El CGPJ aprueba la declaración y avisa: la amnistía genera una clase política "impune"

La amnistía no solo «no es compatible con el principio de Estado de derecho», sino que genera «una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos». Así de contundente ha sido la declaración que a última hora de ayer salió del pleno extraordinario que tuvo lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una sesión que se celebró a petición de ocho vocales.

Finalmente ha salido adelante un texto que, en una primera versión, hablaba de «casta política» en vez de clase política, pero finalmente se optó por suavizar te término, aunque solo en este apartado. «La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera», sentenciaron.

Las palabras fueron duras con el hecho de que los responsables políticos «queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza» de los mismos. Y se mostraron rotundos con el objetivo que persigue esta iniciativa: «Que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno», señalaron. Sellar la impunidad de los políticos supone, además, vulnerar el principio de igualdad, denunciaron.

Para los vocales, no se puede hablar de independencia de la Justicia ni de seguridad jurídica cuando las fuerzas políticas utilizan las leyes «en su beneficio para impedir la acción de los tribunales».

El CGPJ respondió a varias de las críticas de las que han sido objeto por pronunciarse sobre esta norma. Por una parte, explica que lo que provocó su decisión de emitir una declaración fueron las palabras del presidente del Ejecutivo el 28 de octubre, en las que confirmaba que estaba pactando esta ley con varios partidos, uno de ellos «dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida», en alusión a Carles Puigdemont. También porque vinculó esta medida con el «interés de España» para impedir un gobierno de derecha.

Frente a las críticas por pronunciarse sobre una ley que aún no se ha aprobado, el Consejo explica que le avalan la Ley Orgánica del Poder Judicial y los estándares europeos en materia de independencia judicial. Sobre esto, señala que por «prudencia y lealtad institucional», su tramitación se debería realizar como proyecto de ley y no como proposición de ley, para que la valoren los órganos consultivos. «No va a ser así», concluye. Por ello, considera «absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide», acusan. Con todo, señalan los vocales, la declaración no sustituye dicho informe.

Y añaden que «no es preciso conocer los aspectos objetivos y subjetivos que delimitarán los contornos de la ley que se anuncia» porque «lo sustancial ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando la futura ley». Y recalca que algunos de ellos tienen «responsabilidades pendientes de dilucidar ante los tribunales».

Por otra parte, explican que la norma entra en conflicto con el principio de exclusividad de la jurisdicción. Esto justifica que el Consejo, «como órgano constitucional cuya misión esencial es velar por la independencia judicial, exprese su preocupación ante la inminente tramitación de aquélla», argumentan.

La amnistía «constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho». Y es por esto que no pueden «permanecer en silencio», debido a las «graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial».

El texto ha sido aprobado con los votos a favor de los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Ángeles Carmona y Wenceslao Olea. Los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas han votado en contra y el presidente Guilarte lo ha hecho en blanco.

Bach, Cabrejas, Martínez de Careaga y Sepúlveda justificaron su voto señalando que con la declaración “se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe” y creen que “solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar” porque daña su imagen. Por su parte, Lucas ha argumentado su voto manifestando que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.

Por último, Guilarte explicó su voto en blanco. Aunque reconoció que está preocupado por los hechos que se describen en la declaración del órgano de gobierno de los jueces, considera que mientras no se conozca un texto prelegislativo, el debate debiera quedar en el terreno político, al que el CGPJ debiera permanecer ajeno.