Ocho vocales del CGPJ alertan de que la amnistía supone "la abolición del Estado de derecho" y fuerzan un Pleno extraordinario

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente de la institución, Vicente Guilarte, que convoque un Pleno extraordinario para que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie, mediante una declaración institucional, sobre la ley de amnistía, una iniciativa sobre la que trasladan su "intensa preocupación y desolación".

Y es que, según denuncian, esa medida de gracia supone la "degradación", cuando no "abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".

En el escrito remitido al presidente del CGPJ en funciones, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los consejeros conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Ángeles Carmona advierten de que con la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo que se violenta no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromiso asumidos por España" en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a respetar "los principios de Estado de derecho e independencia judicial".

"En ningún caso cabe aceptar una amnistía"

Estos vocales sostienen que "confundir el “interés de España” con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política". Un principio, subrayan, amparado en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de la Constitución, "es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico".

Según denuncian, aprobar la ley de amnistía "exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora".

Para estos consejeros de la mayoría, cualquiera que sea la justificación que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, la motivación real de la amnistía "ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento expresado por el presidente del Gobierno".

"Mercadeo al servicio" de Pedro Sánchez

En el escrito en el que piden -como adelantó LA RAZÓN- la convocatoria del Pleno extraordinario (que el presidente está obligado a convocar al solicitarlo al menos cinco vocales), rechazan "la viabilidad" de las amnistías en el marco de la Constitución. En primer lugar, exponen, "porque no es compatible con el principio de Estado de derecho" que proclama la Carta Magna ni con el principio de responsabilidad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 de la Constitución. Una disposición, insisten, que no ampara que "los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno".

Algo que, reprochan, "supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el “interés de España”".

Amnistiar a los condenados e investigados por el "procés", según los vocales firmantes, supone además "generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos".

"Se violenta la independencia de los tribunales"

Por último, consideran que de esta forma "se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico", al constituir un "instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad" y garantizar el principio de seguridad jurídica. "Mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales".

Y es que según su criterio "la enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la Justicia en suma, en una quimera".

El CGPJ aseguran, "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía". Pero, precisan los vocales, al no estar respaldadas por el presidente del Gobierno, el órgano de gobierno de los jueces ha preferido "mantenerse en una actitud de prudente expectativa".

Pero el silencio de Sánchez, añaden, se rompió el pasado sábado, admitiendo "que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", y justificándola en el "interés de España para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".