No siempre pasa lo mismo

El papel del poder judicial como guardián de la legalidad y el equilibrio en las democracias ha sido recurrentemente objeto de debate, críticas y tensiones. Tanto en el pasado como en la actualidad, el sistema judicial ha sido acusado de actuar como un bastión del conservadurismo frente a proyectos de transformación social promovidos desde sectores progresistas. La historia de la Segunda República Española y las críticas de la izquierda a los jueces durante aquel período ofrecen un espejo interesante para observar las controversias judiciales que resuenan en nuestros días. Durante este periodo la judicatura fue cuestionada por su supuesta alineación con las élites tradicionales y su resistencia a las reformas sociales impulsadas por los gobiernos republicano-socialistas. Se les acusaba de ser un freno a la redistribución de tierras, los derechos laborales y la secularización del Estado, actuando de manera parcial a favor de los intereses de las clases dominantes. Voces como las de Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto, así de medios como El Socialista, denunciaron en repetidas ocasiones la falta de imparcialidad del sistema judicial y su papel en la perpetuación de las desigualdades. En la actualidad el discurso crítico desde ámbitos políticos hacia la judicatura se manifiesta nuevamente, y de nuevo en un contexto de extrema polarización. Las críticas actuales también se centran en la percepción de que determinados órganos judiciales responden a intereses conservadores. El paralelismo es especialmente evidente en el lenguaje empleado. Frases como «el poder judicial está fuera del control democrático» o «actúan como una élite que protege sus privilegios» o «no ha finalizado la transición» encuentran un claro antecedente en los discursos de los líderes republicanos del pasado. Ahora bien, hay notables diferencias, en la República se le atribuía a la judicatura un rol activo reaccionario frente a las reformas institucionales convirtiéndoles en enemigos del cambio social, mientras que en la actualidad, utilizando similares descalificaciones lo que se encubre es la discrepancia frente a decisiones judiciales, críticas que si no buscaran la deslegitimación y cuestionamiento del sistema, serían totalmente admisibles; ante ello solo cabe el refuerzo de la necesidad de mantener un poder judicial independiente que garantice el equilibrio de poderes y los derechos de todos los ciudadanos. Pero es que además las cosas han cambiado y mucho, la actual carrera judicial es fiel trasunto de la sociedad española, sociedad que desde el último cuarto del siglo XX cuenta con una universidad que permite y fomenta el acceso de jóvenes provenientes de todos los estratos sociales, así como un sistema de acceso a la Judicatura que se basa fundamentalmente en el esfuerzo y sacrificio personal de los opositores, garantizando la igualdad de oportunidades (el máster universitario más barato es más caro que la preparación de unas oposiciones); esto ha determinado que la carrera judicial española sea un fiel reflejo de la pluralidad que se da en la sociedad; lo que algunos parecen olvidar es que la potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con sometimiento exclusivo a la ley; el poder judicial no es ni un trasformador social ni un obstáculo para la trasformación. Por último, en la actualidad contamos con un Consejo General del Poder Judicial que, con su presidenta a la cabeza, se encuentra comprometido con la defensa de la independencia judicial. Ahora bien, resulta paradójico y preocupante que el pasado jueves se haya aprobado la mayor reforma en nuestra organización judicial en los últimos 130 años y no ocupe lugar destacado en los medios de comunicación, mientras que este lugar lo colman determinadas actuaciones judiciales que no es necesario citar. Como dijo Karl Marx, «la historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa».