La fiscal jefa Antidroga: "Con Barbate se dio una imagen de Estado débil frente a los delincuentes"

Enfrentarse al narcotráfico parece misión imposible. Es un negocio redondo que mueve miles de millones de euros, blanquea el 90% de sus beneficios y afecta a más de 13 millones de personas. En la Fiscalía Antidroga son conscientes de ello y luchan para llegar al corazón de las organizaciones criminales que lo controlan. Su jefa, Rosa Ana Morán, explica en entrevista a LA RAZÓN que hay que concienciar de que es un grave problema de salud pública y que se necesitan cambios legales de urgencia. Pero, más allá de coordinar actuaciones, trabaja de cerca con asociaciones civiles y escucha en primera persona a víctimas de este fenómeno. Una de ellas le dijo hace poco que lo había perdido todo con la droga, mientras otros se habían hecho de oro a su costa. "Haga usted lo que pueda".

Se cumple un año de la tragedia de Barbate y la situación sigue siendo precaria para los guardias civiles que luchan contra el narcotráfico, ¿Cree que se han escuchado sus reclamos?

Además de lamentarlo enormemente porque un asesinato de dos guardias civiles que estaban cumpliendo con su obligación es tristísimo, me parece que es una imagen de Estado débil frente a los delincuentes. Yo propongo soluciones desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de seguridad, que le corresponde al Ministerio del Interior. Creo que dificultaría el uso de narcolanchas la tipificación como delito del petaqueo. Mientras no se considere un delito autónomo lo combatimos como una tenencia de un elemento inflamable que puede causar daño. Pero esto es muy difícil cuando se encuentra, sobre todo, en el mar. La petición que nosotros hacemos es que sean delitos autónomos, que no tengamos que andar probando el peligro abstracto; sino que se regule como se hizo en 2019 en Gibraltar.

Volviendo a la tragedia de Barbate ¿Entiende la frustración de las víctimas?

¿Cómo no voy a sentirme cercana con las víctimas? Por supuesto que sí. Pero creo que la Guardia Civil ha hecho un trabajo excelente en la localización y detención de las personas responsables de este delito.

Usted habla de la necesidad de tipificar como delito el transporte de combustible. ¿Facilitaría la actuación contra las grandes mafias?

Obviamente no se soluciona todo el problema, pero se dificulta la llegada de la gasolina a las narcolanchas, además del transporte por carretera y los almacenamientos. Primero, porque en muchos casos hay un peligro con el almacenamiento exagerado de gasolina y, segundo, porque no se limitaría a una sanción administrativa, sino que se les puede detener, tomar declaración y saber a dónde van o de dónde vienen. Hay posibilidades de intervención y ello acarrea unas penas, con lo cual, quien hace eso por dinero a lo mejor se lo piensa.

Estoy muy esperanzada porque he tenido conocimiento de que el Consejo de Ministros portugués ha presentado una propuesta de ley para tipificar la fabricación y tenencia de narcolanchas, lo cual nos va ayudar mucho porque gran parte de las narcolanchas se fabricaban en Portugal.

Cuando haya sospecha de corrupción en la Policía o la Guardia Civil, el asunto tiene que venir a la Audiencia Nacional

¿Cómo beneficiaría a la instrucción de las causas que, en vez de recalar en juzgados mixtos, las asuman órganos especializados?

Hay que prestarle atención a la organización judicial que da respuesta a este tipo de fenómeno como es el narcotráfico en Andalucía. En mi opinión, no creo que colapsando la Audiencia Nacional vayamos a resolver el problema. Hay otras experiencias, como la de Francia, que ha creado jurisdicciones especializadas contra la delincuencia organizada y eso permite una investigación más adecuada al fenómeno que se está investigando, con medios y con tiempo.

Además, la Audiencia Nacional tiene unas competencias tasadas para asumir una investigación. Se precisa, uno, que se trate de una organización, y en muchos casos no podemos probarlo, y dos, que afecte a varias provincias. Y eso sí que es difícil de probar cuando se transporta hachís desde Marruecos. Se requiere una Administración de Justicia adecuada, y ello no implica traerlo todo a la Audiencia Nacional. Desde que llegué, hace dos años y medio, vengo diciendo que hay que cambiar la competencia para que asuma no solo los casos que afectan a provincias, sino los que tengan conexiones internacionales.

Otro factor para mi determinante de la competencia de la Audiencia Nacional es la corrupción de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o incluso de entes privados, como los estibadores de los puertos. Estos casos deberían instruirse en la Audiencia Nacional para garantizar la confidencialidad, porque no se puede investigar la corrupción en sitios muy pequeños sin que se filtre. Es imposible.

