraderecha, buscando la violencia callejera para lograr sus objetivos políticos. "Son un partido fundado por exministros de Franco, por lo que a estas alturas pocas sorpresas compañeros", han afirmado en su último editorial, lo que en su opinión, "pagarán en las urnas, como siempre les ha pasado".

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La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán beneficiaría:

• Los dirigentes del 'procés'
• Los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista,
• Los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019
• Los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017.
• Josep Lluís Alay, el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont
• El exconseller de Interior de la Generalitat catalana Miquel Buch

Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

El equipo negociador de ERC sigue "revisando" a las 15 horas de este lunes el texto de la ley de amnistía que les ha llegado a las 2.30 de la madrugada de este lunes, han explicado fuentes de los republicanos a Europa Press. Sobre las 13 horas, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado en rueda de prensa que desde su partido "se están acabando de cerrar los flecos jurídicos y técnicos" del texto. Según las mismas fuentes, Esquerra todavía no ha firmado el documento porque estos detalles se están revisando para afianzar la seguridad jurídica de la ley, que ERC quiere que ampare a "todas las personas que han participado en los hechos vinculados a la emancipación del pueblo de Cataluña". La portavoz republicana ha asegurado que esta semana será decisiva y ha expuesto que confía en que "en las próximas horas esta ley podrá estar a punto para entrar a registro".

El Tribunal de Cuentas ya acogió otro procedimiento contra Artur Mas y varios de sus exconsellers por la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014 -que también entraría en la ley amnistía- y les sentenció a devolver casi cinco millones de euros gastados en la misma.

El texto de la ley de amnistía señala que esta medida "no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares".

Además de los procedimientos penales, la ley de amnistía también borrará la presunta "responsabilidad contable" de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, que este viernes tienen un juicio en el Tribunal de Cuentas, en el que se les reclama entre 3 y 5 millones de euros.

El del Tribunal de Cuentas es uno de los procedimientos más inminentes por el "procés" y afecta, además de a Puigdemont, al expresident Artur Mas, al exvidepresident Oriol Junqueras, a varios exconsellers y exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".

La Fiscalía cifra ese desvío en unos 3,4 millones de euros, cantidad que reclama que abonen los abonados de forma solidaria, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, la eleva a 5,3.

La norma que se va a registrar en el Congreso, cuyo texto se ha conocido este lunes, establece que "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso", cuando la ley entre en vigor.

Una vez aprobada, la ley borrará esa supuesta "responsabilidad contable" que el Tribunal de Cuentas debe determinar tras el juicio que, por el momento, se prevé este viernes.

El texto establece que el tribunal deberá decretar el archivo de las actuaciones o la absolución, dependiendo de la fase del proceso, previa audiencia de la Fiscalía y otros demandantes -en este caso, Sociedad Civil Catalana-, "cuando estas no se hayan opuesto".

También establece, como hace en la jurisdicción penal, que "se procederá al alzamiento de las medidas cautelares acordadas en fase de actuaciones previas o de primera instancia", lo que podría afectar a los 5,4 millones de euros de fianza exigidos en el marco de este procedimiento.

El Ministerio del Interior ha solicitado a Policía Nacional desplegar un dispositivo de Seguridad para blindar el Congreso hasta este jueves, día de la votación para la Investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno central busca así evitar manifestaciones y concentraciones en las inmediaciones de dicho edificio durante esta semana crucial.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido en rueda de prensa donde ha anunciado que este martes, día 14 de noviembre, interpondrá una denuncia contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por la comisión de tres delitos. Además, solicitarán la medida cautelar de la suspensión de la investidura que tendrá lugar el próximo 15 y 16 de noviembre.

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Tras confirmarse que el PSOE y sus socios de investidura van a registrar en las próximas horas en la Mesa del Congreso la proposición de ley de amnistía, ha llegado ya hasta el Tribunal Supremo la primera petición de suspensión cautelar de su tramitación para evitar un "daño irreparable". Manos Limpias ha solicitado la medida en el marco de su denuncia contra Pedro Sánchez por usurpación de funciones, sobre cuya admisión a trámite no se ha pronunciado aún el alto tribunal.

