El Tribunal de Cuentas da 48 horas más a los ex altos cargos de la Generalitat para que avalen la fianza

El Tribunal de Cuentas ha dado 48 horas más (hasta medianoche del próximo lunes) a los 34 ex altos cargos de la Generalitat -entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras- para que aporten la fianza de 5,4 millones de euros que les impuso por los gastos para promocionar el “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017.

Tras analizar la documentación recibida, la instructora del procedimiento ha constatado que los escritos presentados por las defensas de los encausados -tanto de quienes se van a acoger al aval del Instituto Catalán de Finanzas, como del resto- anuncian la cumplimentación de las fianzas “pero no han sido acompañados de los avales”, apuntan fuentes del organismo fiscalizador.

Tal y como establece el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, subrayan esas mismas fuentes, la instructora ha comunicado a los representantes legales de los ex altos cargos de la Administración catalana que se concede un plazo improrrogable de dos días para la presentación de esos avales, con la advertencia expresa de que si no se han recibido cuando expire se procederá, conforme al artículo 47.1 g) de la ley que regula el funcionamiento del tribunal, “al embargo de los bienes de los presuntos responsables”.

Cuatro de esos ex altos cargos no se han acogido al aval ofrecido finalmente por la Generalitat: dos de ellos han depositado ya sus fianzas y otros tantos han presentado inmuebles como aval de las cantidades requeridas. Ahora, será el Tribunal de Cuentas el que determine si el aval del Instituto Catalán de Fianzas es válido para hacer frente a las fianzas (sobre esa disposición de dinero público sobrevuela una posible malversación).

Fuentes del organismo fiscalizados sí dejan claro que, por ahora, no se ha puesto en marcha ninguna providencia de embargo, algo que sucederá únicamente si los avales que se aporten son considerados insuficientes o inadecuados para cubrir esos 5,4 millones, correspondientes a los gastos de Diplocat y de las “embajadas” catalanas para internacionalizar el proceso soberanista.

Según esas mismas fuentes, el hecho de que la instructora dicte finalmente una providencia de embargo no impide que, tras expirar el plazo otorgado, pueda admitir fianzas o depósitos aportados posteriormente por los afectados y, en su caso, pueda aceptarlos y no ejecutar el embargo. En todo caso, precisan, al tratarse de una medida cautelar (pendiente de lo que se decida en el posterior juicio por alcance contable) los encausados no pierden los bienes de manera inmediata, pues el objetivo es garantizar que ante una futura sentencia condenatoria sean reintegrados los perjuicios que se hayan producido en los fondos públicos.

Un total de 9,5 millones

El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 5.422.899,28 euros el supuesto desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras les reclama 1,9 millones, y 2,8 millones al ex president Artur Mas. El ex conseller Raül Romeva, por su parte, tiene que hacer frente a una fianza de 2,1 millones.

La cantidad más alta se le impuso al ex secretario del Diplocat Albert Royo (3,6 millones), seguido de la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal (3,1 millones) y del ex conseller de Presidencia Francesc Homs (2,9 millones), el propio Mas y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell (2,7 millones).

La partida más voluminosa se corresponde con las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista y llevar a cabo actividades de sensibilización y de implicación de la sociedad civil catalana, así como impulsar programa de visitantes internacionales. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este fin. El segundo desembolso en importancia según el desglose de ese acta provisional es el correspondiente a las “embajadas” catalanas, que según el Tribunal de Cuentas se habrían gastado 1,2 millones de forma irregular.

Los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para promocionar el proceso independentista también son señalados por el organismo fiscalizador, que considera que no debieron pagarse con dinero público. En total, la Generalitat desembolsó por este concepto 389.537 euros.

Esta cantidad se une a los 4,1 millones que ya tuvieron que afianzar ante el Tribunal de Cuentas los líderes del desafío soberanista y ex altos cargos de la Generalitat por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Por lo tanto, el tribunal ya ha cuantificado en un total de 9.569.174,25 euros la factura del desafío soberanista que se habría costeado con dinero público.