La soledad del Gobierno, abandonado por sus socios habituales, ha dejado patente el bloqueo institucional al que está abocada esta legislatura. Ayer, el PSOE en general, y María Jesús Montero en particular, se vieron obligados a pedir una nueva prórroga –y van dos– para retrasar la votación en el Congreso de la minireforma fiscal que intentaban colar en el proyecto de ley del nuevo tipo mínimo de Sociedades. Con este aplazamiento, el Gobierno solo ha ganado cuatro bocanadas de aire para sumar tiempo y renegociar con sus socios. Pero las posiciones están tan alejadas que el acuerdo puede acabar en una vía muerta, con una muesca más a sumar en la empuñadura de los fiascos de Montero.

Una concatenación de errores ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a meterse en un callejón sin salida de difícil resolución. Sus socios parlamentarios han dejado patente su descontento por las formas demostradas, tras obviarles como compañeros de mus en el tapete, envidar con un pacto bilateral PSOE-Sumar y lanzar un órdago con Junts y PNV para dejar en el cajón el impuesto a las energéticas, excusa principal del rechazo de ERC, Bildu y Podemos para evitar su apoyo al proyecto de ley.

No ha sido brillante la estrategia de Moncloa de cerrar una agenda oculta con unos, mientras se dejaba como segundo plato a los otros. La heterogenia del arco político que sustenta al Gobierno –desde la extrema izquierda de Podemos hasta la derecha independentista de Junts– tiene estas cosas, que cuando sus objetivos y exigencias chocan, el que está en medio es el que sufre las consecuencias.

En este caso, la distancia entre los socios la marca la carga impositiva. En la batería de enmiendas propuestas por el PSOE se incluye el impuesto a la banca, el aumento de la fiscalidad al gasóleo y al tabaco o elevar la tributación a las rentas del capital. Todas juntas sumarían un golpe fiscal a empresas y hogares de más de 4.500 millones de euros, que satisface a la izquierda, pero enerva a la derecha. Mientras, el PNV baila al son del dinero que pueda amasar, en este caso la recaudación del tipo mínimo de Sociedades para sus haciendas forales.

El PP ha preferido poner distancia para ver cómo se despedazan entre ellos y se ha agarrado al talante institucional –aunque también interesado–, con predisposición a apoyar el texto del Gobierno si se ciñe a su fin primigenio, el de aprobar la trasposición del impuesto mínimo global del impuesto de Sociedades y para combatir el fraude a los hidrocarburos, sin más aliños no deseados en forma de nuevos tributos y mayor presión fiscal. Se lograría así superar el trámite parlamentario sin ningún inconveniente al margen de lo que voten los «mutualistas» del Gobierno. Pero esto es España y aquí los grandes pactos de Estado que demanda la mayoría de votantes son una utopía.