Y para el resto, a través de la Ley de Eficiencia Procesal, se pueden especializar varios órganos. Ya se ha hecho con la violencia de género. A lo mejor hay que prestar atención a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas en aquellos territorios donde se produce una afectación grave de la seguridad y la salud pública, para que también tengan especialización en la investigación y el enjuiciamiento.

Necesitamos que la sociedad se conciencie de que la droga es un peligro grave para la salud pública y que esos intereses difusos los defiende la Fiscalía

En la Memoria ya advirtió de que hay funcionarios policiales implicados en grandes causas de corrupción...

Tenemos tres causas en instrucción y están secretas. La causa del Policía Nacional de la UDEF, el guardia civil en Valencia y la reciente de guardias civiles en Ceuta. Cualquiera que piense que esto se puede investigar sin problemas en Ceuta, no conoce la realidad de la investigación. Cuando haya sospecha de corrupción, el asunto tiene que venir aquí.

La Audiencia Nacional ha avalado la interceptación del chat que usan los narcos. Se trata de un avance de calado en la lucha contra el narcotráfico ¿Cómo lo acogen?

Estamos esperando que resuelva el Tribunal Supremo porque se ha anunciado el primer recurso de casación contra la sentencia. En esto es donde se ve claramente la cooperación internacional. Trabajamos muy unidos con Francia, Holanda, Suecia, Alemania… con todos aquellos países que manejan procedimientos en los que la prueba procede de estos chats encriptados. Y la información que tenemos es que los tribunales supremos de todos los países han avalado el uso de esas evidencias.

Para nosotros es muy importante, pero sobre todo lo ha sido para la Policía porque les han puesto el mapa del narcotráfico en Europa. Antes de Encrochat no teníamos la imagen de que esto estaba tan extendido y era tan grave.

No hemos recibido ninguna información de las razones por las que el Gobierno cambió el sistema de OCON-Sur

Desde que llegó a la jefatura de Antidroga ha impulsado la cooperación internacional ¿Qué beneficios reporta?

Yo vengo de cooperación internacional. Desde 2011 he estado dirigiendo la cooperación internacional en la unidad que creé para esto en la Fiscalía y me parecía que aquí podía trabajar impulsando esta materia. Creo que es fundamental. Las conexiones y la información fluyen mucho entre la Policía, pero ahora también entre las Fiscalías. De hecho, esta Fiscalía, desde el punto de vista de las estadísticas de demandas recibidas tanto de comisiones rogatorias como de órdenes europeas de investigación, creo que es la tercera en número en toda España, después de Madrid y Barcelona.

A través de eso recibimos mucha información de organizaciones internacionales que están investigando y que nos dan pistas de que también hay aquí una parte de esa organización. Así abrimos investigaciones derivadas de esas noticias y luego nos coordinamos con esas Fiscalías para ver quién es el que está en mejor situación para seguir el asunto. Es fundamental la coordinación para que lleve el tema quien lo pueda ver en grande.

Trabajar conjuntamente es importantísimo. Se acaba de crear una red de fiscales (Red Europea contra la Delincuencia Organizada Judicial) que, por petición de la Comisión Europea, estos primeros años se va a dedicar al tráfico de drogas. El Ministerio me ha designado a mi como contacto de esta red.

Qué honor…

¡Qué responsabilidad! La investigación de la delincuencia organizada requiere especialización y que conectemos unos con otros.

En estos momentos que se tiende a la organización supraestratal y a la especialización ¿Cómo se entiende que haya caído un 21% los procedimientos abiertos en Cádiz tras el desmantelamiento por parte del Gobierno de la unidad del OCON-Sur?

Yo no tengo información de por qué se desmanteló OCON-Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico), ni tampoco sé si es una buena o mala solución. Lo que sí es cierto es que hay menos procedimientos judiciales. No quiere decir que haya más o menos intervenciones policiales, sino que hay menos procedimientos.

Nosotros observamos algunos defectos en los procedimientos que se llevaban a cabo en OCON-Sur. Sigo insistiendo: las imputaciones no valen para nada si el procedimiento judicial no llega a buen término, se producen condenas y se recuperan activos. Para eso hace falta mucha precisión y muy buen hacer por parte de la Policía Judicial y hemos visto algunos defectos en el trabajo de OCON-Sur, que no quiere decir que hubiera que desmantelarlo. No es un tema que me corresponda a mi decidir. Lo cierto es que no sé por qué se desmanteló.

¿Nadie os dijo nada?

No. He hablado con el presidente del TSJ andaluz y con la fiscal jefa de Andalucía y ninguno hemos recibido información de las razones por las que se cambiaba el sistema de OCON-Sur.

