Memoria Histórica

El Gobierno eleva el pulso con Ayuso para que la Real Casa de Correos sea Lugar de Memoria Democrática

La Comunidad de Madrid insiste en que no descarta ir a los tribunales para evitarlo

MADRID.-La Comunidad protegerá la Real Casa de Correos como símbolo de concordia y reconciliación de todos los españoles
Desde 1985, la Real Casa de Correos es propiedad de la Comunidad de Madrid, que ha ubicado la sede de la Presidencia en el edificioEuropa Press

El Gobierno sigue adelante con el expediente para declarar la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por su pasado al albergar las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS), y defiende que no vulnera competencias autonómicas, frente a la firme oposición del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

Tras pasar por el Congreso, esta mañana fue el Consejo de Ministros el que contestó a la Comunidad. La ministra portavoz, Pilar Alegría, comunicó en la rueda de prensa posterior que el Gobierno ha aprobado la respuesta al requerimiento de incompetencia formulado desde la Puerta del Sol en el expediente sobre la Real Casa de Correos. La portavoz recordó que ese edificio acogió la Dirección General de Seguridad y que allí se produjeron maltratos.

En consecuencia, Moncloa mantiene el expediente al considerar que «no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas». «De hecho, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente la Real Casa de Correos», añadió.

Alegría puntualizó que la declaración como Lugar de Memoria «lo que conlleva, entre otras cosas, es sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar las personas que allí fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura».

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno que deje sin efecto la resolución que inicia el expediente y no descarta acudir a los tribunales para impedir que el edificio se convierta en «un aquelarre». Así lo advirtió ayer el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y fuentes de su departamento insisten a LA RAZÓN en una más que probable vía judicial ante este escenario.

El Gobierno explica que la Comunidad argumenta en su requerimiento «una importante y grave injerencia y perturbación en el derecho de propiedad y en la posesión del inmueble». A lo que el Ejecutivo responde que las alegaciones «carecen de fundamento», ya que «no se realiza alteración, por mínima que sea, en el inmueble objeto de la incoación».

Asimismo, señala que la Comunidad de Madrid «nunca ha cuestionado la constitucionalidad» de la Ley de Memoria Democrática que regula la figura del Lugar de Memoria, «y lo hace ahora, transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de la norma», además de incidir en que no ha legislado sobre esta materia, como sí han hecho otras comunidades con leyes propias a nivel autonómico.

Apunta también que la Real Casa de Correos tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), «lo que no es óbice para que, además, dicho inmueble pueda ser declarado Lugar de Memoria».

Ayuso se ha pronunciado personalmente sobre este asunto, en el sentido de que «las únicas placas que habrá en la Real Casa de Correos estarán dedicadas a quienes unan al pueblo de Madrid», y citó las distinciones que actualmente decoran la fachada dedicadas a los Héroes del 2 de mayo; a las víctimas del 11-M y quienes las auxiliaron; y a quienes fallecieron en la pandemia, especialmente en soledad.

«Si algo es la Real Casa de Correos es un lugar de reconciliación y como tal, va a seguir siendo tratado», defiende su consejero apelando a «todos los resortes» para defender el inmueble.

La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre una ley que incorpora enmiendas del PP para contrarrestar la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria.