Abogados Cristianos pide al Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid que proceda a la apertura de juicio oral y a sentar en el banquillo acusado de un delito de odio a Pablo Echenique por su tuit contra los sacerdotes católicos.

La fundación denunciante reclama para el dirigente morado una pena de un año de prisión y una multa de seis meses. Así como una inhabilitación especial para ejercer una profesión relacionada con el ámbito educativo que esté ligado "por un tiempo superior de tres y diez años al de la duración" de la pena de privación de libertad que le fuera impuesta.

También solicita que se le interrogue ya como acusado; que acuda a declarar como testigo el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; se le practique otra testifical a María García Ayuela, presidenta el Observatorio para la Libertad Religiosa, así como que se libre oficio a la policía judicial para que realice un informe que ofrezca la magnitud del impacto que tuvo su tuit denunciado y el agente autor acuda a también a declarar.

Considera la entidad, que encabeza la abogada Polonia Castellanos, que es coincidente con un delito de incitación al odio y a la discriminación el mensaje que compartió Echenique en Twitter el pasado 10 de mayo defendiendo que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante".

Un polémico tuit que después completó con un "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

Estas declaraciones fueron la cuestionada reacción del exdirigente morado a las palabras con las que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, defendió que entre los inmigrantes que llegan a nuestro país "se nos puede colar gente que son indeseados" y que en España "caben los que no caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos".

Declaró como investigado el pasado 17 de septiembre tras observar la Justicia en los hechos "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

En aquella jornada se reafirmó en sus afirmaciones, negó que quisiera "criminalizar" a los curas, aseguró que si sus proclamas fueran un ilícito "la mitad de los españoles lo habrían cometido" y alegó, citando unos difusos datos del Defensor del Pueblo, que había "muchos" más casos de abusos entre el sacerdocio que de delincuencia entre el colectivo inmigrante.

Tras esto, fue procesado por ello y ahora queda por ver si finalmente, como pide Abogados Cristianos, el juez decide llevarlo a juicio o no.