La Generalitat valenciana contesta a la juez que fue la exconsellera Pradas la que dio la orden de emitir el "Es-alert"

Fue la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, la persona que dio la orden para que se enviará el mensaje "Es-Alert" alertando a la población del peligro derivado de los desbordamientos provocados por la dana. Pradas tomó esta decisión en su condición de directora del Plan Especial frente al riesgo de inundaciones, dentro de un "Comité de dirección" en el que también estaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

De este modo, ha contestado la Generalitat valenciana al requerimiento de la jueza de Instrucción 3 de Catarroja que investiga las denuncias por la gestión de la dana.

El escrito de la Generalitat afirma que "tal y como figura en el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones, aprobado mediante el Decreto 81/2010, de 7 de mayo y cuya última revisión data del año 2021 (...), corresponde al director del plan, entre otras, la siguiente función: Determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse. Dichas medidas son: las medidas de autoprotección personal, el confinamiento, el alejamiento y la evacuación".

Y añade y aclara que "dado que a las 17:00 horas del día 29 de octubre se constituyó el CECOPI, la dirección del Plan la ejercía la entonces Consellera de Justicia e Interior, dentro de un "Comité de Dirección", formado por citada Consellera y la Delegada del Gobierno".

Además, se ha notificado al juzgado la identidad de los funcionarios que "de acuerdo con los registros existentes en sistema “Public Warning Portal” Red de Alerta Nacional, plataforma alojada en los servidores del Ministerio del Interior, y de conformidad con la consulta realizada a la fecha, aparecen registrados como redactores y validadores del mensaje".

Amplia representación

También apunta que "dicho CECOPI en el que se abordó y debatió la emisión del aviso, fue convocado a las 15:00 para reunirse a las 17:00, con convocatoria a los siguientes organismos: Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, AEMET, Delegado Territorial de AEMET, Confederación Hidrográfica del Júcar, Unidad Militar de Emergencias (UME), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Centro de Operación de Distribución (COD) Este-Norte de Iberdrola Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (Enel)-Norte, Cruz Roja.

También fueron citados los representantes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el inspector jefe Consorcio Bomberos Valencia, el oficial jefe Bomberos Municipales de Valencia, Central Bomberos Municipales de Valencia, Centro de Gestión de Servicios de Movilidad, Servicios de Emergencias Sanitarias Comunitat Valenciana.

Y entre las autoridades, el escrito de la Generalitat cita a la consellera de Justicia e Interior, la ya mencionada Salomé Pradas, que fue destituida pocos días después de la catástrofe; el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que corrió la misma suerte; el director general de Emergencias y Extinción de Incendios la Conselleria de Justicia e Interior, el subdirector de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

También representantes del Gabinete de Vicepresidencia del Consell, Dirección General de Inclusión Social, Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección General de Telecomunicaciones de la Conselleria de Hacienda, la comisaria jefa Policía Generalitat Valenciana, Central de la Policía de la Generalitat Valenciana, Central de Prevención de Incendios Forestales, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Prensa de la Conselleria de Justicia e Interior, y el jefe del Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de Medio Ambiente.

Por su parte, fuentes judiciales han confirmado que el juzgado de Catarroja ha comunicado a las partes mediante providencia que la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar han contestado a los requerimientos que se les hizo en virtud del auto del pasado 6 de febrero.

La CHJ subió los datos del incremento de caudal a la web pero no consta que avisara personalmente

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha respondido a la jueza de Catarroja (Valencia) que los datos del "incremento súbito de caudal" en el barranco del Poyo estuvieron disponibles para la Generalitat entre las 18:00 y las 18:10 horas del 29 de octubre.

Así se recoge en la respuesta enviada por la CHJ al requerimiento con el que el juzgado solicitó los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas del día de la dana, 29 de octubre, y cómo se transmitieron.

La CHJ -dependiente del Ministerio de Transición Ecológica- asegura que los datos de la "subida tan abrupta" que hubo en el Poyo a partir de las 17:40 pudieron consultarse en el Centro de Proceso de datos de la Cuenca 20 o 30 minutos después, el retardo normal que tiene el sistema.

El organismo recuerda que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) "no es un sistema de predicción" sino de observación, que muestra datos observados en tiempo real que se visualizan siempre en la web 20 o 30 minutos después, tras su transmisión y cálculo.

"Lo que se visualiza en la web del SAIH es lo que ha ocurrido hace 20 o 30 minutos y en ningún caso es posible informar de lo que va a ocurrir, excepto cuando se trata de ríos con embalses, en los cuales sí que es posible estimar las salidas del embalse con cierta anticipación", recoge el documento.

El 29 de octubre, los datos se publicaron en la web del SAIH con "acceso libre" para cualquier persona y eran accesibles igualmente para el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a través de una aplicación, indica.

El CCE tenía también "acceso privilegiado", como el resto de comunidades, al visor de la Red de Alerta Nacional, en el que estaban disponibles los datos de caudal y los mapas de peligrosidad y riesgo por inundaciones, según la Confederación del Júcar.

Además de los datos de pluviometría y caudal en tiempo real publicados, se enviaron 16 correos electrónicos automáticos con avisos específicos sobre la superación de umbrales de lluvia, recogidos mediante captura de pantalla en la respuesta de la CHJ al juzgado.

"Cabe finalmente señalar que el teléfono del SAIH se atiende 24 horas al día durante los 365 días al año, por lo que por vía telefónica también se aporta información si así se requiere por parte de otras administraciones", concluye la Confederación.

En el documento, la CHJ explica además el funcionamiento del SAIH y defiende que la información y avisos que transmite es "complementaria" al resto de datos que reciben los centros de coordinación de emergencias de otros servicios y organismos para gestionar inundaciones.

También recuerda que el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat establece que, en cuencas como la del Poyo, la Confederación Hidrográfica no realiza el seguimiento sino que, "previa petición del CCE, contrasta la información que llega".

Por tanto, según las características de la cuenca, la funcionalidad del SAIH y el Plan Especial de Inundaciones, "no se puede confiar la seguridad de las personas ante una emergencia por inundaciones a los datos de caudal de un simple sensor de nivel, que no recoge toda la información hidrológica de la cuenca y donde, en todo caso, el tiempo de reacción para la población es muy bajo", refiere el documento.

La Confederación añade que la gestión de inundaciones en este tipo de cuencas "requiere de una mayor anticipación, para lo cual sirve la información pluviométrica, pero sobre todo ha de servir la predicción meteorológica".

El organismo ya respondió esta semana a un primer requerimiento de la jueza en el que señaló que, según el Plan Especial de Inundaciones, quien dirige la emergencia en caso de desbordamiento de presas es la comunidad autónoma.