Ábalos dice al juez que es víctima de una venganza del PP

De su esperada declaración ante el juez –más de tres horas de comparecencia en el Tribunal Supremo (TS)– ha salido José Luis Ábalos con la sensación de no haberse dejado «nada en el tintero». El exministro socialista acudió al alto tribunal señalado por el empresario Víctor de Aldama y con la obligación, por tanto, de intentar desmentir el supuesto cobro de comisiones. Decía Oscar Wilde que para escribir solo hacen falta dos cosas: tener algo que decir, y decirlo. Adaptando esa máxima literaria al manual del buen imputado, Ábalos – investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación– tenía claro lo que tenía que declarar y lo hizo, negando que haya cobrado comisiones y circunscribiendo a su entonces asesor Koldo García, según fuentes jurídicas, los vínculos de Aldama con el ministerio que dirigía.

El ex secretario de Organización del PSOE –que según esas mismas fuentes no mentó a Pedro Sánchez– sí se desmarcó tanto de Koldo como de Aldama, que le acusó en la Audiencia Nacional de cobrar más de 600.000 euros en comisiones. Y explicó que era su subsecretario de Estado, y no él, quien se hizo cargo de las gestiones para los contratos para la compra de mascarillas en pandemia.

Ábalos finalmente no respondió a las preguntas del PP (cuyo letrado estuvo presente en el interrogatorio en representación del resto de las acusaciones populares, a quienes el instructor no permitió asistir a la declaración), al que reprochó su situación procesal. Y es que, según las fuentes consultadas, el exdirigente socialista aseguró que la denuncia «política» contra él es una represalia por la investigación en 2022 a Tomas Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, por el cobro de comisiones en el suministro de material sanitario, que terminó archivándose por la Fiscalía europea.

Fuentes jurídicas señalan que el exministro «ha delimitado cuáles eran sus funciones y las de su subsecretario, pero no ha descargado su responsabilidad en Koldo», a quien se ha referido como su «secretario personal».

En cuanto a las adjudicaciones que Aldama calificó de «preadjudicadas», Ábalos ha dicho que se trataba de contratos de la Dirección General de Carreteras a los que era ajeno y que solo uno es de su época al frente del ministerio, aunque él no tuvo ninguna intervención.

Y en cuanto al piso del Paseo de la Castellana propiedad de Aldama respecto al que firmó un contrato de alquiler con opción de compra, ha puesto en duda que valga, como mantiene la UCO, 1,9 millones de euros, insistiendo en que ese contrato no se ejecutó porque había un inquilino y no llegó a entrar ni a tener las llaves.

Ábalos no hizo referencia alguna al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –por el que no fue preguntado–, ni tampoco a los ministros y altos cargos socialistas señalados por el comisionista por supuestamente solicitar (el ministro Ángel Víctor Torres) o cobrar comisiones (el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero) de la trama. Tampoco fue interrogado en relación al viaje a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

El ex «número tres socialista» aceptó declarar voluntariamente como investigado, liberando por tanto al magistrado Leopoldo Puente –que le investiga por su supuesto «papel principal» en la trama de comisiones en adjudicaciones para la compra de mascarillas en pandemia– de la obligación de solicitar su suplicatorio al Congreso. Y este hecho condicionó su declaración, pues el fiscal jefe Anticorrupción tuvo que afrontar un interrogatorio con pocos asideros, pues sin contar aún con el plácet del Congreso Ábalos abordó el trance sin que se haya investigado su patrimonio, por un lado, y sin que tampoco se haya examinado el contenido de su móvil (como sí ha sucedido, por ejemplo, con los otros dos investigados, Aldama y Koldo García).

Tras más de tres horas de declaración como investigado ante el magistrado del Supremo –que hizo especial énfasis a defensas y acusaciones en evitar filtraciones–, el exministro socialista aseguró a las puertas del alto tribunal estar «satisfecho» con su comparecencia tras dar «explicaciones suficientes», y se comprometió a facilitar al magistrado Leopoldo Puente «toda la documentación» que acreditaría, dice, su inocencia. Ábalos aseguró haber «contestado a todo», por lo que según puso de manifiesto no se quedó «nada en el tintero».

"Papel principal" según el juez

Para el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Ábalos tuvo un "papel principal" en la supuesta trama de reparto de comisiones creada supuestamente por Aldama "para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas". El magistrado puso de relieve en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo que "consta acreditada" la intervención del entonces ministro "para la adjudicación de los contratos de suministros de mascarillas a Soluciones de Gestión", la empresa de la trama.

Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye en sus informes "un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, De Aldama y la organización criminal dinamizada por este último". Asimismo, ponía de relieve la existencia de una "relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo-Ábalos"

En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que pagó 250.000 euros a Ábalos en comisiones por su supuesta intermediación en la adjudicación de los contratos de mascarillas, aunque según refirió el entonces ministro le llegó a pedir dos millones de euros. Además, posteriormente remitió al Tribunal Supremo una relación de obras dependientes del Ministerio de Transportes entre las que figuraban 37 adjudicaciones supuestamente amañadas (según ha explicado el ministro Óscar Puente, de ellas 18 no se han licitado y solo seis corresponden a la etapa del investigado al frente del ministerio).

Pero el comisionista explicó que esas contraprestaciones iban mucho más allá e incluía pagos en especie como el disfrute familiar de un chalet en una urbanización de La Línea de la Concepción (Cádiz) o el abono del alquiler de un piso en la madrileña Plaza de España (a razón de 2.700 euros al mes) para la pareja de Ábalos (por el que a través de un testaferro Aldama habría desembolsado casi 90.000 euros en dos años, entre marzo de 2019 y septiembre de 2021), a la que el entonces dirigente socialista habría además colocado como auxiliar administrativa en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

Además, el supuesto conseguidor de la trama remitió al Supremo un contrato de alquiler con opción a compra con el ex secretario de Organización del PSOE de un piso en el Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, con el que según el empresario garantizaba a Ábalos el cobro de futuras comisiones por su intercesión en obras "preadjudicadas". El exministro, sin embargo, nunca llegó a ocupar ese inmueble.

Aldama involucró también a Ábalos en las gestiones para la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 pese a las sanciones de la UE contra el Gobierno de Nicolás Maduro que le impedían poner un pie en territorio Schengen.