Sociedad Civil Catalana demanda a 11 líderes del “procés” por malversar 5,3 millones de euros

Societat Civil Catalana (SCC) ha demandado ante el Tribunal de Cuentas a once exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña que lideraron el “procés” para que devuelvan 5,3 millones de euros que estima que malversaron, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras.

También figuran como demandados los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluis Puig.

En la demanda, registrada este jueves en el Tribunal de Cuentas, se les acusa de haber malversado 5.309.807 euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la propaganda internacional del proceso de independencia de Cataluña, conocido como “procés”, al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat.

Concretamente se les atribuye el uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para la promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a observadores y contratos de “lobbyist” para publicitar la causa independentista.

Tras la presentación de la demanda, la vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, Elda Mata, ha asegurado que la asociación actúa cumpliendo su “deber cívico” para “defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes”.

“Durante años el Gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones para las que no tenía competencia ni legitimidad pero se ha acabado el tiempo de la impunidad y a cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial”, ha añadido.

Elda Mata ha remarcado que en una democracia moderna no corresponde solo a los poderes velar por el buen uso de los fondos públicos sino que “la ciudadanía debe ejercer una labor de fiscalización activa del dinero que se pagan con los impuestos”.

La demanda la firma Juan Chapapría, socio del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que ha explicado que la misma parte de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del “procés” que trasladó al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las malversaciones por el 1-0.

Ha resaltado que se ha llevado a cabo un “largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas, que ha durado meses” y que finalmente se ha optado por acusar a los responsables públicos y últimos de las decisiones que se han podido documentar y catalogar claramente.

Los representantes de SCC confían en que la Fiscalía, con más medios, pueda delimitar también el grado de responsabilidad de los actores intermedios y funcionarios, y en cualquier caso que actúe también en los próximos días para que el dinero malversado se devuelva y se destine a fines legales y al bien común.

SCC ha abierto una campaña de “crowdfunding” para ayudar a sufragar los gastos de este proceso.