El pasado judicial estalla en racimo al PSOE de Andalucía

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se presentó como candidata «orgullosa» del pasado socialista. El 77,4% de los andaluces, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, vincula a Manuel Chaves y José Antonio Griñán con la corrupción, por el 17,2% que no. «Se ha demostrado que los ERE fue un invento del PP», señaló Montero en los micrófonos de Radio Sevilla. El «caso ERE», lejos de desaparecer tras la injerencia del Tribunal Constitucional y a pesar de que en la Wikipedia se haya editado el relato socialista, acumula cientos de causas pendientes. La «herencia» judicial de los más de 36 años del PSOE en la Junta no acaba ahí. El juez ha reactivado también la causa de la Faffe con la imputación de 21 personas por prevaricación y malversación. En lo que a Invercaria se refiere, la Sección Cuarta ha fijado para hoy el inicio de un nuevo juicio de la macrocausa con petición de seis años y medio de cárcel para el ex presidente del ente Tomás Pérez-Sauquillo. También de la etapa socialista es el caso de UGT-A, con la participación de la Junta como pagadora. El sindicato ha recurrido la sentencia que le declara responsable subsidiaria de los 40 millones de las facturas falsas. La resolución impugnada señala que el acuerdo con la Junta para la deuda por reintegro «no implica el pago de la deuda reclamada».

El 19 de enero de 2011 comenzó oficialmente la Instrucción del «caso ERE» tirando del hilo de la causa de Mercasevilla. Catorce años después, la macrocausa sigue creciendo, con dos piezas más desde el verano. El análisis de las ayudas a diferentes empresas canaliza en nuevas presuntas irregularidades. Son ya 136 causas separadas del llamado «procedimiento específico», por el que numerosos altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista fueron a prisión hasta que el Tribunal Constitucional ordenó la revisión de la sentencia en una decisión sin precedentes enmendando la plana al Tribunal Supremo. La pieza política, que afecta a los ex presidentes Chaves y Griñán, sigue a la espera de una sentencia que tardará meses. El sumario de los ERE se divide en 136 casos, de los que 68 están en el juzgado instructor y 44 se han elevado a la Audiencia de Sevilla. Apenas se han cerrado una veintena de causas con sentencia, entre ellas, el año pasado, la del «chófer de la coca», en cuyo juicio se desglosó el uso de «billetes de 500» –1,5 millones del dinero supuestamente para los parados en droga, «copas y fiestas»–, un viaje a Sudamérica y hasta un trabajo por enchufe para su suegra. Cuatro años de prisión le cayeron a Juan Francisco Trujillo, «amigo de la infancia» de Javier Guerrero, vórtice del caso y fallecido durante el proceso, como una veintena de implicados.

El «caso Faffe», así como el de los ERE, supone el epítome a modo de gota malaya que rebosa el vaso de las corruptelas. Durante tres décadas y media, en el seno de la Junta de Andalucía se tejió un sistema clientelar en el sacro nombre de la «paz social» y un engranaje de enchufismo que pervirtió hasta la raíz al partido que lideró el autonomismo en Andalucía con tal caudal de apoyo popular como para «obligar» al Estado a igualar a la comunidad andaluza como territorio histórico con el alto abolengo de enclaves parapetados sobre la diferencia de sus lenguas como País Vasco, Cataluña y Galicia. El «caso ERE» iba de compra de voluntades y «criaturitas» y el «caso Faffe» de nepotismo y unos grados de impunidad entre los altos cargos socialistas al punto de gastar fondos de una fundación supuestamente creada para ofrecer oportunidades a los parados –en una de las regiones con mayor desempleo de España– en prostíbulos varios, simulando incluso la devolución de estos fondos. El ente existió entre 2003 y 2011, con la Junta bajo mandato socialista, cuando fue disuelto e integrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que absorbió su estructura. La campaña electoral del PP-A de las elecciones de diciembre de 2018 arrancó en uno de estos prostíbulos: el Don Angelo, que ahora es una Farmacia 24 horas. El ex director de la Faffe Fernando Villén defendió hasta que no tuvo más salida que pagó de su bolsillo las juergas o que reintegró los fondos. Fue condenado a seis años de prisión y la ex directora financiera del ente Ana Valls a cinco años y tres meses de cárcel. La Justicia reactiva ahora otra de las ramas del caso. Entre los investigados figuran de nuevo el ex director general Fernando Villén y la ex directora económica Anna Valls, quienes ya fueron condenados por el uso de las tarjetas en los prostíbulos. El juez imputa a 21 cargos y empresarios por los enchufes del PSOE en la Faffe por correo electrónico. El magistrado pide al Servicio Andaluz de Empleo los expedientes completos de los familiares de cargos socialistas y directivos de la extinta fundación. El juez prorroga otros seis meses el plazo de instrucción del procedimiento y considera que existen «indicios» de la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

En un auto fechado el día 29 de enero y notificado ayer a las partes personadas, el magistrado acuerda de este modo librar oficio a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo para que emita un informe sobre «relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe» desde 2007 hasta su extinción/liquidación en 2011; «relación y número de los expedientes de reintegro y/o de revisión de oficio, en su caso, iniciados y/o tramitados en relación a tales subvenciones, con indicación expresa de las deficiencias e irregularidades apreciadas en tales expedientes», así como «relación, número y cuantificación de las deudas por reintegro de la Faffe que, en su caso, se entendieran extinguidas al ser absorbida dicha Fundación, tras su liquidación, por el SAE». El auto señala que «existen indicios de que la Faffe habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente en el curso de los ejercicios –al menos–2008, 2009 y 2010, acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios».