Las universidades avisan: más de un millón de estudiantes se quedarán sin acabar la carrera por la ley del becario de Yolanda Díaz

Apenas 24 horas después de que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos llegarán a un acuerdo para aprobar sin los empresarios el controvertido Estatuto del Becario, el rechazo de la comunidad universitaria y del mundo empresarial ha sido frontal y muy claro, advirtiendo del peligro de una ley que dificultará aún más la inserción laboral de los estudiantes. Acusan a la ministra Yolanda Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, sin contar con su colaboración y al margen de tejido empresarial. Se abre además un nuevo enfrentamiento entre ministerios, ya que Universidades y Educación advierten de que el sector público no puede hacerse cargo del pago de la Seguridad Social de sus trabajadores en prácticas que exige la nueva norma, además de acusar a la ministra de actuar al margen de ellos y obviar "nuestra experiencia y conocimientos. Ni siquiera nos han consultado", critican fuentes de estos departamentos.

Por su parte, la conferencia de rectores (Crue Universidades Españolas) -integrada por 76 universidades españolas públicas y privadas- ha cargado también contra el estatuto. Consideran un error el modelo porque hará disminuir drásticamente la oferta de prácticas universitarias. En un comunicado, la Crue defiende que las prácticas de estudiantes universitarios "son un asunto estrictamente académico" del que no se debe pactar su régimen jurídico. Aunque no cuestionan que el Gobierno y los sindicatos establezcan la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son, Crue sí se muestra crítica con la "injerencia" en aspectos que solo competen al Ministerio de Universidades y en las propias universidades. Entre ellos, rechaza el "establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas" y augura que este aspecto conllevará "la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas". Tal compensación generará "con toda seguridad" una gran complejidad y dificultades añadidas a la gestión ordinaria de las prácticas. Por último, insiste en el "serio peligro" para la continuidad de la oferta de prácticas que también suponen tanto la compensación obligatoria como la inclusión de los estudiantes en prácticas a la Seguridad Social "sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para su aplicación". También advierte de los "perjuicios" de las medidas para el estudiantado español.

En este sentido, la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) estima que más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios, si entrara en vigor el Estatuto del Becario. Esta organización, vinculada a 43 universidades españolas y más de 15.000 empresas, muestra su "rechazo frontal" al Estatuto que pretende aprobar Yolanda Díaz y los sindicatos "sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios" ni de partes tan importantes como los Ministerios de Universidades y de Educación, la Conferencia de Rectores, la de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes, que "también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir".

Advierten que, de aprobarse esta normativa anunciada, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios, ha lamentado la RedFue en un comunicado, por lo que ven "un error legislar in extremis, sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo". La red ha recordado que el 65% de las prácticas afectadas por el estatuto del becario se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas. Será, por tanto, "una legislación inaplicable", como lo es ya la que versa sobre la cotización de los becarios a la Seguridad Social, por la que los "ministerios de Universidades y de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha". Desde los propios ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas, como es el caso, por ejemplo, del de Exteriores.

La red entiende que, en nuestro ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones, pero "siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral". Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo, ha precisado la red.

Asimismo, RedFue avisa que con la nueva normativa tampoco se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la formación profesional.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo seguirá adelante con sus planes porque con esta nueva norma se aborda "la definición de los límites de las prácticas, sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral" y que "limita de forma severa las prácticas extracurriculares y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar estas prácticas laborales". Fuentes internas han explicado que el documento, en el que todavía se trabaja, "prevé establecer un régimen sancionador que garantizará el cumplimiento de la norma" para crear un "marco que dará seguridad jurídica, protegerá los derechos de las personas que realicen prácticas en empresas y evitará por fin que las becas puedan encubrir trabajo precario".

La patronal CEOE se desligó del acuerdo con contundencia "tanto por el fondo como por la forma", ya que considera que "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad". En cuanto al fondo, cree que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo. Además hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto".