El TC elimina la obligación de ofrecer alquiler social antes del desahucio en Cataluña

La ley de vivienda catalana obliga a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer la opción de alquiler social ante una situación de desahucio, antes de que familias vulnerables tengan que irse de casa. Ahora, el Tribunal Constitucional ha respondido, con un recurso de inconstitucionalidad, a la ley antidesahucios catalana –aprobada en febrero de 2022–, alegando que hay siete artículos de esta que invaden competencias del Estado. Uno de los puntos principales que quiere tumbar el TC es esta obligación legal de los grandes tenedores.

Esta respuesta por parte del Constitucional parte del recurso presentado por el Partido Popular contra la norma antidesahucios, a la que el tribunal ha dado la razón. El TC reconoce que contiene artículos que son una «invasión de competencias estatales», y que en algún caso hasta «vulneran» la constitución. Es por ello que la sentencia declara inconstitucional algunas de las partes de la ley catalana.

En un comunicado publicado hoy, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) asegura que «la sentencia del TC al recurso del PP dejará a miles de familias sin la posibilidad de un alquiler social y con la amenaza de desahucio». «Está en peligro el único mecanismo de urgencia que ha permitido frenar miles de desahucios en Cataluña», dice la plataforma, que también alerta que «los Ayuntamientos se quedarán sin herramientas para afrontar los desahucios, las familias quedarán desamparadas y la situación de emergencia habitacional comportará tasas de pobreza y exclusión todavía más elevadas».

La plataforma de afectados apunta en el comunicado que entre 2017 y 2023 se han ofrecido un total de 19.925 alquileres sociales gracias a esta ley, que han evitado la misma cifra de desahucios, y que esto «demuestra la eficacia y la necesidad de mantener y reforzar estas medidas».

Es por ello que la PAH señala al Govern, que según ellos es quien tiene la responsabilidad de dar soluciones y realojar las familias vulnerables. Para tratar esta problemática, la plataforma exige una reunión urgente con el president de la Generalitat, Salvador Illa, además de una cumbre con todos los agentes necesarios para pactar una solución.

Las asociaciones, además, han querido dar tranquilidad a las familias con contratos de alquiler social firmados en estas situaciones, ya que aseguran que estos seguirán vigentes y no se verán afectados por la sentencia.

La sentencia del TC, además, suspende el derecho de las familias en situación de exclusión social a renovar su contrato de alquiler social «por solo una vez». El tribunal considera que este artículo vulnera la competencia estatal en cuanto a las bases sobre las obligaciones contractuales.

Cataluña, líder en desahucios

Esta sentencia coincidió ayer con la publicación del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revela que Cataluña ha sido la comunidad autónoma con más desahucios durante el segundo trimestre de 2024. Se practicaron un total de 2.091 desalojos, lo que representa el 26,6% del total de España.

En el conjunto del Estado, se han practicado 7.850 desahucios, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023. A Cataluña le sigue Andalucía como la segunda con más lanzamientos (1.129), la Comunidad Valenciana (1.006) y Madrid (831).