La Junta de Andalucía, tras el aviso de Cepsa de congelar inversiones: "Lo veníamos advirtiendo"

La consejera de de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha sido este viernes muy crítica con la continuidad del "impuestazo" a las energéticas y a la banca y más tras el aviso de Cepsa de congelar sus inversiones ante la incertidumbre regulatoria y fiscal y la posibilidad de que este impuesto extraordinario se pueda convertir en un gravamen permanente. "Lo veníamos advirtiendo y avisando de que algo así podía suceder".

De esta manera, en un audio remitido a los medios, España ha afeado que el Ejecutivo central, "en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas".

En detalle, ha advertido de que la continuidad del "impuestazo" a las energéticas y a la banca "puede afectar" a proyectos "importantes" para el futuro de Andalucía, como el Valle del Hidrógeno Verde, en las provincias de Cádiz y de Huelva, con una inversión prevista de más de 4.000 millones de euros y una previsión de 12.500 empleos.

De esta manera y basándose en la reacción del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, a este asunto, ha afirmado que el Gobierno andaluz "no se va a quedar de brazos cruzados ante la decisión de convertir en permanente el impuestazo a las eléctricas"

"Desde Andalucía vamos a usar todos los instrumentos legales, institucionales y sociales que hacen falta para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades sí y a otras no", ha asegurado para añadir que "todo" el trabajo del Gobierno andaluz para traer "riqueza, inversión y empleo se pierde ahora por culpa de un Gobierno que está más preocupado en su propia supervivencia que en resolver los problemas de los ciudadanos".

Por último, ha afirmado que Sánchez "no se puede mantener en la Moncloa a costa de todos los españoles y a cualquier precio". "Es muy difícil enfrentarse a la vez a la oposición, a sus propios socios, a las empresas, a los inversores internacionales y esto es lo que está consiguiendo el presidente del Gobierno: ahuyentar a la inversión en España en general".

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este viernes la retirada "inmediata" de la propuesta del Gobierno de España de establecer un impuesto permanente a las energéticas, considerando que esta medida significaría "un daño irreparable" para la economía y que "pondría gravemente en peligro inversiones fundamentales para Andalucía".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a un colegio público de Cádiz, Antonio Sanz ha calificado de "preocupante" la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez de "destrozar la economía de manera permanente", en este caso, la reindustrialización o la industrialización de España y "de manera muy especial de Andalucía".

"Andalucía se juega seguir poder liderando la transición energética y podemos perder una oportunidad histórica como palanca de reindustrialización que significa hoy el sector energético", ha alertado el consejero, apuntado a cifras como los "más de 8.000 millones de euros de inversión" que en este momento están comprometidas, o la generación de "más de 20.000 empleos" que están "en peligro" por "un capricho ideológico, político y absolutamente injustificado".

Entre esas inversiones en Andalucía que estarían "en riesgo", se ha puesto sobre la mesa proyectos como el hidrógeno renovable de biometano, de biocombustible, la energía elólica y fotovoltáica, y otras relacionadas con la movilidad sostenible. Para Sanz, esto es una medida "sin justificación, solo ideológica, que va contra la economía productiva y que no cuenta con el respaldo jurídico europeo", al recordar que el Fondo Monetario Internacional "ha alertado de los efectos perniciosos que para la economía tendría esta iniciativa".

En ese sentido, ha señalado que España sería "el único país" en aplicar este impuesto permanente, perjudicando con ello "la competitividad empresarial en Andalucía y en España", además de "poner en riesgo" la inversión y la industria española y ser es una medida que "va a generar desconfianza e inseguridad para los inversores".

Sanz se ha dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien le ha dicho que "no quiere que Andalucía avance y se desarrolle" ya que "cada vez que estamos dando pasos de gigante en materia de industrialización, lo que hace es ponernos zancadillas y intentar bloquear el futuro de Andalucía". "Se ha olvidado que es andaluza y cada día se convierte en más en un gobernante que gobierna contra Andalucía", ha aseverado.

Para el consejero, la solución a todo lo relatado vendría con la retirada de esta iniciativa que "va contra Europa y contra la jurisdicción europea", y que sería, según sus palabras, "un nuevo atropello a Andalucía y a su progreso, su futuro, su desarrollo y especialmente a su industrialización".

De su lado, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha criticado este viernes el "impuestazo" a las energéticas y a la banca al querer el Gobierno central dar continuidad a este gravamen. "No entendemos la voracidad fiscal del Gobierno", ha señalado para advertir que "Andalucía tiene tanto en juego y tanto está en riesgo" por esta decisión tras ver que Cepsa ha decidido congelar sus inversiones por esta situación.

En un audio remitido a los medios, Paradela ha detallado que las inversiones de Cepsa en España radican fundamentalmente en Andalucía y, en concreto, en Huelva y en Cádiz. "Estamos hablando del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto emblemático para el Plan Nacional de Energía y Clima, es decir, el propio Gobierno de España, hasta ahora pensábamos que estaba verdaderamente interesado en sacarlo adelante", ha lamentado.

Así, ha criticado que lo que surgía "como algo temporal en un marco europeo" ahora el Gobierno "se empeñe" en convertirlo en definitivo poniendo "en riesgo" una inversión de 3.000 millones de euros, 10.000 empleos. "Supone más del 20% de lo que España se plantea como objetivo en ese ámbito del hidrógeno verde".

"Uno no puede evitar preguntarse dónde está la seguridad jurídica, dónde queda la seguridad jurídica", ha cuestionado Paradela para afirmar que "la inversión requiere moverse en un ámbito de seguridad jurídica, un marco regulatorio predecible", por lo que ha apuntado que, con decisiones de ese tipo, el Gobierno lo que hace es "desviar posibles inversiones de ese calado hacia otras latitudes, hacia otros países".

De esta manera, ha apuntado que la Junta ve "una incoherencia muy grande entre los planes de descarbonización que lidera el propio Gobierno de España y decisiones de este tipo" y, por tanto, Andalucía tiene que "elevar la voz". "Se trata de los proyectos de mayor calado en términos de inversión y empleo y no entendemos que la voracidad fiscal del Gobierno ponga en riesgo sus propios planes de lucha contra el cambio climático, sus propios planes para que España lidere la descarbonización de la economía europea y los planes de comunidades autónomas como Andalucía que tienen tanto en juego y que tanto están en riesgo".