Cambio de rumbo en el Tribunal de Cuentas: permite el aval de la Generalitat a los líderes del “procés”

La Generalitat podrá finalmente avalar con dinero público los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama en concepto de fianza a 34 ex altos cargos de la Administración catalana -entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras- por el supuesto desvío contable para promocionar el proceso soberanista en el extranjero, fundamentalmente a través de Diplocat, entre 2011 y 2017.

La mayoría progresista de la Sección de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador ha rechazado -según han confirmado fuentes jurídicas- la ponencia de la consejera conservadora que cerraba la puerta a que el Ejecutivo autonómico pudiese utilizar el Fondo Complementario de Riesgos para evitar que la treintena de ex altos cargos tuviesen que avalar personalmente esas cantidades y evitar el embargo de sus bienes.

El pasado octubre, el tribunal había rechazado que la Generalitat pudiese avalar las fianzas con dinero público. Pero esa decisión se tomó antes de la renovación de la institución, que se plasmó en una mayoría progresista (parte del acuerdo entre PSOE y PP que también supuso desatascar la renovación del Tribunal Constitucional, aunque no la del CGPJ). Ahora, la ponencia elaborada por la consejera conservadora Rebeca Laliga -contraria a aceptar ese aval, lo que ya hizo la instructora del procedimiento- ha sido rechazada por los otros dos consejeros de la Sección de Enjuiciamiento, Diego Íñiguez y Rosario García, designados ambos a propuesta del PSOE. La resolución que dará el visto bueno a ese aval, que contará con el voto particular de Laliga, se dará a conocer en las próximas fechas.

El Tribunal de Cuentas -que reclama otros 4,1 millones, ya afianzados, a los líderes del desafío soberanista por haber destinado dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1-O- fijó una fianza de 1,9 millones para Puigdemont y Junqueras; de 2,8 millones para Artur Mas y de 2,1 para el ex conseller Raül Romeva. En total, la institución cifra en 9,5 millones la factura del “procés” supuestamente costeada con dinero público.

La demanda de la Fiscalía, pendiente

A falta de que la Fiscalía presente su demanda, otra de las acusaciones, Sociedad Civil Catalana, reclama 5,3 millones a once ex altos cargos de la Generalitat. La Abogacía del Estado, que también ejercía la acusación, se retiró del procedimiento esgrimiendo que la Administración afectada por el presunto desvío contable, la Generalitat, no se considera perjudicada.

En octubre del pasado año, la delegada instructora del procedimiento ya se negó a aceptar el aval del Instituto Catalán de Finanzas, argumentando que el dinero público no puede utilizarse para amparar “conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave”. Las defensas de los encausados recurrieron la liquidación efectuada por el tribunal al considerar que con su actuación invadía las competencias sobre política exterior de la Generalitat y, en el caso de Puigdemont, vulneraba además su inmunidad parlamentaria. El ex president acusó al tribunal de “criminalizar” a la Generalitat.

Tras la negativa de varias entidades bancarias a afianzar esos depósitos, la Generalitat constituyó en julio del pasado año el Fondo Complementario de Riesgos para hacer frente a las fianzas que se reclaman judicialmente a políticos y altos cargos del soberanismo por su papel en el “procés”. El decreto puntualiza que los beneficiarios de los préstamos deben restituir el dinero si finalmente son condenados (una previsión que sortea una posible imputación por malversación).

Pero, en todo caso, esa obligación de devolver el importe afianzado no se genera cuando la sentencia sea firme, sino en el momento en que “se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”, lo que supedita esa hipotética devolución a un pronunciamiento de la Justicia europea.

“Embajadas” catalanas y viajes de Puigdemont

Las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista (impulsando, por ejemplo, campañas de sensibilización y de implicación de la sociedad, así como programa de visitantes internacionales) habrían supuesto -según el Tribunal de Cuentas- un presunto desvío de 3,8 millones. Tras este montante se sitúan los 1,2 millones destinados a las “embajadas” catalanas. Por otro lado, los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para promocionar el proceso independentista supusieron un desembolso de 389.537 euros.

El desglose de los gastos bajo sospecha de Diplocat incluyen los casi 1,4 millones que pagó, entre 2013 y 2015, a la consultora Independent Diplomat (ID) para ayudar al Govern a avanzar en sus “objetivos diplomáticos” en el marco del “proceso para el ejercicio del derecho a decidir”.

Asimismo, según el informe de fiscalización provisional gastó otros 644.904,40 euros en reuniones institucionales, organización de actos en centros universitarios y “think tanks” de Europa y de Estados Unidos, mesas redondas y conferencias, y 543.014,10 euros más en diferentes programas de visitas internacionales de políticos, líderes de opinión y periodistas. Por último, se gastó 308.530,29 euros en la elaboración de documentos y argumentarios sobre “la dimensión internacional del proceso político catalán”.