Paneles por olivos no es la solución

La implantación de las energías renovables en España es hoy una realidad. En los meses récord de viento o emisión solar, el sistema funciona con tal potencia que hay momentos en que el coste de la energía que pagamos es cero. Las dificultades surgen en las semanas de más baja producción, cuando estamos obligados a tirar de las fuentes tradicionales, y el precio se dispara. Pero incluso si el rendimiento fotovoltaico es pleno, surge el problema de que la red no es

suficientemente potente como para absorber toda la energía generada, de manera que mucho de lo producido se pierde. Si a ello añadimos las dificultades de almacenamiento y la burocracia creciente, el resultado es que la implantación renovable va a sufrir retrasos no previstos respecto de los objetivos marcados, de manera que en 2030 aún restará un trecho más que relevante para alcanzar el nivel concertado con la Unión Europea.

A lo anterior se suma un problema añadido, no menor. Si bien la aceptación de la fotovoltaica es enorme en viviendas particulares y comunidades de vecinos, empieza a detectarse un nivel preocupante de rechazo cuando se trata de macro instalaciones, tipo huertos solares, mega plantas o parques eólicos rurales. La constatación a esto último, sobre todo cuando se siembran los aerogeneradores en áreas protegidas, es hoy ya un hecho que no se puede ocultar. Aunque las manifestaciones de desafección no son exclusivas de la eólica. También se vive hoy, con gran intensidad, en el entorno de las plantas solares que se construyen en el sur de España. Agricultores de Jaén y Córdoba se movilizan estos días contra las multinacionales de la fotovoltaica, bajo el conocido lema “renovables sí, pero no así”, en señal de protesta por la expropiación forzosa de tierras y tala indiscriminada de olivos para instalar paneles.

Tales proyectos se promueven incluso en zonas protegidas, consideradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. En los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo se van a perder no menos de 100.000 olivos en una superficie equivalente a alrededor de 100 campos de fútbol. Lo peor es que los proyectos han sido declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía, que desestimó todas las alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones. Los afectados creen que, en vez de generar empleos, estos proyectos “acabarán con el sustento de muchas familias”, pues contribuirán a destruir puestos de trabajo durante la temporada de la aceituna, por lo que van a “arruinar nuestros campos y pueblos”.

Otro llamativo ejemplo está en Cartaojal, pueblo malagueño donde se han arrancado miles de olivos, contra el criterio de sus propietarios, con la única explicación de que hay que sacrificar tierras por el interés mayor de la Agenda 2030. Los vecinos quieren seguir con sus olivares, pero desde el Ayuntamiento les dicen que la UE favorece transformar esos campos en huertos fotovoltaicos, pues les reportaran mayores ingresos.