Ha llegado el momento tan esperado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, formada por los magistrados expertos en Derecho Penal más prestigiosos de nuestro país, ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 de la ley Orgánica de amnistía a la que los socialistas añadieron el pomposo y falaz título «para la normalización institucional, política y social en Cataluña». El contenido del auto es demoledor, porque establece que «vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley» y «los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que proclama la Constitución» a la vez que podría vulnerar el «principio de exclusividad jurisdiccional». El Gobierno de izquierda radical espera que Conde-Pumpido cumpla con su papel y declare la constitucionalidad de la norma. No importa que el propio Sánchez dijera en su día que no lo era o que reconociera que la impulsó para comprar la investidura, lo que muestra el fin ilegítimo de la norma. El presidente del Constitucional es un experto jurista, magistrado de esa Sala y fue uno de los fundadores de la asociación progresista «Jueces y Juezas para la democracia». Fue Fiscal General del Estado nombrado por un gobierno socialista.

Los otros magistrados son Campo, ex ministro; Balaguer, catedrática de Constitucional y ex miembro del Consejo Consultivo de Andalucía; Díez, ex alto cargo socialista y catedrática reciente; Montalbán, magistrada del TSJA, exvocal del CGPJ y especialista en violencia contra la mujer; Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional y fue propuesto por IU para el CGPJ y el TC; y Segoviano, magistrada de lo laboral en el Supremo. Con estos currículos y trayectorias políticas son la esperanza de Sánchez para convertir en constitucional una norma que los juristas más prestigiosos de nuestro país en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal consideran que no lo es. Desde luego, nada que ver con el prestigio que tenían los magistrados que formaron, por ejemplo, el primer Tribunal Constitucional. Los siete tendrán que orillar las cuestiones planteadas por los magistrados del Supremo, así como las posiciones de numerosos fiscales, catedráticos y académicos. Con su decisión pasarán a la Historia como defensores del ordenamiento constitucional y la voluntad claramente expresada por los constituyentes o del uso alternativo del Derecho y la sumisión al poder político.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)