Alerta turistas: Baleares prepara restricciones que podrían cambiar tus planes este verano

El turismo ha sido y siempre será el motor económico de Baleares y nadie puede negarlo. Sin embargo, como sucede en muchas otras partes de España, su crecimiento descontrolado ha generado problemas de saturación, impacto ambiental y dificultad en el acceso a la vivienda para los residentes. Ante esta situación, el Gobierno balear ha puesto sobre la mesa un conjunto de medidas que buscan regular la llegada de turistas, mitigar los efectos del turismo masivo y garantizar un modelo más sostenible.

Impulsadas por la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), estas iniciativas incluyen el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la creación de una tasa para los vehículos foráneos y nuevas restricciones al alquiler vacacional. No obstante, el debate en torno a estas propuestas está dividiendo a los distintos sectores económicos, políticos y sociales de las islas.

Más impuestos para turistas

Uno de los cambios más polémicos es la subida del Impuesto de Turismo Sostenible, también conocido como ecotasa, que se aplicará a los visitantes en función de su estancia. Actualmente, el importe máximo es de 4 euros por noche, pero con la nueva reforma podría alcanzar los 6 euros en temporada alta. Sin embargo, en invierno la tarifa se reducirá para fomentar el turismo en los meses de menor afluencia.

Además, el Gobierno balear ha decidido triplicar la tasa que pagan los pasajeros de cruceros, pasando de 2 a 6 euros en los meses de mayor afluencia. Este aumento busca compensar el impacto ambiental y social que generan los grandes buques en el archipiélago, especialmente en zonas como Palma de Mallorca, donde la llegada masiva de cruceros ha sido motivo de quejas entre los residentes.

Otra de las novedades es la creación de un impuesto para los vehículos foráneos, dirigido tanto a los coches de alquiler como a los automóviles particulares que accedan a las islas. La tasa oscilará entre los 30 y 150 euros, dependiendo del nivel de emisiones del vehículo y del tiempo que permanezca en el archipiélago. La recaudación se destinará exclusivamente a la mejora del transporte público y la movilidad sostenible, con el objetivo de reducir la congestión en las carreteras y disminuir el impacto ambiental del tráfico vacacional.

Endurecimiento de las normas sobre el alquiler vacacional

El auge del alquiler turístico ha sido una de las principales causas del aumento en el precio de la vivienda en Baleares, lo que ha llevado al Gobierno a tomar medidas más estrictas. Entre las nuevas regulaciones destaca la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, es decir, en edificios de pisos, con el objetivo de liberar oferta de vivienda para los residentes.

Además, se endurecerán las sanciones contra el alquiler vacacional ilegal, con multas que podrán alcanzar los 500.000 euros en los casos más graves. El propósito es frenar la proliferación de apartamentos turísticos no regulados, que compiten de manera desleal con los hoteles y contribuyen a la falta de vivienda asequible.

División política y rechazo del sector turístico

Para que estas medidas entren en vigor, el Gobierno balear necesita el respaldo del Parlamento autonómico. Sin embargo, la falta de mayoría del Partido Popular complica su aprobación, sobre todo después de la ruptura con Vox, que ha rechazado frontalmente la subida de impuestos. Mientras tanto, la izquierda reclama medidas aún más contundentes para frenar la masificación turística y proteger el derecho a la vivienda.

El sector turístico, por su parte, ha mostrado su descontento con las reformas. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) advierte que la subida del ITSy las nuevas restricciones al alquiler vacacional podrían afectar la competitividad de Baleares frente a otros destinos del Mediterráneo. Asimismo, la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos (Baleval) ha calificado el nuevo impuesto a los coches foráneos como "discriminatorio".

No obstante, algunos hoteleros sí respaldan las nuevas regulaciones, ya que consideran que el alquiler vacacional ha distorsionado el mercado y que es necesario un mayor control para evitar el encarecimiento de la vivienda.