Lesmes tira la toalla

La crisis del CGPJ entra en un terreno de mayor incertidumbre, si cabe, con la dimisión de Lesmes. Lo normal sería que los propios vocales eligieran a su sustituto, pero un informe insólito e inconsistente determina que sea el presidente de Sala más antiguo del Supremo. En cualquier caso, debería serlo de forma provisional y seguir el precedente que se vivió tras la renuncia de Dívar. Los veinte vocales que formaban el CGPJ eligieron el 17 de julio de 2012 a su sustituto, que fue el magistrado Gonzalo Moliner, presidente de la Sala Cuarta, y se mantuvo en el cargo hasta el 11 de diciembre de 2013 en que fue sustituido por Lesmes. El artículo 123.2 CE deja muy claro que «el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley». No se puede aceptar que el informe ad hoc elaborado por un letrado imponga que la presidencia del CGPJ sea ocupada por alguien que no sea nombrado por este último órgano constitucional.

A diferencia de lo que sucedió con Dívar, entonces había un vicepresidente en el CGPJ, el magistrado Fernando de Rosa, que asumió, por tanto, la presidencia. En cambio, no existía este cargo en el Supremo, por lo que Juan Antonio Xiol, que era el presidente de Sala más antiguo, hizo lo mismo en esta institución. Lo procedente sería que el Consejo se reúna de urgencia y elija un sustituto. No tiene ningún fundamento jurídico, más allá de ese sorprendente dictamen, que sea Francisco Marín el que ocupe ambas responsabilidades. Es otro despropósito, porque llevamos cuatro años con esta situación anómala cuya responsabilidad es del PSOE y el PP. En este periodo, Lesmes ha aceptado la situación y ahora, sin haberla resuelto, decide tirar la toalla. Lo digo con dolor, porque siento afecto y respeto por él, pero se ha vuelto a equivocar. Los vocales del CGPJ tienen que defender la dignidad de este órgano y no pueden aceptar una solución oportunista e inconstitucional. Lo que se dirime es la separación de poderes y la crisis debería cerrarse con un acuerdo que garantice el nombramiento de juristas independientes que sean los que elijan, sin ninguna intromisión política, al presidente del Supremo y el CGPJ.