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La ley de la amnistía implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Consejo de Gobierno de Aragón se ha reunido este lunes, 13 de noviembre, de forma extraordinaria para solicitar formalmente que la Conferencia de Presidentes se reúna con urgencia para debatir sobre los acuerdos de investidura del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, para revalidar el cargo que a juicio del jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón,"desguazan" el Estado autonómico.

Azcón ha comparecido en rueda de prensa junto con el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, para anunciar este acuerdo del Consejo de Gobierno, que comunicará por carta a Sánchez este mismo lunes. El Gobierno regional no descarta convocar movilizaciones ciudadanas como institución.

En el texto difundido por los socialistas sobre la ley de amnistía, queda reflejado que los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y sus decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de dos meses Todo ello, sin perjuicio de los recursos que se presenten, ya que no tendrán efectos suspensivos.

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán abarca 11 años del "procés", desde el 1 enero de 2012 –pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del "procés" en 2019– hasta este lunes 13 de noviembre. Un período que afectaría a cerca de 400 personas, que podrían acogerse a este proyecto de ley de amnistía difundido por el PSOE.

La ley de amnistía que ha difundido el PSOE incluye a los agentes imputados por las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. En este sentido, la proposición de ley incluye: "Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo".

El presidente de los empresarios madrileños carga contra los pactos por "la pérdida de calidad democrática" y "el mensaje negativo a los inversores"

Critica con dureza que se atente contra la independencia de la empresas en su toma de decisiones https://t.co/Kyiw5phVyS

— La Razón (@larazon_es) November 13, 2023

La Policía Nacional ha restringido la circulación de peatones alrededor del Congreso por seguridad ante posibles protestas, según han explicado a EFE fuentes policiales, tras las manifestaciones celebradas estos días en España contra la ley de amnistía, algunas no comunicadas y con episodios violentos.

En concreto, la Policía ha restringido el paso para peatones en el tramo de la Carrera de San Jerónimo que da la fachada principal del Congreso, entre la calle Cedaceros y la plaza de Neptuno, así como en la parte trasera del edificio, en el tramo de la calle Zorrilla que discurre entre la calle Cedaceros y el Paseo del Prado.

Al inicio y al final de los puntos que están restringidos hay vallas con agentes de la Policía Nacional para impedir el paso de peatones, salvo aquellos que trabajen o vivan por la zona o se dirijan a comercios ubicados en esas calles.

Ante las críticas de algunos medios que acusaban a la presidenta de Madrid de falsear las fotografías de la manifestación contra la amnistía en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha zanjado el tema con una imagen que no deja lugar a dudas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar acaba de anunciar el registro de la proposición de ley de amnistía para este mismo lunes, mientras que en el PSOE evitaban confirmar e incluso aseguraban que podía retrasarse durante "horas" o "días".

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Solidaridad, el sindicato de Vox, ha convocado una huelga general para el próximo 24 de noviembre en contra de la ley de amnistía para los implicados en el procés y los demás pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para su nueva investidura como presidente del Gobierno.

El sindicato promovido por Vox ha registrado ya la convocatoria de huelga general para el 24N en la que anima a secundarla "frente a la desigualdad" y "frente a la traición", según ha avanzado en la red social X.

"¡Paremos España!", pide Solidaridad, que desde hace unos días está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas en las redes y en los actos de Vox a favor de esta huelga general. Más información, aquí

24N: Huelga General

Solidaridad registra una convocatoria de Huelga General para el próximo 24 de noviembre.

