«Caso ERE»: 14 años de «la mayor causa de corrupción de España»

El 19 de enero de 2011 comenzó oficialmente la Instrucción del «caso ERE» tirando del hilo de la causa de Mercasevilla. Catorce años después, la macrocausa sigue creciendo, con dos piezas más desde el verano. El análisis de las ayudas a diferentes empresas canaliza en nuevas presuntas irregularidades. Son ya 136 causas separadas del llamado «procedimiento específico», por el que numerosos altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista fueron a prisión hasta que el Tribunal Constitucional ordenó la revisión de la sentencia en una decisión sin precedentes enmendando la plana al Tribunal Supremo. La pieza política, que afecta a los ex presidentes Chaves y Griñán, sigue a la espera de una sentencia que tardará meses. El sumario de los ERE se divide en 136 casos, de los que 68 están en el juzgado instructor y 44 se han elevado a la Audiencia de Sevilla. Apenas se han cerrado una veintena de causas con sentencia, entre ellas, el año pasado, la del «chófer de la coca», en cuyo juicio se desglosó el uso de «billetes de 500» –1,5 millones del dinero supuestamente para los parados en droga, «copas y fiestas»–, un viaje a Sudamérica y hasta un trabajo por enchufe para su suegra. Cuatro años de prisión le cayeron a Juan Francisco Trujillo, «amigo de la infancia» de Javier Guerrero, vórtice del caso y fallecido durante el proceso, como una veintena de implicados.

Al margen del goteo incesante de los ERE irregulares, también continúan saliendo autos que cuestionan de lleno las dos últimas décadas de los gobiernos del PSOE, a pesar de que la candidata «in pectore» de los socialistas andaluces y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se haya mostrado «orgullosa» como heredera de Chaves y Griñán en su puesta de largo. Acaban de ser procesados el exconsejero Manuel Recio y el exrector de la Universidad de Cádiz por ayudas de 20,2 millones a los extrabajadores de Delphi. De lo pendiente de los ERE, sobresale la pieza de las sobrecomisiones que la jueza Alaya cuestionó desde el inicio de la instrucción. Los intermediarios, afines a la administración socialista, engrosaban su nómina por encima del mercado por gestionar la contratación de las pólizas de las prejubilaciones. Ese presunto fraude lo cifró la dirección general de seguros en unos 66 millones. Se habló de «dinero para asar una vaca» en el caso del conseguidor Juan Lanzas.

El 19 enero de 2011 la entonces jueza Instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya abrió las diligencias previas número 174/2011, que desembocaron en «el caso ERE», considerado como «la mayor causas de corrupción de la historia de España», junto al «caso Bárcenas» o «Malaya», y que destapó un arbitrario reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores con el consiguiente rédito político para el partido en el poder.

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Más de un lustro después de la condena primigenia del «caso ERE», el juicio busca sentencia. «La Junta colabora con los que colaboran», se oía en la grabación que fue origen del «caso Mercasevilla». El 3 de abril de 2009 se destapó un intento de extorsión en el mercado central hispalense y desde ahí la jueza Alaya comenzó la instrucción del «caso ERE», una causa que costó la carrera política a los ex presidentes Chaves y Griñán y acabó con varias décadas de altos cargos socialistas en prisión. El 5 de diciembre de 2017 comenzó la primera vista del llamado «procedimiento específico» para determinar si hubo «una gran trama» además de «un gran fraude». El 19 de noviembre de 2019 Griñán era condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas; Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los jueces censuraron a la excúpula del PSOE andaluz por urdir un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones sin control. El 26 de julio de 2022 el Tribunal Supremo confirmó las penas. Griñán postergó la entrada en prisión alegando cáncer. En julio de 2024 el TC, en un fallo sin precedentes, enmendó la plana del Supremo y envió el caso de nuevo a la Audiencia de Sevilla para dictar una nueva sentencia. Los condenados en prisión fueron saliendo en cascada y la causa entró en terreno inexplorado e, incluso, inhóspito en términos de jurisprudencia considerando los votos particulares contra el dictamen de la mayoría progresista del Constitucional (siete contra cuatro). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultó «de forma urgente» al Poder Judicial sobre la excedencia de una magistrada que dictó la sentencia primigenia. El entonces presidente de la sala –Juan Antonio Calle Peña– ya está jubilado. El pasado 7 de noviembre, la Audiencia de Sevilla reforzó el tribunal encargado de dictar la nueva sentencia: cinco magistrados –dos ya formaron parte de la Sala del primer fallo– integran el tribunal. A las magistradas Pilar Lorente –ponente además de la resolución– y Encarnación Gómez, que ya integraron el tribunal que dictó la sentencia recurrida, se unen los magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina, que fue instructor del «caso Marta»; Patricia Fernández, que investigó el supuesto amaño de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar; y Juan Jesús García Vélez, instructor del caso de las facturas de UGT-A.

El pasado julio se consumó la revisión del «caso ERE» por parte del TC, aceptando en parte los recursos de una docena de condenados, con la salvedad del ex director de Trabajo Juan Márquez; el ex viceconsejero Agustín Barberá, que no recurrió al TC; y el ex consejero José Antonio Viera, cuyo recurso fue rechazado por un error de forma «insubsanable». La nueva sentencia es una incógnita. El TC instó a la rebaja de la pena de inhabilitación, como en el caso de Chaves, y a la anulación de condenas de cárcel por malversación a otros como el que fuera su sucesor, Griñán. El PSOE-A minimiza la nueva espera considerando que ya se dictaminó que «no hay trama política».