El PSOE-A rechazó lo que ahora ha pactado Sánchez sobre financiación con ERC

El PSOE andaluz tendrá que elegir entre asumir lo que Pedro Sánchez ha firmado con ERC en materia de financiación autonómica para investir a Salvador Illa o ser fiel a sus principios, los que ha defendido durante años en el Parlamento de Andalucía, incluso reafirmándose recientemente. En otras cuestiones, como la amnistía, la dirección actual de los socialistas andaluces, encabezada por Juan Espadas, no ha tenido reparos en cerrar filas con el presidente del Gobierno.

La situación ahora es distinta porque afecta de lleno a la igualdad de todos los españoles a la hora de recibir financiación suficiente para que sus respectivas administraciones autonómicas –que tienen las competencias en sanidad y educación– le presten servicios públicos esenciales. En otras palabras, para garantizar el Estado del Bienestar en todos los territorios de España, algo que sí ha hecho ERC en su pacto con el PSC para investir a Illa. Eso sí, circunscrito solo a Cataluña.

Al margen del «cupo catalán» y la recaudación de todos los impuestos, el pacto incluye en materia de financiación un apartado de «transitoriedad», es decir, un compromiso para establecer mecanismos de compensación mientras se aplica lo acordado.

Esa «transitoriedad» señala que mientras se produzca el desarrollo del nuevo modelo de financiación acordado de manera bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat, se producirá un «incremento sustancial de recursos derivados de la evolución de las necesidades del Estado del Bienestar y compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo».

Esto supone una especie de «fondo transitorio» para Cataluña, algo que ha venido reclamando Andalucía desde hace años, tanto con Susana Díaz en el Gobierno como con Juanma Moreno. En el caso andaluz, con más argumentos incluso porque es una de las cuatro comunidades infrafinanciadas, es decir, que recibe menos dinero del sistema de financiación que la media de regiones.

En concreto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha apostado por un fondo de compensación para las comunidades autónomas que reciben menos financiación de 3.277 millones de euros, que se repartirían de la siguiente manera: 1.409 millones serían para Andalucía, la comunidad con mayor población; 1.148 para la Comunidad Valenciana, 405 para Murcia y 315 millones de euros para Castilla-La Mancha.

Hay otro criterio que recoge el acuerdo entre ERC y PSC que choca frontalmente contra lo defendido por el PSOE. El texto señala que «Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben».

En el dictamen sobre financiación autonómica aprobado en el Parlamento andaluz en 2018 con María Jesús Montero como consejera de Hacienda se rechazaba claramente este principio. Ese texto, tomado como referencia por el PSOE desde entonces y que apoyó el PP andaluz –entonces en la oposición y con Rajoy en el Gobierno de España– deja muy claro que «el Parlamento de Andalucía considera que el criterio de ordinalidad (la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranquin de las mismas en términos de capacidad fiscal) puede poner en peligro el principio de equidad. Además, en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto».

Lo que entonces atentaba contra la «equidad», es decir, con la igualdad de todos los españoles y, además, se consideraba que no tenía base legal, es lo que ha firmado ERC y el PSC con el aval de Pedro Sánchez.

La postura común del PSOE, PP y la izquierda en la Cámara andaluza puede ahora saltar por los aires. El dictamen dejaba claro que «la capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar de ninguna manera el cumplimiento de la equidad en la prestación de servicios públicos» porque «una comunidad con un nivel de renta relativamente bajo debe poder ofrecer los mismos servicios que otra con más renta».

Por ese motivo, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, reclamó ayer a los socialistas andaluces que «ha llegado la hora de decidir si están con Andalucía o están con Sánchez, porque ya hoy es incompatible defender a Sánchez y defender a Andalucía».