Entre todos deberíamos molestarnos más para que el mar no se convierta en una vía impune para transportar droga

En relación con el consumo de cannabis, ¿Es relevante modificar la cantidad de porcentaje de THC para que se considere legal?

Atendemos mucho el cannabis porque España es el primer productor de la Unión Europea de Cannabis y creo que no es presentable. Hace poco oía a narcos quejarse de que no hacen nada malo porque esta droga no es mala. Es un tema de salud pública. Siempre pienso en la necesidad de que la sociedad se dé cuenta del grave daño que causa a la salud el consumo tan habitual de cannabis, ya sea con hachís o con marihuana, y el THC es uno de los componentes que causan daños psicoactivos.

Antes, en la década de 1980, era muy bajo, pero ahora es muy alto porque la manipulación genética permite concentraciones muy altas, de forma que el daño de esas sustancias es mucho más grave, sobre todo en menores. Hay una grandísima conciencia en la sociedad de que es malo el tabaco y no la hay de que lo es la marihuana y me parece importante que se extienda el conocimiento de que se prohíbe no por capricho, sino porque es nocivo.

¿Hay dificultades con la determinación de la jurisdicción en abordajes de alta mar?

Este tema me encanta. Después de la modificación de la jurisdicción universal de 2015, hubo interpretaciones que decían que los delitos de tráfico de drogas cometidos en alta mar, salvo que hubiera conexión con España, no se podían perseguir. Pero la sentencia del Tribunal Supremo sobre el buque Mayak estableció que sí había jurisdicción.

Hay otros países que no lo tienen, por lo que exige, pongamos en el caso de Francia, que el pabellón sea francés, que haya tripulantes franceses o que haya conexión de que eso va al Estado francés. Como la Marina francesa es muy activa, porque patrulla por todo el mundo, hay muchas intervenciones. Hace poco promovimos la primera cesión de jurisdicción a Francia, que nos la pidió. Se trató de un barco de pabellón español intervenido con bastantes fardos de cocaína cerca de Taihí. Los tripulantes eran doce ciudadanos ecuatorianos y uno colombiano.

En otros casos se soluciona a través de cooperación internacional. El tema de la competencia extraterritorial es muy interesante y creo que el Convenio de Viena contra el tráfico de drogas y el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, da muchas posibilidades de cooperación para los abordajes. Entre todos deberíamos molestarnos más para que el mar no se convierta en una vía impune para transportar droga. Y no es el caso. Cada vez hay más incautaciones porque grandes embarcaciones descargan en alta mar a pequeñas embarcaciones que luego se dirigen a los territorios. Creo que Naciones Unidas debe motivar más a que se extienda la jurisdicción universal en relación con el tráfico de drogas en aguas internacionales.

Hablando de puertos, ¿Valencia sigue siendo el primero en entrada de contenedores de droga?

Depende del año hay más incautaciones en Valencia, Algeciras o Barcelona, pero efectivamente creo que Valencia hay que ponerlo en el foco porque es un gran puerto y encima está destinado a crecer.

¿Cómo le explicaría a la sociedad el trabajo que hace la Fiscalía Antidroga?

Esta fue la primera Fiscalía especial que se creó. Somos en plantilla 15, pero necesitamos muchos más. Trabajamos contra las grandes organizaciones criminales y permanentemente con Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional), con la UCO y con Vigilancia Aduanera. La labor de coordinación, en nuestro caso, se lleva a cabo a través de delegados.

Curiosamente, la primera Fiscalía de especialidad que se crea no tiene delegados en todas las provincias. Este año he propuesto la creación de cuatro más: en Zaragoza, Toledo, Guadalajara y Badajoz. Yo entiendo, y por eso hago esta entrevista, que me corresponde alertar del fenómeno y conocer qué se está haciendo en otros países. Me preguntaba un periodista alemán hace poco si creemos que la reducción de entrada de cocaína en Rotterdam y Amberes (en Rotterdam ha caído un 54%) significa que está entrando por aquí. No lo sé, probablemente. Lo que es cierto es que el fenómeno es cada vez más grave, hay más violencia, más organizaciones y hay que prestarle la atención que se merece.

Me encantaría que la sociedad en algún momento se motivara como se motivó con las madres de Galicia contra la droga. Nosotros no tenemos víctimas concretas identificadas, pero sí las hay. Hace poco estuve en una casa de Proyecto Hombre en Salamanca y un interno que se dedicó al consumo, me dijo: "He perdido dinero, he perdido mi familia y las organizaciones se están haciendo ricas. Haga usted lo que pueda". Esa sensación de que hacemos lo que podemos es la que quiero transmitir, pero necesitamos que la sociedad se conciencie de que la droga es un peligro grave para la salud pública y que esos intereses difusos los defiende la Fiscalía.