¡Paremos España! pic.twitter.com/sxbBZLN9Gj

— Solidaridad 🇪🇸 (@solidaridad_esp) November 13, 2023

El documento firmado hace unos días por PSOE y Junts acuerda la aprobación de una ley de amnistía para aquellos responsables políticos que hayan sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados al "proces". Igualmente, ambos partidos políticos acuerdan que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Al hilo de la lectura de este párrafo del documento me surgen unas preguntas que planteo para que los lectores puedan ayudarme a encontrar respuesta:

► Todas las preguntas, aquí

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha fijado este lunes el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Será, como estaba previsto, este miércoles 15 y el jueves 16 de noviembre. El anuncio de la fecha llega 41 días después de que el Rey Felipe VI encargara al presidente del Gobierno en funciones intentar formar Gobierno. Informa R. Esteban

► Más detalles, aquí

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha negado este lunes que durante el proceso independentista hubiera "lawfare" judicial y ha asegurado que no se revisará ni enmendará ninguna sentencia en virtud del acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Ha sido durante una entrevista en TVE, al preguntarle si durante el procés se usó a la justicia para perseguir a rivales políticos, Illa ha respondido: "No. Durante el procés se usó a la justicia para frenar un intento de secesión".

En este sentido, sobre la inclusión del concepto de "lawfare" en el acuerdo entre el PSOE y Junts, el líder del PSC ha justificado que "el Congreso de los Diputados tiene plena legitimidad para crear las comisiones de investigación que los grupos consideren oportunas", pero ha enfatizado que "esto no tiene nada que ver con la interferencia en la independencia del poder judicial".

Tras las masivas manifestaciones de este domingo en España contra la amnistía, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que debe esperar cuatro años si quiere que se convoquen elecciones. "Las elecciones tienen unas causas, cada cuatro años, o cuando el Gobierno pierda la confianza o cuando se produzca la disolución (de las Cortes) por el presidente del Gobierno. No lo decide el líder de la oposición", ha afirmado el exdirigente socialista en una entrevista en RNE.

El traspaso de las competencias de la Seguridad Social al País Vasco ha provocado la inmediata reacción de todas las asociaciones profesionales integradas en este organismo (Atass, ALSS, Apromess, SITSS y Asiass), que agrupan a los cinco principales cuerpos de esta institución (inspectores, interventores, letrados, evaluadores y auditores) y que se han unido en un nuevo y contundente comunicado conjunto en el que han mostrado su "rechazo total" a cualquier "cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social" porque "vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".

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Con la proposición de ley de amnistía ya en el horno –se espera que el PSOE y sus socios la registren en el Congreso en las próximas horas–, Carles Puigdemont afrontará el próximo viernes –al igual que una treintena de ex altos cargos de la Generalitat– su primer juicio por el «procés» con el «comodín» de la medida de gracia, que previsiblemente incluirá también este proceso contable por el supuesto desvío de más de tres millones de euros de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 –que precipitó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el cese en bloque del Ejecutivo de Puigdemont– y la promoción en el extranjero del proceso soberanista a través de Diplocat.

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En el Parlamento Europeo hay una mayoría conservadora que, dirigida por el Partido Popular Europeo (PPE), podría activar en Pleno el procedimiento para que la Comisión Europea intervenga frente a la ley de amnistía hecha a la medida del independentismo y sobre la que se sostendrá la investidura de Pedro Sánchez esta semana. Tras el éxito de la movilización de ayer, el PP se moverá en Europa, pero prefiere que el protagonismo lo lleven las asociaciones de jueces, fiscales, abogados y otros representantes de la sociedad civil, que a través de comunicados y manifestaciones ya han puesto en marcha lo que se califica de «rebelión civil» contra el acuerdo de Sánchez con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este domingo que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no puede ser una de las beneficiadas por la ley de amnistía que han pactado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez porque, en su opinión, "ha sido condenada por corrupción" y "por fragmentar contratos públicos". "No tiene nada que ver con la celebración de un referéndum", ha zanjado.

Por otra parte, el dirigente independentista ha vuelto a asegurar que no va a renunciar a un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que hará "todo lo posible" para que la sociedad catalana decida sobre su futuro.

En este sentido, ha matizado que un referéndum "no será un problema de Constitución, sino que será un problema de voluntad democrática y política". "La Constitución no prohíbe que haya un referéndum y el Código Penal no dice que sea un delito", ha añadido.