El Comité de dirección del Partido Popular ha decidido con mucha inteligencia poner fin a las manifestaciones. El electorado de centro derecha tiene mayor renta y a menudo segunda residencia. Cuesta más mantenerle movilizado. Desgastarse en convocar elecciones cuya participación iría menguando no tiene sentido. Cientos de miles de españoles en todo el país ya han mostrado su disgusto. Es además urgente erigir un cortafuegos entre el PP y Vox.

La principal fuerza de la oposición seguirá con sus acciones en las instancias judiciales y en la UE. Es una pugna noble y casi obligada. Pero sus perspectivas de éxito no son buenas. Pedro Sánchez ha logrado situar a muchas personas afines en los distintos estamentos del sistema judicial. Aunque pueda retrasarse tres meses en el Senado, el proyecto de ley de amnistía se acabará aprobando. La UE no tomará cartas en el asunto. En Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán y su partido Fidesz desde 2010 han llevado a cabo un sinfín de ataques muy graves contra la democracia y boicoteado acciones conjuntas de la UE. Han aprobado legislación que mina la independencia de la rama judicial y del banco central, atacado a la prensa y ONGs o rechazado la importación de cereales de Ucrania. La sanción mediante la suspensión de parte de sus fondos de la UE no llegó hasta 2019. Pedro Sánchez preside un gobierno de izquierda radical pero europeísta y cuenta con aliados en Europa. Y no ha atentado contra la libertad como Viktor Orbán.

El Partido Popular debe preparar las elecciones al Parlamento Europeo y las autonómicas vascas del próximo verano. Sus cargos deben prodigarse en explicar las medidas que un gobierno del PP adoptaría para enfrentarse a los problemas que padece nuestro país. Hay que despreciar los ataques de la izquierda porque buscan mantener un clima de crispación para confundir y agotar a la sociedad. PSOE, Sumar y sus aliados independentistas acabarán peleándose. Sánchez ha aceptado la cesión de los ferrocarriles de cercanías y de todos los tributos que se recaudan en Cataluña. La segunda medida quebraría el conjunto de la financiación de las CC.AA. y la aspiración socialista de un sistema federal. España sí puede permitirse tanto la quita del 20% de la deuda de Cataluña con el FLA (15.000 millones) como el mismo porcentaje para otras 13 CC.AA. (23.000 millones). La deuda pública de Cataluña es de 84.518 millones, la más alta per cápita de todas las CC.AA.

La estrategia independentista fracasará porque es maximalista e irracional. Podría centrarse en gestionar bien las nuevas competencias y tributos y renunciar a otro referéndum. Pero asevera que España debe compensar a Cataluña por tres siglos de maltrato. Ignoran todas las cifras, que muestran cómo Cataluña se ha beneficiado de la Constitución de 1978. Por ejemplo, que el PIB de Cataluña ha aumentado un 87% desde el año 2000. Si lograran la cesión de todos los tributos, reivindicarían que en Europa desde 1989 existen nuevos estados, ignorando que son fruto de la disolución de dictaduras comunistas.

Otro elemento tranquilizador es la mala relación entre ERC y Junts. La enemistad de sus cúpulas dirigentes es notoria y se traslada en parte a sus bases. Se ha desatado otra pugna interna en Junts. En la historia, cuando se lucha por un objetivo de manera dividida normalmente presagia mayor discordia aunque se consiga.

Irlanda sufrió siete siglos de terrible opresión inglesa. Tras combatir la ocupación británica entre 1916 y 1921, David Lloyd George ofreció negociar. El egocéntrico Éamon de Valera obligó a su carismático rival, Michael Collins, a ser miembro destacado de la delegación irlandesa en la que no participó. De Valera ya conocía las líneas rojas británicas: no a la república y al Úlster. Arthur Griffith y Collins consiguieron la creación del soberano Irish Free State. El acuerdo fue refrendado por el Dáil irlandés y los partidos pro tratado se impusieron en las elecciones de 1922 por 486.419 votos contra 133.869. A su pesar, Collins se convirtió en primer ministro y jefe del ejército. De Valera inició una guerra civil que duró hasta 1923 y causó la muerte de 1.326 soldados y más de 400 civiles irlandeses. Cuando Collins acudió a Cork para negociar con De Valera, fue emboscado y asesinado. Murió a los 31 años, después de haber luchado con éxito contra el Imperio Británico, negociado la independencia de Irlanda y presidido su transición a la democracia. Medio millón de irlandeses (20% de la población) asistieron a su funeral. El Úlster aún es parte del Reino Unido y en Australia y Canadá el monarca británico aún es el jefe de estado. De Valera, presidente de Irlanda entre 1959 y 1973, sentenció que la historia reconocería la grandeza de Michael Collins, y que sería a su expensa. Un siglo después del final de la guerra civil irlandesa, el nacionalismo catalán haría bien en meditar qué posicionamientos maximalistas fracasan y causan mucho sufrimiento e incluso violencia.

Dr. Alexandre Muns Rubiol.Profesor, EAE Business School.