La última palabra para los 37 procesados en el «caso Astapa»

Por Montserrat Martínez.

El macrojuicio del «caso Astapa» contra la corrupción política y urbanística llega este lunes a su recta final por unos hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace veinte años, después de que el Tribunal dé la última palabra a los 37 procesados, entre ellos el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos.

El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha acogido el juicio, ha citado para hoy lunes a los procesados a las 11:00 horas para que puedan ejercer el derecho de última palabra, según una diligencia de ordenación, a la que accedió Efe. Hay cinco acusados que ya han manifestado a la Sala su renuncia expresa al ejercicio de tal derecho pero el resto están obligados a comparecer con sus respectivos letrados y cuando finalice dicho trámite el presidente del Tribunal dirá «visto para sentencia», en un juicio que arrancó en enero de 2023 con cuestiones previas.

El caso Astapa siempre se le ha considerado el «hermano pobre» del «caso Malaya» y su instrucción y la celebración del juicio no ha estado exento de polémica, entre ellas, por las dilaciones que ha sufrido y por la posible intervención del excomisario José Manuel Villarejo. Las defensas siempre han mantenido la teoría de la supuesta vinculación del excomisario con el inicio de la causa y su presunta manipulación para crear un procedimiento ficticio y de manera interesada para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio sin control judicial. Para el letrado, José Carlos Aguilera, personado en el procedimiento, el desarrollo del juicio ha evidenciado que, como consecuencia de las extraordinarias dilaciones que ha sufrido, «Astapa ya no tenía sentido, se están enjuiciando hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace 20 años», lamentó. Para Aguilera «la consecuencia es que el Tribunal ya no podrá impartir justicia: solo puede dictar sentencia, como expresión “formal” de la terminación de la causa. La Justicia hace mucho tiempo que se ausentó de este proceso», apostilló.

La fase de juicio ha durado año y medio, con un promedio de tres sesiones semanales, lo que ya se hizo también en el «caso Malaya», y ha representado un enorme esfuerzo para el Tribunal, la Fiscalía y las defensas. Para su celebración, los magistrados decidieron celebrarlo por bloques y que sólo acudieran al juicio los acusados imputados de ese delito, método pionero en Malaya y que fue copiado mas tarde en muchos juzgados de España. Posteriormente, en los meses de junio y julio se presentaron los escritos de conclusiones finales de las acusaciones (el Ayuntamiento de Marbella se retiró) y mas tarde llegó el turno de las defensas.

Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el consistorio y aumentar el gasto público, para beneficio propio o de los partidos. Para el ministerio público dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de «eludir controles»; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».

El fiscal afirma que los cargos públicos podían disponer de esos fondos y los empresarios con sus aportaciones se ganaban la confianza y obtenían el cauce idóneo para obtener beneficios y justificar pagos y ha precisado que aunque no duda de que las aportaciones de los empresarios fueron voluntarias hay pruebas que llevan a descartar la espontaniedad de las mismas.

Los empresarios, según el fiscal, con esos pagos lograban ventajas y se ganaban la disposición de las autoridades a impulsar actuaciones administrativas y era el cauce idóneo para contabilizar y descontar todos los gastos. “Se produjo un desfalco de toda regla”, según Anticorrupción.

Se produjeron delitos de malversación, fraude y cohecho y se infringieron principios fundamentales y de legalidad para obtener unos beneficios propios o para terceros, según el fiscal, que durante su alegato final precisó que esas prácticas se produjeron en un momento en el que “había una reacción social discreta ante la corrupción urbanística en el ámbito municipal debido a un discurso político engañoso”, que se justificaba en un crecimiento económico y de la inversión en España.