Probablemente forme parte de los sueños en algunas mentes calenturientas, o tal vez haya sido munición de ponzoña entre los creadores de falsas historias producto de la incansable e interminable «máquina del fango», pero estaría por jurar que hubo en este país un escándalo de corrupción con proporciones siderales en el que se desviaron nada menos que setecientos millones de euros hacia fines y buchacas para las que no estaban previstos y eso incluyó el gasto en «edificantes» divertimentos en adecuados establecimientos. El dinero desviado por supuesto no se recuperará. Un escándalo que algunos creíamos pasaba por ser el de mayores dimensiones en nuestra historia democrática, pero que ahora, por obra y gracia de un tribunal ¿constitucional? presidido por Cándido Conde-Pumpido resulta que ni siquiera existió, o para ser más exactos, no fue contemplado de la manera más idónea por algún tribunal que al parecer no hizo bien su trabajo como es el Supremo, ya saben, ese que sienta jurisprudencia. El borrado definitivo del caso «ERE» una vez echadas por tierra las condenas por prevaricación a los expresidentes socialistas de la Junta andaluza, Chaves y Griñán, no es solo una inédita rectificación por pate de un tribunal de garantías a la justicia jurisdiccional, sino todo un mensaje a la opinión pública.

La lectura para la credibilidad de la clase política ante los sufridos ciudadanos es sencillamente demoledora, pero sobre todo pone de manifiesto la sensación de impunidad con que se actúa cuando se trata de condenados afines al Partido Socialista o directamente socios en potencia a los que hay que entregar leyes como la de amnistía que enmienda a todo un estado de derecho a cambio de apoyos políticos. El asunto tiene todo que ver con la actual situación de deterioro institucional en nuestro país y por eso no está de más volver a recordar que el Tribunal Constitucional es ante todo un tribunal de garantías y no un tribunal jurisdiccional. El «TC» no instruye causas, ni siquiera el elenco general de sus miembros son jueces, sencillamente su cometido no es el de instruir y juzgar, su función pasa por algo tan elemental y a la vez importante como es velar por que no se vulnere la constitucionalidad en la aplicación de las leyes, cosa que está por ver si ocurrió en sentencias como la del Tribunal Supremo, salvo que el borrado del caso ERE tenga que ver con «regeneraciones democráticas».