El nuevo ataque de Sumar a los policías aviva las campañas de "acoso, señalamiento y persecución" contra ellos

En octubre de 2023, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaban ante las cámaras la rúbrica de un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición. Un pacto que incluía, entre otros muchos epígrafes, remover los fantasmas de la denominada por muchos "ley mordaza". Hay que recordar que PSOE y Podemos ya intentaron, sin éxito, reformar la Ley de Seguridad Ciudadana durante la anterior legislatura. En aquel momento, la unión de los agentes y sus protestas evitaron que saliese adelante.

Pues bien, tras meses de inacción, Sumar no estaba dispuesto a que esto quede en el baúl de los recuerdos y el pasado 10 de mayo presentó una Proposición de Ley Orgánica para "amputar esa norma y amoldarla" a un modelo de seguridad ciudadana en el que a los policías se les deja el papel de "mediadores". Y es que a juicio de la Confederación Española de la Policía (CEP), esta formación política no quiere policías sino "una especie de diplomáticos de salón de té o mediadores sociales". Se trata de una "provocación" que desprecia la "seguridad física y jurídica" de los agentes, más si cabe cuando la cifra de agresiones a policías y guardias civiles supera las mil al mes.

Porque para los agentes, esta propuesta supone un ataque a su principal herramienta normativa de trabajo: "Les da igual los efectos perjudiciales sobre la convivencia, el civismo y el orden público. Y por supuesto, les da igual lo que opinemos quienes nos jugamos la vida todos los días por proteger la vida y bienes de los demás", denuncian.

Riesgo físico para los policías

¿Pero qué es lo que propone ahora Sumar? Para empezar rescata una fórmula de pago de "multas a la carta", o lo que es lo mismo, permitir que las sanciones por infracción a esta Ley Orgánica puedan suspenderse (en función de la situación económica del multado), fraccionarse o incluso sustituirse por medidas de rehabilitación. Y por si esto fuera poco, también pretenden rebajar las cuantías de esas multas, por lo que "tomar la calle sale más barato", advierten desde este sindicato policial. Así, según la propuesta, pasarían del mínimo de 30.001 euros de las muy graves a 25.001 y rebajarían las leves, que pasarían de los 600 euros de tope máximo actuales a los 500. "

También vuelve a poner en duda la "veracidad y el valor probatorio" de los testimonios de los agentes y exige que sólo sean tenidos en cuenta si "la exposición de los hechos consignados resulta coherente, lógica y razonable". Por no hablar de que esta polémica ley establece que grabar a los agentes durante el desempeño de su trabajo no constituirá infracción. En concreto, contempla la eliminación del ordenamiento jurídico de la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa. Sólo se podrá sancionar el uso no autorizado de esas imágenes cuando "genere un peligro cierto de su seguridad personal o familiar". Eso sí, ese riesgo "deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible".

Persecución y acoso

Un sinfín de trabas con el objetivo, denuncian desde la CEP, de dejarles "más desprotegidos y vulnerables" y abrir la puerta a la "impunidad de las campañas de señalamiento, acoso y persecución" contra ellos. Y es que la lista de propuestas para torpedear el trabajo policial parece no tener fin. Por ejemplo, la tenencia y consumo de drogas pasaría de infracción grave a leve y el acta de intervención de droga tendrá que gozar de "presunción de veracidad".

La identificación de sospechosos deberá ser "motivado y proporcional" y el traslado, a efectos de identificación no podrá superar en ningún caso las dos horas, salvo por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectado, en cuyo caso se prorrogará a seis horas. Y en cuestiones de identificación, los agentes deberán identificarse, con la amenaza de aplicarse el régimen disciplinario si se negasen, una medida carente de sentido ya que se aplica en la actualidad.

"Frente a este nuevo ataque a las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo, no esperamos nada de Interior", afirman desde la CEP. En primer lugar porque el titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska ya mostró su intención de acometer esta "reforma". Y en segundo lugar, porque "jamás se nos ha llamado a los policías simplemente para escuchar nuestra opinión", lo que refuerza el conflicto colectivo que este sindicato mantiene frente a Interior desde el pasado 10 de abril. Del mismo modo, tras la manifestación masiva de policías el pasado 16 de marzo, la CEP no acuden a las reuniones con la Dirección General de la Policía.