El exministro socialista Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse del recurso de amparo contra la amnistía. Es una decisión cómoda porque así no tendrá que asumir el pumpidazo. Cuando era titular de la cartera de Justicia afirmó que «la amnistía es claramente inconstitucional». Los hagiógrafos del sanchismo deberían recordar que estos pronunciamientos, que fueron muchos, se referían al concepto y no a una iniciativa concreta. Aunque Cándido Conde-Pumpido imponga su sesgada interpretación, lo que ya se conoce como el pumpidazo, cualquier jurista sabe que es inconstitucional. Es una indecencia «palmaria», utilizo este término en honor del secretario general del Congreso, que se tramite una proposición de ley que ha sido redactada con los delincuentes políticos que se van a beneficiar de ella. Es una técnica legislativa tan insólita como pintoresca. Los representantes de los delincuentes y sus aliados son los que la votarán. No hay que sorprenderse porque estén tan envalentonados. El magistrado Campo ha hecho muy bien al no apoyar el pumpidazo, porque asumiría un gran descrédito. La diferencia que adujo cuando apoyó los indultos es que estos, a diferencia de la amnistía, no hacen desaparecer el delito.

No tiene sentido que la magistrada Laura Díez, cuyo único mérito conocido es haber sido alto cargo y contar con la confianza de Sánchez, no se aparte a la hora de decidir si esta medida de gracia vulnera o no derechos fundamentales. En el caso de Conde-Pumpido cabe recordar que en 2021 optó por abstenerse cuando el Constitucional tuvo que resolver sobre los asuntos vinculados al procés. La diferencia es que los independentistas que entonces le recusaron son ahora sus mayores defensores, ya que es la pieza indispensable para que el pumpidazo llegue a buen puerto. Es la garantía que ha ofrecido el PSOE para conseguir los votos de Puigdemont y Junqueras. Es curioso que quien defendió que la rebelión contra la Constitución pretendía subvertir el Estado social y democrático de Derecho ahora esté dispuesto a avalar la amnistía. Esta mutación constitucional sienta un precedente peligroso, porque el Poder Judicial queda supeditado a la arbitrariedad de la nueva «soberanía popular» del Legislativo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)