México será el primer país del mundo que escoja a sus 1.650 jueces federales por elección directa, tras decidirlo así el presidente izquierdista saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La medida parece democráticamente incuestionable, aunque sus detractores consideran que fulmina la separación de poderes y «okupa» el poder judicial.

Obrador está a punto de entregar la presidencia a su partidaria Claudia Sheinbaum, pero antes de irse ha querido acabar con un «judiciario» que, bajo el argumento de que favorece a la corrupción, da cobijo al narcotráfico y es aliado de la derecha, le amargó el sexenio al bloquearle reformas clave como la participación del Estado en el sector energético o la entrega de la seguridad ciudadana a los militares. En México se registran diariamente 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, pero es dudoso que la elección directa de los jueces «por el pueblo», pueda cambiar la situación. Sobre todo, porque no es una elección libre, sino condicionada, cuyo último objetivo es instaurar un régimen autoritario, sin división de poderes y que perpetúe a su Partido (Morena) en el poder. Nada nuevo que no fuese objetivo preferente del Foro de Sao Paulo, copiado después por el Grupo de Puebla, que consideraba necesario que la izquierda «someta a los poderes legislativo y judicial al ejecutivo», para proceder después a «echar del país a los grandes empresarios», y llenar las administraciones de afines, controlar a la banca, comprar votos a base de subsidios y someter a la Prensa.

Cierto que EE.UU. y Suiza permiten la elección directa de los jueces locales, pero se trata de elecciones completamente libres, no condicionadas como México y Bolivia, el otro país que aprobó elegir a los principales magistrados (no la totalidad) por votación popular. «Condicionadas», por un hecho que deslegitima de partida el procedimiento: los aspirantes a electos deben recibir el visto bueno de la Asamblea legislativa. Dado que esa Asamblea la controla en Bolivia el partido del Ejecutivo (Movimiento al Socialismo, MAS), y en México el partido de AMLO (Morena), se está haciendo en realidad un filtrado antidemocrático, en la medida en serán los poderes Ejecutivo y Legislativo quienes decidan qué personas tienen derecho a ser candidatos y quienes no. En Bolivia, por ejemplo, los jueces del Supremo Tribunal, «elegidos por el pueblo», permitieron vulneraciones de la Constitución como que Evo Morales se pudiera presentar a un tercer mandato, entre otras decisiones contra la letra de la Carta Magna. La elección popular de magistrados, por tanto, lleva en estos países inevitablemente a un sistema judicial dominado por jueces favorecidos por el partido gobernante, que controla el ejecutivo y tiene mayoría en el legislativo. Ya es bastante sospechosa la «preselección», pues debe realizarla un Comité de Evaluación Ciudadano, presuntamente «independiente». ¿Quiénes lo formarán? ¿De qué obediencia? No hay ninguna garantía sobre la influencia que el narco pueda tener en ellos, por ejemplo. La presidenta de la Corte Suprema Mexicana, la «progresista confesa» Norma Piña, considera poco serio que se permita ser juez solo por el hecho de «salir de la escuela, tener cinco cartas de recomendación de los vecinos y un determinado promedio académico», amén de acreditar «honestidad y buena fama pública».

Serio o no, la «okupación» del poder judicial por el estamento político parece imparable en México.