Cesiones al independentismo

Moncloa forcejea bajo radar para colar el catalán en la Eurocámara

Ante el veto en el Consejo Europeo, choca también con el Reglamento para introducirlo en el Parlamento

9J.- Más de 38 millones de personas elegirán mañana 61 eurodiputados del Parlamento Europeo
9J.- Más de 38 millones de personas elegirán mañana 61 eurodiputados del Parlamento EuropeoEuropa Press

El veto del Consejo Europeo al uso del catalán en la Unión Europea no hay quien lo levante. Exige unanimidad y países como Italia no rectificarán su decisión de bloquearlo. Ante esta perspectiva el Gobierno ha bajado a un segundo nivel, el del Parlamento Europeo, para ver si consigue que el catalán se incluya, al menos, entre las lenguas que se usan en la Eurocámara. Con Junts atornillándoles cada vez más, al Gobierno también le aprieta cada vez más el zapato en su ofensiva para conseguir avances con el catalán: es uno de los compromisos de los que depende el futuro de la moción de confianza que Junts ha conseguido colar en el orden del día del Congreso y que para el Ejecutivo es una línea roja porque quiere evitar su votación a toda costa por miedo a perderla. Antes quiere llegar a un acuerdo con Junts y este pasa por ejecutar, según el partido de Puigdemont, un paquete de compromisos en el que figura este desbloqueo del catalán en la Unión Europea, otro objetivo que en la retórica soberanista se entiende como un paso más en ese reconocimiento de la Nación catalana.

Pero lo que no están contando los socialistas a Junts, aunque debe conocerlo Puigdemont, es que sus gestiones para utilizar la Mesa del Parlamento Europeo como instrumento para «colar» el catalán en los debates –aprovechando que la derecha no tiene mayoría en ese órgano– están también condenadas al fracaso. La incorporación de nuevas lenguas oficiales no se puede hacer solo con una decisión de la Mesa del Parlamento comunitario, sino que exige una modificación del Reglamento 1/1958. Esta modificación debe pasar por la Comisión Constitucional de la Eurocámara, donde el grupo en el que se enmarcan los populares españoles sí goza de mayoría.

En concreto, el artículo 174 del Reglamento interno del Parlamento Europeo dispone que los diputados podrán expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión (identificadas en el artículo 1 del Reglamento 1/1958). Si se quiere que en el Parlamento se utilicen idiomas adicionales a los oficiales de la Unión, entonces deberá modificarse su Reglamento interno (y, en concreto, el artículo 174), para que así conste expresamente. Mientras esto no suceda, no se pueden usar en el Parlamento idiomas diferentes a los oficiales en la Unión.

Ante los movimientos que está haciendo el Gobierno español, fuentes del Parlamento Europeo advierten de que los «acuerdos administrativos que se pudieran celebrar para autorizar el uso en el Parlamento de idiomas diferentes a los oficiales de la Unión serán acuerdos administrativos contrarios a los Tratados y al Reglamento del Consejo que establecen el régimen lingüístico de la Unión».

Es significativo que en esta batalla por cumplir la exigencia de Junts sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea el Gobierno español está contando como aliado con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que está integrado en el grupo de Patriots y contra el que los socialistas hacen campaña por «su militancia en la extrema derecha». En el último Consejo Europeo, el tema del catalán se introdujo en la agenda precisamente por petición de Hungría.

Mientras siguen bajo la cuerda las maniobras para conseguir avances, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sigue erre que erre en insistir que el desbloqueo de este asunto es prácticamente inminente. Así se lo prometen también a Junts en las negociaciones que mantienen las dos delegaciones fuera de España. Ahora, Exteriores dice que fía a la Presidencia polaca poder cumplir con la exigencia que Puigdemont coloca en los compromisos pendientes que deben ejecutarse ya.

Albares conoce perfectamente que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el régimen lingüístico de las instituciones se fija por el Consejo por unanimidad, mediante reglamentos. Cumpliendo con el Tratado, el Consejo aprobó, por unanimidad, el Reglamento 1/1958 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea.